El ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, cuestionó las declaraciones de esta semana de Martín Soria, el nuevo ministro designado por Alberto Fernández, que asumirá en reemplazo de Marcela Losardo, una vez que se formalice la renuncia a su banca como diputado nacional por Río Negro. Sostuvo que las críticas de Soria al Poder Judicial “son por cuestiones políticas” y que “buscan incidir en casos de corrupción que afectan al gobierno kirchnerista”.
Entrevistado en el programa “Código F” por Radio Continental, descalificó la existencia del llamado lawfare que esgrime el Gobierno y, en particular el kirchnerismo y sectores afines, para justificar la acumulación de investigaciones por corrupción contra funcionarios y empresarios de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de una teoría según la cual jueces y fiscales se complotan con el oficialismo de turno y medios de comunicación para acusar y enjuiciar a opositores. “Es un invento, un disparate que utilizan para tratar de explicar sus problemas judiciales y afectar la independencia judicial”. Y advirtió, además, que “a ese invento le falta un componente central, que son los jueces o fiscales que son los que en realidad intervinieron en todos estos procesos judiciales y que tomaron todas estas decisiones, que fueron decenas de jueces de primera instancia y de Cámara. Y esto es lo que claramente indica que se trata de un invento. En ninguna de estas causas está mencionado ningún juez ni nada”.
También cuestionó a la jueza María Servini, quien esta semana llamó a indagatoria al abogado y ex asesor presidencial de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los señalados como operadores del macrismo en el Poder Judicial. La jueza lo hizo en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita por actos de hostigamiento a los directivos del Grupo Indalo, a partir de una denuncia de uno de ellos, el empresario Fabián De Souza, quien estuvo detenido durante el macrismo. “La citación es muy llamativa por las constancias de la causa y por el día que se realizó, siendo que era para dentro de dos meses: justo el mismo día que Macri presentó su libro”, deslizó Garavano en diálogo con Mariel Fitz Patrick y Sergio Farella. “Se intenta generar un relato sobre la mesa judicial para no explicar por qué no pagaron esos 8.000 millones de pesos que le sacaron a los argentinos. Eso es lo que no se explica”, agregó el ex funcionario.
En ese expediente, en el que está denunciado el propio Macri, las defensas cuestionaron el entrecruzamiento de los teléfonos del ex presidente y los integrantes de la llamada “mesa judicial” durante su gobierno. Esta semana trascendió un informe en el que se conoció que hubo 59 llamadas entre Rodríguez Simón y el ministro de la Corte designado por Macri, Carlos Rosenkrantz. “Servini está haciendo una excursión de pesca, algo que el derecho penal prohíbe. Los llamados Rodríguez Simón y Rosenkrantz no tienen nada que ver con el expediente judicial”, advirtió el ex ministro de Justicia.
A continuación la entrevista completa:
-¿Cómo ve la designación de Martín Soria al frente del Ministerio y las declaraciones que hizo esta semana?
- Hay que dejar que el ministro Soria actúe, pero en principio, las declaraciones aparecen como un retroceso mayor con respecto a la independencia judicial. Hasta ahora, las declaraciones del ministro fueron muy duras respecto de la Justicia, la Corte Suprema en parte, y no por el funcionamiento - que todos tenemos críticas por el servicio de Justicia -, sino con críticas por cuestiones políticas que buscan incidir, sobre todo, en casos de corrupción que afectan al gobierno kirchnerista. Y eso es una mala señal.
Creo que había un oportunidad del Gobierno de tratar de centrar una reforma judicial en las necesidades de la gente, en acortar los plazos en el servicio de Justicia, de ir haciéndolo más transparente, más eficiente en materia de derecho penal, en protección de víctimas, en temas de derecho de familia, en derecho laboral, en cuestiones civiles y comerciales, y nada de eso parece estar, al menos en las declaraciones públicas, en el radar el nuevo ministro.
- Soria fue muy duro contra lawfare e hizo propio el discurso de Cristina Kirchner en su alegato en la audiencia de la causa del dólar futuro...
-Jose Vivanco, un experto en derechos humanos de la organización internacional Human Rights Watch, dijo que el lawfare es un invento, un disparate que utilizan en su mayor parte dirigentes populistas, tanto de derecha como de izquierda, para tratar de explicar sus problemas judiciales y afectar la independencia judicial. Se trata de una persona ajena al país que realmente lo descalificó. Y lo comento porque lo señaló en relación a los problemas de la detención de (la ex presidenta interina Jeanine) Añez en Bolivia, para sacar el tema de Argentina. Ahora Añez está detenida por las nuevas autoridades bolivianas, y Vivanco criticó cuando ella llegó al poder y cómo se avanzó sobre Evo Morales, y volvió ahora a hacer una crítica por cómo se avanzó en la causa en relación a ella”.
