Con el cambio de ministro, el Presidente borra el juego de equilibrios internos y extrema la ofensiva sobre el Poder Judicial

Pasaron diez días desde que trascendió que Marcela Losardo había tomado la decisión irreversible de dejar el cargo. Y una semana desde que el Presidente lo hizo público. Todo ese tiempo transcurrió para llegar a un final que sólo podía ser torcido por una designación que profundizara o al menos sostuviera el imaginario de los equilibrios internos. No fue así: la designación de Martín Soria confirma la línea de dureza extrema en el frente judicial y reafirma el triunfo y la ratificación de la línea central en el Ministerio de Justicia, es decir, el alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner en las áreas decisivas. Final entonces para los supuestos empates o contrapesos.

El final de Losardo y la llegada de Soria proyectan una dimensión que por ahora asoma parcialmente. Fue un dato potente el paso de los días, tensos en el interior del oficialismo y de fuerte expectativa en todo el mundo político y económico. Alberto Fernández alimentó así un capítulo que iba a trascender el caso concreto de Justicia. Volvió a ser expuesto el peso de CFK -en este caso, con el agregado de las causas que la atormentan- en la toma de decisiones y, en espejo, el foco repuso la discusión sobre la centralidad en el poder. La incertidumbre de estos días en el círculo más cercano a Olivos fue un síntoma de la preocupación sobre el mensaje interno -y por extensión público- que representa el alejamiento de la ministra.

Visto en perspectiva, el desenlace comenzó a ser escrito a principios de mes. El discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa ratificaba el sentido de escalada en la ofensiva judicial. Y el alegato de CFK ante los jueces de Casación profundizaba y a la vez extremaba posiciones. Losardo tomó la decisión de salir después a limitar el sentido de la idea de una bicameral de control de los jueces. Ese no era ya un gesto de doble mensaje del Gobierno, es decir, de dureza atemperada luego por la entonces ministra. Su condición de amiga de décadas y socia profesional sugería convivencia doméstica con un perfil moderado. Del mismo modo, pero en sentido inverso, opera su salida. Y la llegada de Soria.

Por supuesto, en estas horas será expuesto desde Olivos algo que el propio Presidente ya dijo sobre el anunciado sucesor de Losardo. Se discutirá que Soria no es precisamente un kircrhnerista duro y menos, un hombre de la ex presidente. No tiene demasiada importancia. El diputado rionegrino, que deberá dejar la banca para asumir el cargo ejecutivo, ha tejido buenos vínculos en el circuito más cercano a CFK. Y, desde antes y más en los últimos meses, expresa ser una pieza acorde y operativa: ha embestido contra jueces por las causas sobre corrupción que involucran a la ex presidente y ex funcionarios, cargó especialmente contra Mauricio Macri y sus ex ministros, y -desde siempre- apunta a los medios.

Eso anticipa que su próxima llegada al Ministerio de Justicia estará en absoluta sintonía con la línea que, antes, generaba en buena medida el agobio atribuido a Losardo. Ninguna pieza clave entraría en juego. Por ejemplo, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, o el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Nada indica que pase algo diferente en otras áreas, como la estratégica Inspección General de Justicia o la intervención del Servicio Penitenciario.

El Presidente y muchos de sus funcionarios, pero no todos en el circuito oficialista, creen que el tema de la Justicia es de escaso interés social y, por consiguiente, no representaría un alto riesgo de costos en imagen. Es una evaluación cuanto menos parcial y hasta de menosprecio sobre los intereses heterogéneos de la sociedad. Se ha dicho: la corrupción figura en muchas encuestas como un tema de significativa preocupación. Se trata del manejo del poder. Pero además, la escalada contra el Poder Judicial como reforzada marca oficialista desdibuja el componente adjudicado al Presidente y sectariza apoyos.

Pero al margen de eso, existe un problema evidente y práctico en el plano estrictamente político. El proyecto de reforma del fuero federal -apuntado especialmente a Comodoro PY y con reparto de cargos en el interior del país- y el texto para cambiar las reglas de juego en la elección del jefe de los fiscales están trabados en Diputados por falta de apoyo. El mismo cuadro enfrentaría la idea de un bicameral para controlar a los jueces -como elemento de presión- o la anunciada iniciativa de un tribunal intermedio que le reste atribuciones a la Corte Suprema.

Es un problema grave para el kirchnerismo. Ocurre que el sistema de negociaciones con un par de interbloques -cuando hay oposición frontal de Juntos por el Cambio- está dando algunas señales inquietantes para el Frente de Todos. Peronistas cordobeses, legisladores cercanos a Roberto Lavagna y otros de origen socialista han hecho reclamos sin respuesta al oficialismo. Plantean una discusión sobre los cambios al impuesto a las Ganancias y demandan el tratamiento de la prórroga al régimen de biocombustibles. Es un mensaje nada despreciable.

Con este panorama, la cuestión decisiva es qué planes concretos ensayará el Gobierno más allá del discurso cada vez más duro, más irritado en el caso de CFK. La coronación de Soria es una definición en sí misma que ya anotan la Corte, los jueces federales y los fiscales, en primera línea. ¿Intentará forzar un avance en el Congreso, con el presupuesto de kirchneristas duros que suponen falta de voluntad política en la Cámara baja? ¿Jugará directamente el Ejecutivo? ¿Arriesgará el camino de impulso a juicios políticos, sin número a la vista pero con la intención de forzar renuncias? El riesgo institucional no aparece en el cálculo.

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