El presidente Alberto Fernández aceptó formalmente la renuncia de Marcela Losardo al Ministerio de Justicia de la Nación, en un decreto de tres artículos que fue publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. “Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, dice el texto oficial.
La funcionaria, amiga personal del presidente Alberto Fernández, socia en su estudio jurídico y colaboradora durante más de 35 años, continuará formando parte de la gestión como embajadora argentina ante la Unesco.
Su reemplazante será el diputado Martín Soria quien mostró durante el último tiempo un fuerte alineamiento político con el kirchnerismo respecto a la necesidad de una reforma judicial. Su designación fue interpretada como la antesala a un período de mayor confrontación con el Poder Judicial.
No obstante, hasta que Soria pueda asumir su cargo, la cartera quedará a cargo del secretario de Justicia, Juan Martín Mena. El diputado rionegrino todavía debe esperar a que la Cámara baja acepte su renuncia y a que su designación sea publicada en el Boletín Oficial.
La salida de Losardo había sido adelantada por el propio Alberto Fernández hace más de 10 días en una entrevista luego de una fuerte embestida del kirchnerismo.
Durante su gestión, Losardo se caracterizó por tender puentes con el Poder Judicial, todo lo contrario a lo que pretenden los seguidores de la Vicepresidenta, por eso se transformó en uno de sus blancos políticos. Bregó por mantener una relación institucional con los jueces y con la Procuración General.
La ministra saliente es además una férrea defensora de la división de los poderes del Estado. De hecho, en una de sus últimas apariciones públicas rechazó la intención de Oscar Parrilli de avanzar en la creación de una comisión bicameral en el Congreso para que investigue e interrogue a los jueces.
“La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, dijo.
En su primera entrevista luego de ser elegido como ministro, Soria mostró otro perfil mucho más beligerante. Apuntó contra la Corte Suprema de Justicia y contra los funcionarios judiciales que “se pasaron de la raya”, dijo que el procurador Eduardo Casal está atornillado en su cargo y sumó un elemento de presión hacia los tribunales que tienen las causas contra Cristina Kirchner: “La vicepresidenta quiere que sea la misma Justicia la que la libere de culpa y cargo”.
Al ser una persona de extrema confianza del Presidente, su salida del Gabinete fue interpretada como una derrota política personal del jefe de Estado -que pierde a su amiga, socia y compañera- a manos de la línea más “dura” del kirchnerismo que reclamaba mayor compromiso en las denuncias contra el Poder Judicial.
El futuro ministro comenzó su acercamiento con el kirchnerismo luego de asumir su banca de diputado. Sin otra experiencia legislativa nacional, después de asumir en diciembre de 2019 comenzó a tejer buenas relaciones con el presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo más duro a partir de su rol en la Comisión de Justicia, en la de Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y de Juicio Político. En un año, se convirtió en uno de los principales referentes del oficialismo en torno a la disputa con el Poder Judicial, no sólo con cuestionamientos políticos, sino con denuncias por la actuación de los magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la primera nota que concedió tras el anuncio de su designación, Soria adelantó que una de sus “aspiraciones” como titular del Ministerio de Justicia será “terminar con el ‘lawfare’” y negó que se busque la impunidad en las causas en las que es investigada Cristina Kirchner, ya que “la vicepresidenta quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”.
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