El lawfare es una construcción para explicar lo inexplicable, o lo que no se quiere explicar. Estamos lamentablemente en un juego político que deja afuera al ciudadano común, que tiene otros problemas, problemas de inseguridad, de demora en el sistema judicial respecto de los procesos de familia, los civiles, los laborales, y nada de eso parece importarle a las autoridades, sino sólo mejorar la situación procesal de determinadas personas”.
-Esta semana hubo un llamado a indagatoria de la jueza Servini a un abogado asesor de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón por el funcionamiento de la llamada mesa judicial durante el macrismo...
-Se están mezclando cosas. Lo que el periodismo denominó en su momento como mesa judicial, en realidad, éramos un grupo de funcionarios que nos reuníamos en Casa de Gobierno, que no integraba Rodríguez Simón ni otros a los que se ha querido vincular. Lo he dicho decenas de veces, lo hacíamos a la vista de todos los periodistas en Casa de Gobierno, en el despacho de (Pablo) Clusellas a discutir los pliegos que le elevaba el Consejo de la Magistratura el Ejecutivo. Éramos los funcionarios del Ministerio de Justicia que le llevábamos a Casa de Gobierno al entonces secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas y al asesor del presidente (José) Torello, nuestras propuesta de jueces para ser designados. De ese modo se elevaron más de 500 pliegos al Senado de la Nación. El Senado aprobó 311 de esos 524 pliegos, y quedaron 213, que son los que este Gobierno retiró, algunos reenvió y otros no. Con eso se ha querido construir este invento de que había un direccionamiento de las causas judiciales.
Y por otro lado, la citación a indagatoria a Rodríguez Simón es muy llamativa, y él mismo ha comunicado que es, en principio, arbitraria. Llamativa por las constancias de la causa y por el día que se realizó, justo el día que Macri presentó su libro, siendo que es para dentro de dos meses. Pareciera que se eligió el momento político para hacerla, o hay muchas casualidades, en una causa donde está muy discutida. Y en esa causa -por más que el kirchnerismo ha buscado instalar que se investiga a la mesa judicial-, no se investiga a ninguna mesa judicial. Se investigan negociaciones que habrían tenido funcionarios con Cristóbal López y Fabián De Souza, o abogados de estas dos personas. Y estamos antes dos empresarios que tienen, a su vez, un proceso en etapa de juicio oral, por el no pago de un impuesto que nos cobraban a todos los argentinos, que debía ser depositado en el Estado y se quedaban con ese impuesto por más de 8.000 millones de pesos.
- Usted se refiere a la denuncia de Fabián De Souza en al que él dice que Macri y funcionarios suyos de la llamada mesa judicial buscaron forzarlo a cambiar la línea editorial de sus medios, y o venderlos...
Sí. Pero Rodríguez Simón nunca participó de estas reuniones en Casa de Gobierno, en las que nos reuníamos los martes. Nunca vino, nunca se interesó en la designación de jueces que eran el motivo de nuestras reuniones. A todo este invento del lawfare le falta, además, un componente central, que son los jueces o fiscales que son los que en realidad intervinieron en todos estos procesos judiciales y que tomaron todas estas decisiones, que fueron decenas de jueces de primera instancia y de Cámara y fiscales que intervinieron en todos estos procesos judiciales. Y esto es lo que claramente indica que se trata de un evento. En ninguna de estas causas está mencionado ningún juez ni nada.
-La camarista de Casación Ana María Figueroa se refirió a la visita que recibió de Juan Bautista Mahiques, un funcionario del Ministerio de Justicia de su gestión, para preguntarle cuando iba salir el fallo del Memorandum con Irán. Y ella dijo que lo sintió como una presión del gobierno de entonces...
-La doctora Figueroa señala esto, pero yo hablé muchas veces y no me expresó nada esto. Y el propio Mahiques ha desmentido esta situación y, hasta hoy, no se ha sido profundizado esa denuncia donde se incorporó la declaración testimonial de la doctora Figueroa, que si uno la lee en el expediente judicial, es una declaración bastante ambigua donde no dice lo que el periodismo interpreta, ni habla específicamente de presiones. Si ella era jueza en ese momento y sintió que recibió presiones, aunque Mahiques niega haberla ido a ver -eso es algo que deberán definir entre ellos o con la prueba que se produzca al respecto- debería haberlo denunciado. Ella como funcionaria pública tiene el deber de denunciar si ve la comisión de un delito. Y en este caso, que si ella vio una situación es ilegal y no lo denuncia, la que está cometiendo un delito es ella”.
