Organizaciones de la sociedad civil y referentes opositores impugnaron al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, Gustavo Fuertes, para dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública por considerar que “no reúne los requisitos para el cargo”. Básicamente, cuestionan que carece de una formación y trayectoria específica en la materia y no cumple con las necesarias “garantías de imparcialidad política”. En total, recibió 32 observaciones del mismo tenor que coinciden en su “falta de idoneidad” e “independencia” del Gobierno, aspectos contemplados en la ley de Acceso a la Información Pública.

Fuertes es un abogado de confianza del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se desempeña actualmente como asesor legal “experto en Políticas Públicas” de la Secretaría de Coordinación Administrativa de esa cartera, con trayectoria en el ámbito de función pública, pero sin antecedentes en temas de Acceso a la Información, según surge del currículum publicado en el Boletín Oficial. Sus cargos anteriores como funcionario en la administración pública bonaerense están vinculados, en gran parte, al área de Comercio del Ministerio de la Producción de la Provincia.

Como contrapartida, recibió 35 adhesiones “que comparten el plan que tiene pensado el candidato para la Agencia”, informaron desde Jefatura de Gabinete a Infobae. Entre ellas figuran académicos como el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional de La Plata, Miguel Oscar Berri, y la decana de Facultad de Periodismo y Comunicación Social de esa casa de estudios, Andrea Varela, así como una veintena de profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y de la Universidad de Guadalajara (México). También enviaron su apoyo a su candidatura ex funcionarios que trabajaron con él, abogados y varias asociaciones de consumidores.

Esta mañana se publicó el listado completo de las impugnaciones y adhesiones en el sitio web de la AAIP, para que puedan ser consultadas por la ciudadanía de cara a la audiencia pública del martes próximo. En esa instancia, que se desarrollará de forma virtual, se discutirá el perfil del candidato, quien deberá responder los cuestionamientos presentados ante la Jefatura de Gabinete.

En la Resolución 100/2021 firmada por Cafiero el mes pasado proponiendo su nombre, se destaca que Fuertes “no se encuentra incurso en las incompatibilidades” previstas en la ley de Acceso a la Información Pública (Nº 27.275 ), “ni se ha desempeñado en el transcurso de los cinco años anteriores en cargos electivos ni partidarios”.

No obstante, hay elemento que indican que Fuertes adhirió o adhiere al kircherismo ya que figura como aportante de la fórmula presidencial en el 2015 del Frente para la Victoria integrada por Daniel Scioli y Carlos Zannini, tal como reveló Infobae el mes pasado. Donó $25.000 de ese momento, según consta en el informe final de ingresos y egresos de la campaña electoral para presidente de ese año.

¿Por qué es importante la Agencia?

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es el organismo responsable de asegurar la transparencia en el Poder Ejecutivo y las instituciones que se encuentran bajo su órbita, desde organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, hasta empresas del Estado, concesionarias de servicios públicos y universidades nacionales. Si bien es autónoma, autárquica y debe ser independiente del Poder Ejecutivo de turno, funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Tiene como misión garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información de interés público y, a su vez, intimar a los organismos y funcionarios que no responden los pedidos de acceso a la información, o lo hacen de forma insatisfactoria. También debe controlar que los distintos organismos publiquen información completa y actualizada en sus sitios web. A esto se suma que es el órgano encargado de proteger los datos personales y asegurar que en Argentina se respete el derecho a la privacidad.

“La Agencia tiene un rol insustituible en la protección del derecho humano de acceso a la información y la libertad de expresión, que es a su vez fundamental para una democracia de calidad en la que la ciudadanía pueda saber y participar activamente de los asuntos públicos”, argumentaron las Organizaciones No Gubernamnetales (ONGs) que vienen expresando públicamente su preocupación ante la posible designación de Fuertes.

¿Quiénes y por qué lo cuestionan?

Fuertes, quien además de abogado, es escribano recibido en la Universidad Nacional de La Plata, fue impugnado por un grupo de ONGs, entre las que se encuentran ACIJ, Poder Ciudadano, Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los derechos Civiles (ADC), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y Democracia en Red. Varias de ellas promovieron durante más de una década la ley de Acceso a la Información Pública, sancionada finalmente en 2016 a comienzos de la gestión de Cambiemos.

Estas ONGs le reclamaron a principios de marzo al Jefe de Gabinete de la Nación “una reunión urgente para conversar sobre el proceso de selección de la máxima autoridad de la AAIP”, que nunca fue concedida por Cafiero. “Sin autoridad idónea en la AAIP, peligra el derecho de acceso a la información pública”, advirtió Poder Ciudadano en ese momento.

