Martín Soria: cómo fue su paso como empleado en Comodoro Py y los detalles de la demanda que preparan los jueces para su llegada

Martín Soria, el flamante ministro de Justicia de la Nación, está atravesado por la política y la Justicia. Cuando era un joven estudiante de abogacía, la política lo llevó a trabajar a los tribunales de Comodoro Py, a los que muchos años después llamaría “Comodoro Pro”. Y ahora, a sus 45 años, su carrera política lo pone otra vez en la Justicia, aunque en un rol distinto.

En 1999 Comodoro Py tenía un juzgado estrella: el juzgado federal 9, a cargo de Juan José Galeano. Allí tramitaba desde 1994 la causa por el atentado terrorista a la AMIA. Era el expediente más importante para la política, la Justicia, los servicios de inteligencia y la mirada internacional. Galeano era el rockstar de Comodoro Py.

Ese año llegó al juzgado un nuevo empleado. Martín Soria. Rionegrino, desembarca en Buenos Aires para estudiar derecho y no era un secreto que su padre, el entonces diputado nacional Carlos Soria, había sido quien gestó su designación. Soria era el presidente de la comisión bicameral del Congreso de seguimiento de las investigaciones de los atentados contra la sede de la AMIA y de la embajada de Israel. En esa comisión también estaba la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner.

Soria y Galeano tenían una relación conocida en el mundo de la política y la Justicia. Luego Soria, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, pasaría a ser jefe de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que tuvo mucho que ver con la investigación del atentado a la AMIA: de allí salieron los 400 mil dólares que se le pagaron a Carlos Telleldín –no durante la gestión de Soria– para que acuse falsamente a oficiales de la Policía Bonaerense en el atentado. Y la SIDE, con Antonio “Jaime” Stiuso a la cabeza, trabajó en la investigación.

En ese contexto histórico y de relaciones personales, Soria comenzó a trabajar en Comodoro Py. Se inició como “pinche”, como en la jerga de tribunales se le dice al cargo más bajo, en la mesa de entradas de la secretaría 18 del juzgado. Luego fue pasando a otros cargos pero nunca a los de mayor escalafón. De bajo perfil, buen compañero, temperamental y de cumplir el rito de todo joven de tribunales de salidas nocturnas, así lo describieron ante Infobae tres personas que trabajaron con él en esa época. “La retórica la adquirió después”, dice risueño uno de ellos por las críticas que ahora Soria le hace a la Justicia.

En la secretaría 18 no tramitaba la causa del atentado a la AMIA pero el expediente era de tal volumen que sobre él trabajada todo el juzgado. Así, a Soria le tocó llevar el legajo vinculado a los cruces de las intervenciones telefónicas en la triple frontera, una de las líneas de investigación del caso.

En febrero de 2005, Galeano fue suspendido en el cargo por las irregularidades en la investigación del atentado. Luego sería destituido y condenado. Soria siguió un tiempo más en Comodoro Py hasta que en 2007, ya recibido de abogado, se volvió a Río Negro a trabajar en la Justicia de la provincia. Al poco tiempo se volcó de llenó a la política. Su padre fue electo gobernador, él intendente de General Roca y luego diputado nacional. El 1 de enero de 2012 la familia fue noticia. Susana Freydoz, esposa de Carlos Soria, lo mató de un tiro. Algunos de sus ex compañeros de tribunales llamaron a Martín Soria para acompañarlo en ese momento.

Un nuevo perfil de ministro

“A Py lo conoce, su runrún, cómo se maneja. Pero no conoce a los jueces ni a los fiscales”, dice uno de los hombres con despacho en esos pasillos. A Soria le quedaron de su época de judicial la relación con sus compañeros del juzgado 9. A tal punto, recuerda uno de ellos, que hace dos años fue a tribunales a saludar.

Una docena de jueces y fiscales, de Comodoro Py y de otros fueros, coincidieron ante Infobae en señalar que no conocen a Soria. No solo personalmente, sino sus referencias, más allá de las públicas. No es un nombre que suene en la Justicia. Eso lo convierte en un ministro de un perfil distinto.

Marcela Losardo, a quien Soria reemplaza, era muy conocida en el mundo judicial. Abogada, había trabajo en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando su amigo Alberto Fernández era jefe de Gabinete, Losardo tenía muchas relaciones en el Poder Judicial. Lo mismo quien fue cuatro años ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano: de carrera judicial, ex juez y fiscal general de la ciudad de Buenos Aires.

Esos perfiles generaron ilusiones en el mundo judicial. Pero se evaporaron rápido. Fue tensa la relación de Losardo y Garavano con los jueces. “No eran los interlocutores, no daban respuestas”, repetían en tribunales. “Los ministros de Justicia no tienen atribuciones, el poder pasa por otro lado. Siempre fue así”, dice un juez de Comodoro Py. Se aplica a los que pasaron y a Soria.

Por ese nuevo perfil se abre otra etapa. “Un ministro para la nueva etapa que se viene”, dijo Alberto Fernández. Pero en tribunales creen que no será mejor que con sus antecesores. Al contrario. El discurso público del flamante ministro es de crítica dura a los tribunales, de la teoría del lawfare que impulsa Cristina Kirchner y de denuncias penales y por mal desempeño contra magistrados.

Una demanda para estrenar el cargo

Alberto Fernández contó ayer en una entrevista con Canal 9 que le ofreció a Soria ser ministro de Justicia durante un almuerzo. A la noche se conoció oficialmente su designación. Por la tarde, se reunió el Consejo Directivo de la Asociación y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN).

En ese encuentro se revisó y se aprobó presentar la demanda contra la ANSES por la intimación a más de 200 jueces, fiscales y defensores oficiales con la jubilación otorgada a que renuncien a sus cargos o retiren el trámite jubilatorio. La demanda está previsto que se presente a fin de esta semana o a principio de la próxima. La asociación busca tener una certeza sobre el alcance de la medida de la ANSES y que se retire la intimación a renunciar.

La acción judicial no es contra Soria. Pero será el primer conflicto que el ministro se encuentre cuando asuma el cargo. Esa intimación de la ANSES, que alcanza a todos los jueces y fiscales que estén jubilados y siguen en funciones y no solo a los que el kirchnerismo critica, generó un fuerte malestar en todo el Poder Judicial y la sensación de que el Gobierno busca hacerse de nuevos cargos. Es un tema que estará sobre la mesa en los encuentros que desde la Asociación entienden que tendrán con Soria.

Los jueces tienen más temas para hablar. Pero hay dos que encabezan la lista. Uno es permanente. El reclamo para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial. La media histórica es del 20 al 30 por ciento de vacantes sobre los cerca de mil cargos de jueces nacionales y federales que hay en el país. El segundo es coyuntural. La asociación quiere tener una voz sobre los proyectos de reforma que impulsa el oficialismo en el Congreso. Puntualmente en los cambios en la Justicia federal y el Ministerio Público Fiscal que objetan en varios de sus puntos.

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