- En reciente libro, Macri dice haberse arrepentido de designar a Horacio Rosatti en la Corte Suprema por algunos de sus fallos contra la “modernización” que supuestamente pretendía hacer en su gobierno...
-Yo discutí mucho en su momento con Rodríguez Simón en relación al intento de designar por decreto a estos dos jueces de la Corte, y luego finalmente primó en el Gobierno de hacerlo con el mecanismo tradicional de enviar los pliegos al Senado. Pero más que de la designación de Rosatti, Macri se arrepiente de no haberlo nominado a Domingo Sesín, juez del Tribunal Superior de Córdoba, quien hasta había sido nominado por Cristina Kirchner a la Corte en el final de su mandato. Yo impulsé esa propuesta y él (por Macri) señala que, en su momento, por decisión de algunos miembros de Cambiemos se terminó optando por otros jueces y descartando a Sesín. Macri, luego, sí hace alguna crítica sobre la mirada ideológica de algunos de los fallos de Rosatti. Pero la crítica central tiene que ver con que, teniendo la oportunidad de haber designado a Sesin, y porque algunos líderes de Juntos por el Cambio no avalaron esa nominación para la Corte, terminó optando por Rosatti.
-Macri sí elogia la designación de Carlos Rosenkrantz, uno de los jueces apuntados por el kirchnerismo. Servini lo cita a Rodríguez Simón, entre otros motivos, 59 llamadas con Rosenkrantz...
-Eso no es así. En realidad es un estudio donde parecen llamadas entre Rodríguez Simón y Rosenkrantz, como también aparecen llamadas conmigo y un montón de otras personas. Un estudio que, además, está cuestionado porque avanza sobre cuestiones que no tienen nada que ver con la causa, como las llamadas entre Rodríguez Simón con Rosenkrantz no tienen ninguna vinculación formal con el expediente. Rosenkrantz no tuvo ninguna intervención en ninguno de los expedientes que se vinculan con el Grupo Indalo, ni con Cristóbal López ni De Souza. Y en general, la mayoría de las llamadas tienen que ver con el periodo en que se discutió la nominación de Rosenkrantz y el propio Rosatti a la Corte. ese proceso se inició en diciembre y terminan jurando en junio o julio del 2016. Seguramente tendrán que ver con ese difícil proceso de designación de estos jueces y muchas discusiones que hubo sobre su nominación en comisión. Pero nada tienen que ver con eso con el expediente judicial.
Un poco esta maniobra del lawfare es inventar relaciones que tienen que ver con otras cosas, o cuestiones personales y tratar de darles un sentido jurídico que no tienen. En este, caso Rosenkratz no tienen ninguna vinculación con esta causa. Lo que hizo la jueza (Servini) básicamente está mal. Le dio acceso a la parte y, mágicamente, el estudio se difundió a los medios, y se buscó relacionar cosas que no tienen nada que ver con esta causa. Y lo hizo para que los periodistas pregunten sobre estas cosas.
-¿Cree que Sevini está actuando en connivencia con algún sector político por esta causa?
-Yo estoy recogiendo la información periodística y haciendo un análisis jurídico de la situación. Lo que yo cuento, es que por ejemplo las llamadas con Rosenkrantz no tienen nada que ver con el expediente, por un tema temporal y por lo que se denuncia en esta causa. Como puede haber llamadas con cientos de personas que no tienen nada que ver con el expediente, o llamadas conmigo, que tampoco tienen nada que ver. Lo que se hizo fue -y es algo que si les debería preocupar a los periodistas- es vulnerar un montón de llamadas de Rodríguez Simón con periodistas. Y ahí nos metemos en un lugar delicado: hasta dónde la Justicia, sin razón y sin una causa real, puede avanzar en conocer las comunicaciones de las personas. Eso es lo que está cuestionado en la Cámara de Casación Penal y además está cuestionado en el expediente. Porque so pretexto de una denuncia que tiene que ver con un hecho y una fecha puntual, un juez sale a hacer una excursión de pesca, a buscar sobre todo lo que tiene una persona, que es algo que el derecho penal prohíbe. Y más cuando esos avances o excursiones de pesca se refieren a temas personales o familiares, o a personas con temas laborales en común, que quedan expuestos en esta difusión irregular - y no sé si ilegal- de ese informe con la identificación de personas que se ocupaban con él (por Rodríguez Simón) o él las llamaba.
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