La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, realizó este jueves una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
“Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad”, denunció. Y pidió especialmente que cese la persecución a las ONGs.
El representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Federico Villegas, expuso la posición del gobierno de Alberto Fernández frente al régimen de Nicolás Maduro: condenó las violaciones a los derechos humanos, pero tomó distancia de las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional.
En un breve discurso, el diplomático aseguró: “Reiteramos nuestra preocupación por los derechos humanos, así como por la crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19”.
Villegas exhortó en nombre de la Argentina al gobierno venezolano a realizar “investigaciones exhaustivas sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos llevando a los perpetradores ante la Justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas”.
Finalmente, instó a “poner fin a los ataques a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas”.
Con estos dichos, el país ratificó la línea discursiva y geopolítica asumida a mediados del año pasado luego de evidenciar una posición zigzagueante que provocó una fuerte crisis interna en el Frente de Todos, donde conviven sectores que condenan los atropellos de la dictadura de Maduro con dirigentes del ala dura kirchnerista que reivindican sus relaciones con el chavismo.
Estos enfrentamientos ideológicos impulsaron a Alicia Castro a renunciar como embajadora en Rusia.
El presidente Alberto Fernández hace equilibrio entre estos extremos y si bien rechaza las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen populista, propone la creación de una mesa de transición democrática que incluye al propio Maduro, y rechaza que la comunidad internacional presione con sanciones económicas porque -considera- terminan afectando la calidad de vida de la ciudadanía.
El informe de la ONU
Una misión de la ONU, que denunció el año pasado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, adelantó este miércoles que en el país caribeño se siguen reportando “detenciones arbitrarias”, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.
Marta Valiñas, presidenta de la la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en la nación sudamericana.
La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, quien espera presentar nuevas “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.
Este grupo, constituido en 2019, determinó el pasado mes de septiembre que las autoridades y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo una protesta en Venezuela (Archivo)
La entidad ha continuado con su trabajo desde entonces e indicó que identificó “más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”.
Sobre las ejecuciones extrajudiciales, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se llevó a cabo en el barrio caraqueño de La Vega (que hoy mencionó Bachelet), “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agentes de las FAES y donde se perpetraron varios de los asesinatos reportados.
El informe también puso el foco sobre la situación de las detenciones arbitrarias: “Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas”, indica un párrafo de la declaración.
Sin embargo, apuntó, la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”. En esa línea, alertó por “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.
“Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”, subrayó.
Valiñas dijo que su equipo también investigará “denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”.