ACIJ también expresó su preocupación por “la falta de antecedentes relevantes del candidato, necesarios para demostrar su vinculación y compromiso con el derecho de acceso a la información pública” y manifestó su deseo de que el Poder Ejecutivo reemplace esta candidatura por la de otra persona “idónea, independiente y proactiva en la defensa del derecho al acceso a la información”.

Asimismo, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su preocupación por la “falta de adecuación del candidato a los estándares de idoneidad establecidos en la normativa local e impulsados por distintas instancias internacionales”, y entendió que “confirmar su designación podría implicar un fuerte retroceso en los avances que se han realizado en la materia desde la sanción de la ley”.

Para la diputada nacional Karina Banfi, una de las impulsoras de la ley de Acceso a la Información Pública y expertas en el tema en el Congreso, Fuertes “no sólo no cuenta con antecedentes profesionales en la materia, sino que tampoco cuenta con antecedentes académicos, ya sean publicaciones, participación en proyectos de investigación o, siquiera, el dictado de alguna ponencia o conferencia sobre el acceso a la información pública”.

Esa ausencia de antecedentes específicos en la materia se reitera en numerosas impugnaciones. “Teniendo en cuenta la jerarquía destacada del cargo para el que se lo propone y la estabilidad que se le asegura, debería exigírsele una idoneidad y especialidad que evidentemente no posee”, sostuvo el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.

La senadora radical Silvia Elías de Pérez advirtió, por su parte,que “el solo haber ejercido como funcionario público en un área no basta ni califica para ocupar el cargo principal de la Agencia en forma correcta”.

La diputada Banfi destacó, asimismo, que “la importancia de la independencia y autonomía del órgano de control, así como de garantizar la probada idoneidad de su director”, se relaciona estrechamente con la importancia que tiene el acceso a la información pública para el control de los actos de gobierno”. Y en ese sentido, advirtió que “a juicio de un observador razonable resulta evidente que Gustavo Juan Fuertes no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia necesarios para desempeñarse como director de una institución de tamaña importancia como la Agencia de Acceso a la Información Pública”.

En su impugnación, Banfi destacó que “sin un órgano de contralor fuerte e independiente, dotado de buenos recursos económicos y humanos, todas las áreas del Estado corren el riesgo de caer bajo el vicio de la opacidad y la ineficiencia”.

Para su colega de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, “avanzar con la designación del candidato Gustavo Juan Fuertes pondría en riesgo la responsabilidad del Estado Argentino en garantizar el derecho humano al acceso a la información pública”.

Las ONGs también reclamaron que la postulación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros “no fue acompañada de una fundamentación respecto a las razones que motivaron esta candidatura ni sobre las valoraciones por las que consideran que el candidato es una persona idónea para el cargo”. Tampoco “se explican los motivos por los cuales se decidió proponer a este candidato en particular, por sobre cualquier otra persona que pudiera tener una trayectoria enfocada al cargo que debe ser ocupado”.

En sus impugnaciones, las organizaciones destacaron que quien esté al frente de la Agencia debe tener “una autoridad con una trayectoria destacada en estos temas y que presente garantías de imparcialidad. Sin ello, el derecho de acceso a la información pública pierde al único organismo del Poder Ejecutivo cuya función es protegerlo. Y se corre el riesgo de que sean tolerados menores niveles de transparencia y apertura de la información”.

El co-director de ACIJ, Sebastián Pilo, advirtió además que “su candidatura, así como la de cualquier otro candidato masculino, significa una oportunidad perdida de asegurar la alternancia de género en un cargo de carácter unipersonal”.

Incompatibilidades

La norma exige que el candidato propuesto no tenga actividad actividad partidaria, no haya desempeñado cargos electivos o partidarios en los 5 años previos a la designación, no sea deudor impositivo, y cumpla con las condiciones que establece la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Esta norma fija incompatibilidades, como ser proveedor del Estado, o asesorar a una empresa concesionaria o proveedora del Estado o que “realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. También considera incompatible con el cargo “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”. Si lo fuera, debe renunciar al momento de asumir y “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. Fuertes presentó una declaración jurada asegurando que no incurre en ninguna de estas incompatibilidades.

Sin embargo, en su observación presentada el lunes pasado -a la que tuvo acceso Infobae- la diputada Banfi advirtió que “el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública es claro al respecto, al exigir como requisitos para ser designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública la presentación de antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función, una dedicación exclusiva incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, a excepción de la docencia a tiempo parcial, y, por supuesto, la prohibición de cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función”.

Y en ese sentido, advirtió que “el candidato Gustavo Juan Fuertes no solo ejerce la práctica profesional en su propio estudio jurídico ubicado en la Ciudad de La Plata sino que también manifiesta ser escribano y “apoderado externo” de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en materia de apremios fiscales, desempeñando su labor en el Departamento Judicial de Quilmes. Esto solo lo colocaría en una situación de incompatibilidad para el ejercicio de esta función pública, a menos que renuncie al ejercicio de todas estas funciones y labores”.

