La designación de Martín Soria como ministro de Justicia fue asumida en la Corte Suprema y en Comodoro Py como “una declaración de guerra” de Alberto Fernández contra el Poder Judicial.
Soria es considerado en la Justicia Federal y en el alto tribunal como un outsider del sistema institucional que desembarca para disciplinar a los magistrados y fiscales que investigan los casos de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, sus familiares directos, amigos personales y socios comerciales.
El nombramiento de Soria en reemplazo de Marcela Losardo fue leído en los Tribunales y ciertos despachos de la Casa Rosada como una decisión presidencial que termina de dinamitar todos los puentes institucionales que aún quedaban entre Balcarce 50 y el Poder Judicial.
Losardo nunca creyó en una relación agonal con los jueces y fiscales de Comodoro Py y siempre privilegió las buenas formas por encima de las operaciones de poder en los tribunales. Por eso era menospreciada por CFK y sufría los cuestionamientos permanentes de Juan Martín Mena, viceministro de Justicia y un alfil clave del Instituto Patria en el Gobierno.
Dos hechos políticos explican -en definitiva- la renuncia de Losardo. Y el concepto de “agobio” que utilizó el Presidente para encuadrar su caída del Gabinete Nacional: Losardo no estuvo de acuerdo con los argumentos explicitados por el jefe de Estado en la Asamblea Legislativa para justificar una eventual Reforma Judicial, y menos todavía el tono ideológico exhibido por CFK durante su alegato frente al tribunal de Casación que investiga su responsabilidad penal en el caso Dólar-Futuro.
Alberto Fernández siempre tuvo “in pectore” a Soria como sucesor de Losardo, pero en el juego de consejos palaciegos e internas de poder aceptó analizar otros candidatos: Ramiro Gutiérrez, Marisa Herrera, Julio Vitobello, Eduardo “Wado” de Pedro, Vilma Ibarra y Alberto Iribarne.
El jueves pasado en la quinta de Olivos, durante un cónclave de tres horas, Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner definieron que Soria se haga cargo de la cartera de Justicia. El Presidente y la vicepresidente consideran que es necesario otra forma de relación con la Corte y Comodoro Py, y el actual diputado nacional sería un jugador ideal para ejecutar esa faena política.
Soria entiende cómo funciona el poder real en la arena pública y detrás del cortinado. No tuvo problemas en avanzar contra jueces clave en la Cámara de Casación, y sabe qué se puede pedir en los sótanos de la democracia. Su padre, Carlos Soria, fue jefe de los espías civiles durante la gestión de Eduardo Duhalde.
A su vez, el presidente y la vicepresidente decidieron que nada más cambiará en la cartera de Justicia. No hacía falta: el viceministro Mena, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, nunca comulgaron el credo de Losardo y siempre se alinearon con CFK.
Llega un tiempo de ejecución práctica de la Teoría del Lawfare, la presión en la Procuración Nacional para avanzar sobre determinados fiscales -por ejemplo Eduardo Casal, Raúl Plee y Carlos Stornelli- y la sucesión infinita de juicios políticos en el Consejo de la Magistratura para disciplinar a magistrados de la Casación, camaristas federales y jueces de Comodoro Py que aún investigan a la Vicepresidente CFK.
La avanzada política estará liderada por Soria, apoyada por Alberto Fernández y Cristina, e instrumentada por los representantes del gobierno en la Procuración, el Senado y el Consejo de la Magistratura. Se avecina una guerra de guerrillas que no tiene antecedentes en la relación histórica del Poder Ejecutivo con la Corte y Comodoro Py.
Al otro lado de la trinchera, jueces y fiscales federales se preparan para resistir a Soria y su agenda de disciplina política y reforma judicial. Entienden que deben mantener la lógica institucional y evitar las refriegas políticas, pero no tienen pensado enterrar las causas y juicios convocados para tratar los casos de corrupción que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y otros implicados.
En este contexto, es inevitable un enfrentamiento protagonizado por el futuro ministro de Justicia y los tribunales. Soria cree -como el Presidente y la Vice- que las causas de corrupción contra CFK implican una evidencia contundente de la aplicación del Lawfare en Comodoro Py y la Corte Suprema.
Y no hay ninguna duda en Balcarce 50 y en los tribunales que Soria fue nombrado para terminar con los expedientes que irritan a Cristina. El futuro ministro asumirá con muchísimo poder político y se ve así mismo como un cruzado destinado a hacer justicia. Ya se escucha el ruido de tambores.
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