Expulsarán de la Argentina a un narco peruano que ya había sido deportado en 2017 pero luego reingresó al país

El Gobierno expulsará del país mañana a las 18.10 a un ciudadano peruano, Jhon Paul Revilla Estrada, que había sido condenado a 6 años de prisión por narcotráfico. Estrada había sido extraditado durante la gestión de Mauricio Macri, en 2017, antes de cumplir la mitad de su condena, pero luego reingresó al país. A Revilla Estrada, sobrino de uno de los mayores traficantes atrapados en Argentina, Marco Estrada González, que tenía como base de operaciones la Villa 1-11-14 de Flores, se lo había detenido en un control de rutina el 16 de agosto de 2020.

Según informó Migraciones en un comunicado, el decreto 70/2017 del gobierno anterior, que hace unos días derogó Alberto Fernández, “permitía expulsar presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de la condena y quedar libre en su país de origen. Por este mecanismo, la gestión anterior de Migraciones hizo efectivo el traslado de Revilla Estrada a Perú, con pasaje pago por el Gobierno de Macri, donde quedó libre. Si no hubiese sido expulsado y liberado, aún estaría preso, cumpliendo su condena en Argentina”.

Todavía se desconoce como Revilla Estrada reingresó al país. En la Dirección Nacional de Migraciones se sospecha que, en su caso, cuando fue expulsado anteriormente fue en el marco de una liberación masiva de presos extranjeros de las cárceles argentinas. Había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 3 el 8 de agosto de 2015 por ser “coautor del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas organizadas a tal fin”. Según el cómputo de ese Tribunal la pena caducaba el 15 de noviembre de 2018, cuando se cumplía la mitad de la misma y ya estaban dadas las condiciones de pedir su excarcelación.

El 24 de julio de 2017, Revilla Estrada, de 44 años, alias “Burro”, fue trasladado desde el Complejo Penitenciario N°19 de Ezeiza hasta el aeropuerto Ministro Pistarini y se lo deportó bajo custodia policial. Según fuentes judiciales había llegado desde Lima, Perú, con el objetivo de tomar el control de la banda que lideraba su tío en la 1-11-14, luego de que el capo narco cayera en prisión. Si bien nunca se pudo asociar a Revilla Estrada con el negocio en el territorio, fueron mensajes de texto en su teléfono celular los que lo incriminaron y probaron que tomaba decisiones importantes en la organización.

Cuando procesó al sobrino de “Marcos” y a los otros acusados, el juez Sergio Torres sostuvo que a la organización narcocriminal se le secuestró 75 kilos de droga (entre marihuana, cocaína y paco), 52 armas de fuego, ocho chalecos antibalas, dos silenciadores, una mira telescópica, dos granadas de mano y una importante cantidad de dinero.

Revilla Estrada recibió el extrañamiento (que en derecho significa la expulsión del territorio) por uno de los delitos considerados como “graves”, un aspecto que llama la atención en el Ministerio del Interior. Habitualmente los condenados por narcotráfico cumplen la totalidad de su pena. En muy pocas ocasiones los jueces liberan detenidos por esos delitos cuando se cumple la mitad de la condena. Tanto Revilla Estrada como su tío, que fue condenado a 10 años de prisión, fueron contactados para acogerse a ese beneficio.

Según Migraciones, durante la gestión anterior fueron expulsados alrededor de 1500 extranjeros que tenían sentencia firme y se encontraban cumpliendo su condena. Este proceso implica la deportación al país de origen, donde quedan libres. El requisito que fija la ley migratoria para acceder a este mecanismo es que tengan cumplida al menos la mitad de la pena.

En enero de 2017, Macri dictó el decreto 70 para modificar la Ley de Migraciones que recientemente el Gobierno de Alberto Fernández acaba de derogar. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, el macrismo creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

Al mismo tiempo, la administración nacional anterior creó la Dirección de Extranjeros Judicializados, donde 30 abogados se ocuparon de analizar la situación de todos los presos de otras nacionalidades que cumplían condenas en el territorio argentino. Fue así que hasta que terminó el mandato de Macri hubo 3.000 deportados, 2400 de ellos después de que se dictara el decreto. El 54% de los que fueron expulsados del país en ese último período cumplían penas por tráfico de estupefacientes.

El jueves 4 de marzo pasado, el presidente Alberto Fernández decidió derogar ese decreto. Una vez conocida la anulación del decreto varios referentes de Juntos por el Cambio repudiaron la medida adoptada. Tanto Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, como Rogelio Frigerio, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y diputados del radicalismo y del PRO expresaron su indignación a través de las redes sociales. Un día después desde la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), se divulgó un comunicado en el que afirmaron que “las herramientas para la expulsión de extranjeros que delinquen, como así también las condiciones de ingreso y permanencia en el país de extranjeros, son exactamente idénticas al DNU dictado por el ex presidente Mauricio Macri y la Ley Nacional de Migraciones”.

Para la directora de Migraciones, María Florencia Carignano, el decreto 70 “fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia. La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo”.

En este caso a Revilla Estrada lo atraparon en un control rutinario de la Policía Federal en avenida Castañares y Bonorino y quedó imputado y detenido por los delitos de “desobediencia a la orden migratoria de expulsión con prohibición de ingreso y por incumplimiento del decreto del PEN 297/2020 destinado a evitar la propagación del Covid-19″. El Juzgado de Faltas N°20 de Faltas de la CABA lo condenó a 7 meses de prisión efectiva. Esta tarde a las 18.10 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino Lima se producirá su deportación.

A su tío Marco Antonio Estrada González, de 58 años, se lo sindicó como uno de los mayores jefes narcos de nacionalidad peruana en Argentina. Se lo había condenado a 10 años de prisión, pero por una unificación de causas se le incrementó la pena a 24 años en 2017. También se había pedido su expulsión en ese año pero un juez se la negó.

Ahora el Gobierno discute realizar una nueva ley de Migraciones. Florencia Carignano, directora nacional del Migraciones, considera que “este es un punto para debatir en la comisión que vamos a crear: si tiene sentido liberar bajo el formato de expulsión por extrañamiento a los delincuentes condenados por delitos graves que pertenecen a organizaciones criminales complejas con una gran capacidad logística, como son las de los narcotraficantes, lo que implica liberarlos en su país de origen, con la posibilidad cierta de que reingresen a la Argentina”.

SEGUÍ LEYENDO: