Escala el conflicto entre el gobierno de Alberto Fernández y la administración de Gildo Insfrán en Formosa por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Después de semanas tensas entre las administraciones del Frente de Todos, dos ministerios enviaron sendos pedidos de informes a la provincia sobre la situación de un grupo de mujeres indígenas que se escondían por miedo a que las obligaran a aislarse y las separaran de sus hijos.
El programa Telenoche Investiga reveló, la semana pasada, testimonios de madres de la comunidad wichi que denunciaban que se habían visto obligadas a esconderse para evitar que las sometieran a aislamientos obligatorios, les realizaran cesáreas en contra de su voluntad, o las separaran de sus hijos. La investigación despertó preocupación en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce la dirigente rionegrina Magdalena Odarda bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Según informaron fuentes oficiales, el organismo canalizó un pedido de informes a la administración de Insfrán sobre lo ocurrido.
“Lo hicimos de manera cordial, a través de la división de Género y Diversidades del INAI. Tenemos la mejor voluntad. Buscamos entender qué pasó para actuar en consecuencia”, explicaron con cautela en el entorno de la exsenadora por Río Negro y excompañera de fórmula de Martín Soria, hoy flamante ministro de Justicia, en las elecciones de 2019.
El otro pedido de explicaciones fue emitido por el Ministerio de la Mujer, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta. En la cartera dedicada al género y la diversidad evitaron brindar mayores declaraciones ante la consulta de Infobae.
La reacción inmediata del gobierno provincial ante el reporte periodístico fue poner en tela de juicio su veracidad. La administración de Insfrán remarcó que no se presentaron denuncias formales sobre el trato a las embarazadas. Y su ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, denunció un “montaje periodístico”. Sin embargo, el gobierno local informó que requirió al Procurador General del Superior Tribunal de Justicia una “investigación de los hechos denunciados, a fin de que exista claridad y verdad”.
Juntos por el Cambio denuncia desde el año pasado la situación en Formosa y tuvo la oportunidad de volver a la carga hace dos semanas con los cruentos incidentes entre manifestantes y la policía durante las protestas en contra de la reinstrauración de la fase 1 de cuarentena. De hecho, dos de los referentes opositores más duros, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich y el diputado nacional, Waldo Wolff, viajaron a la provincia en plena crisis.
Hace días, el caso de las mujeres embarazadas volvió a poner las políticas provinciales bajo la lupa y el lunes, diputados del bloque opositor fustigaron contra Insfrán, pero apuntaron también contra el gobierno nacional al presentar una denuncia contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
La situación en Formosa tiene implicaciones políticas para el Frente de Todos. No solo porque la administración provincial es del mismo color político que la nacional, sino debido a la cercanía entre el Presidente y el gobernador Insfrán, en el cargo desde 1995. Durante una visita oficial, el año pasado, Alberto Fernández, consideró a “Gildo” un cuadro ejemplar en capacidad de gestión. Desde entonces, las críticas contra Formosa suelen ser un tiro por elevación al primer mandatario.
Los episodios de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en las últimas semanas complicaron al Gobierno. Aunque Pietragalla defendió al gobernador de las críticas y dijo que se buscaba “estigmatizar” su figura, en la Casa Rosada le hicieron conocer el descontento desde la órbita nacional por el impacto de las férreas políticas formoseñas en su imagen. Hubo llamados telefónicas desde la Casa Rosada a la gobernación. Y el 8 de marzo, el Presidente y el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dieron una clara señal de malestar al evitar recibir a Insfrán durante una visita programada a la Casa Rosada en ocasión de un acto por Día de la Mujer.
En sintonía con esta postura, el viernes pasado, la Casa Rosada limitó el poder de los gobernadores a la hora de implementar disposiciones para enfrentar el COVID-19. En Gobierno admitían la vinculación entre el nuevo requerimiento, formalizado en el último decreto de prórroga del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), y el caso de Formosa. “El mensaje a Gildo es que deje de reprimir”, resumió una fuente oficial.
En Formosa tomaron nota, pero no hicieron caso. A través de una disposición oficial, Gildo Insfrán anunció que no hará modificaciones en el esquema sanitario provincial. “Teniendo en cuenta los brotes de contagios verificados en la Provincia de Formosa, el contexto crítico de la región geográfica en la que nos encontramos y las competencias propias de la provincia en materia sanitaria, se ratifica la vigencia de todas las medidas y protocolos dispuestos hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña”, informó el Ejecutivo provincial desafiante. Mientras tanto, desde el INAI y el Ministerio de la Mujer esperan respuestas desde Formosa sobre lo ocurrido con las mujeres wichi.
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