Por estos motivos, Banfi solicitó que “el Gobierno retire la candidatura de Fuertes y que proponga en su lugar a un candidato que cuente con probada trayectoria profesional y académica en materia de Acceso a la Información Pública y que brinde mayores garantías respecto a su independencia del poder político de turno”. Un pedido con el que coincidieron las ONGs que lo impugnaron.

Qué dicen desde la Jefatura de Gabinete

En la cartera a cargo de Cafiero señalaron a Infobae que “como corresponde, el candidato dará cuenta en la audiencia de esas observaciones y también de su plan de trabajo para la Agencia”. Y sostuvieron: “Estamos seguros que su plan, que reforzará fuertemente la capacidad de la agencia y su relación con la sociedad civil, podrá tranquilizar a aquellos que no lo conocen aún”.

“Nosotros tenemos muy clara la importancia institucional de este espacio y su relevancia. A tal punto que desde que asumimos en 2019, el presupuesto prácticamente se duplicó con el anterior director (por Eduardo Bertoni, propuesto por el gobierno anterior). Esta es la manera más clara de demostrar que nos importa, pero además de mostrar que más que decir, hacemos”, agregaron.

Audiencia pública

El próximo martes 23 de marzo desde las 9 hs tendrá lugar la audiencia pública en la que el candidato expondrá en torno a las impugnaciones presentadas y responderá preguntas de los anotados previamente, tal como está previsto en el proceso de selección del director de la Agencia. El candidato dispondrá de 20 minutos para exponer sobre “la pertinencia de su designación, sus antecedentes curriculares, su propuesta de plan de trabajo y una breve respuesta a las observaciones recibidas”, y luego podrán hacer públicas sus observaciones los oradores que se inscribieron online hasta el 15 de marzo inclusive.

Entre las preguntas que deberá responder Fuertes figura, por ejemplo, cuál debería ser el accionar de la Agencia frente a eventuales resistencias a cumplir con la ley de Acceso a la Información Pública por parte de los sujetos obligados. También, si considera que la información respecto a los nombres de personas y empresas beneficiarias de exenciones y beneficios fiscales debe poder ser accesible para la ciudadanía que la requiera. O cuál es su postura respecto de la publicación de información sobre la distribución y aplicación de vacunas contra el COVID 19, y datos sensibles de los vacunados, así como los límites de la confidencialidad de los contratos de adquisición de las dosis por parte del Gobierno.

Sin embargo, esta instancia de la audiencia pública no es vinculante, y el Ejecutivo puede avanzar en el nombramiento de Fuertes en los siete días posteriores, más allá de los cuestionamientos que tenga el candidato, u optar por retirar su propuesta e iniciar nuevamente el proceso con otro nombre.

Ex funcionario bonaerense

De 59 años y oriundo de la ciudad de La Plata, Fuertes se convirtió en el candidato del Ejecutivo para ocupar el lugar que dejó Eduardo Bertoni el 1ro de enero último, cuando se hizo efectiva su renuncia después de más de tres años al frente de la Agencia. Según informó a fin de año públicamente el propio Bertoni, lo hizo para asumir como representante alterno de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para América del Sur, con sede en Montevideo. El ex funcionario tenía mandato hasta agosto de 2022, ya que el cargo es por cinco años y había sido designado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Anteriormente había sido relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) en la Universidad de Palermo.

Según el currículum de Fuertes, antes de ocupar el cargo de asesor legal en la Jefatura de Gabinete, entre 2018 y 2019, fue asesor jurídico administrativo de la Subsecretaría de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Provincia de Buenos Aires, cargo desde el cual “asistió en la coordinación de la Agenda 2030 para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Provincia de Buenos Aires”, según el CV publicado en el Boletín Oficial.

Sus otros antecedentes en la administración pública bonaerense tampoco están vinculados al Acceso a la Información Pública, sino principalmente al área de Comercio.

Entre enero 2012 y diciembre de 2017, Fuertes se desempeñó como director provincial de Comercio del Ministerio de Producción de la Provincia. Previamente, desde 2004, había sido Director de Política Comercial y luego asesor en la Dirección Provincial de Comercio de esa cartera bonaerense.

Entre 1997 y 2002 fue abogado del Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), un ente autárquico del Ministerio de Producción, con un paso en 1994 como asesor jurídico administrativo en el Ministerio de Salud provincial y, previamente, por el Municipio de Berazategui, como jefe del Departamento Jurídico Social, dependiente de la Secretaria de Bienestar Social.

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