Sorpresa y “abroquelamiento” de los sectores moderados del Frente de Todos tras el endurecimiento de la postura de Alberto Fernández

En el comienzo del año electoral, entre los sectores moderados del Frente de Todos reina el pragmatismo. El entorno del Presidente sintió el golpe de la ola de críticas que le valió a la Casa Rosada el endurecimiento de la postura de Alberto Fernández y la alineación con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero en el cálculo político, a pesar de los cortocircuitos internos, terminó aceptándose como una “necesidad”. El tono de confrontación era evaluado como una manera de “fortalecimiento”, tanto hacia el interior de la coalición, como hacia afuera. Y sus consecuencias negativas eran vistas con bajos costos en términos de votos.

Después del escándalo del vacunatorio VIP, el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa era la apuesta del Gobierno para cerrar un capítulo duro y retomar el control de la agenda. En medio de la crisis política, toda la expectativa del oficialismo estaba centrada en las palabras del Presidente en el Congreso.

Cuando el Jefe del Estado se sentó a escribir el contenido de su alocución tras regresar de su visita a México, elaboró un primer borrador de tono moderado. Pero los ejes fueron modificándose con el pasar de las horas, con ayuda del antropólogo Alejandro Grimson, titular del programa de Jefatura de Gabinete Argentina Futura y uno de los intelectuales del colectivo albertista Agenda Argentina. Para el domingo quedó terminada una segunda versión, más dura. Fue la que el Presidente eligió para abrir las sesiones ordinarias.

El lunes hubo sorpresa en su entorno por el rumbo que había marcado con sus palabras. La polarización con la oposición, las duras críticas contra el Poder Judicial y los cuestionamientos a la prensa mostraron a Alberto Fernández alejado de la postura moderada que había prometido durante la campaña de 2019 y en la primera Asamblea Legislativa. Y lo exhibieron alineado con los intereses de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras la primera impresión, la decisión fue “abroquelarse” detrás de su figura y aceptar la controvertida posición como una “necesidad”. “Si no nos ponemos más duros, nos comen los de afuera”, ilustró un funcionario, en referencia a la Justicia y a la oposición.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, del círculo cercano a Alberto Fernández, salió a defender esas medidas y a aclarar que la creación de una comisión bicameral para el “control cruzado” de los jueces no implicaría sanciones, como había deslizado el senador Oscar Parrilli, soldado de Cristina Kirchner. Hacia el final de la semana, crecían los rumores de salida de Losardo en medio de la presión de los sectores afines a la vicepresidenta. La cartera que tuvo el mayor protagonismo esta semana tras la batería de medidas que anunció el jefe del Estado, es central para la agenda judicial de Cristina Kirchner, complicada en distintas causas por corrupción. Alberto Fernández le pidió a Losardo que se mantenga en su cargo, a pesar de que el kirchnerismo la quiere afuera, y de la incomodidad de la ministra. Por ahora, la titular de la cartera no renunció.

El jueves, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, otra de las funcionarias afines al Presidente, que suele mantener un perfil bajo y está alejada de Cristina Kirchner, concedió una entrevista televisiva donde defendió las modificaciones en la Justicia que planteó Alberto Fernández. Después de marcar las irregularidades que ocurren al interior del Poder Judicial, dijo: “Lastiman a la democracia, la credibilidad social, a la justicia, a jueces y juezas que sí son probos, y quedan sospechados”. “Cuando se habla de reformar la Justicia, de transparentar la Justicia, estamos hablando de una deuda”, agregó, en diálogo con el canal A24.

Desde el año pasado circulan, en Casa Rosada, los cuestionamientos internos al Presidente por su “excesiva tolerancia” ante los gaffes de algunos funcionarios, en detrimento de la gestión. Los casos más cuestionados de indulgencia se manifestaron con la permanencia de la titular del INADI, Victoria Donda, tras el escándalo con su empleada doméstica, y la indulgencia con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante el escándalo por la presunta compra de alimentos con sobreprecios, por la cual fue sobreseído la semana pasada. Más allá de la gravedad del vacunatorio VIP, cerca del Jefe de Estado vieron como una señal de fortaleza el desplazamiento de Ginés González García, titular de Salud y amigo del Presidente.

El discurso del lunes fue considerado en el mismo sentido. “Era hora de que [el Presidente] se pusiera los pantalones largos”, resumía, en el calor de una semana política intensa, una fuente cercana al primer mandatario.

En este contexto, en Gobierno admitían que el discurso del lunes fue una señal de sintonía con la vicepresidenta. Pero a pesar de las disidencias con La Cámpora, y de los cortocircuitos con Losardo, se evaluaba como “inevitable” para mantener la cohesión interna. “Es importante alinearse con el sector que aporta el 30 por ciento de los votos. Y al 10, 15 por ciento que trajo Massa, es decir, la clase media, los sectores desencantados o desideologizados, no le importa lo que se diga o haga con la Justicia o los medios”, dijo una fuente de Presidencia. Un alto funcionario coincidió: “Por más que el discurso se haya endurecido, al porcentaje de la población que termina decidiendo quién gana la elección solo le importa que se termine la pandemia para poder salir de sus casas y vivir tranquilos, y tener plata en el bolsillo”. En el cálculo electoral, el costo de la confrontación no se ve tan alto.

En ese sentido, más allá de los discursos políticos y las polémicas iniciativas con respecto a la Justicia, la hoja de ruta del Gobierno continúa centrada en tres ejes: traer vacunas para inocular masivamente a la población, controlar los precios, y crear un ambiente de optimismo en términos de poder adquisitivo.

De hecho, la principal crítica al Presidente en su entorno giraba en torno a la falta de hincapié en el discurso en ese tipo de cuestiones, que tienen impacto en las vidas diarias de los ciudadanos, y en las cuales se enfocan los equipos técnicos del Gobierno en cada mesa de trabajo. “No hubo un solo textual del Presidente que marcara un rumbo claro en ese sentido. Tendría que haber hablado, directamente, de poner plata en los bolsillos. Eso hubiera llegado”, analizaba un funcionario de Presidencia.

Las encuestas que circulaban por los despachos más importantes de la Casa Rosada mostraban un escenario optimista para el Gobierno. Los funcionarios están convencidos de que el impacto del vacunatorio VIP no fue trascendente en la mirada de la población. Y piensan que tampoco hará mella la postura dura contra la Justicia. A final de cuentas, concluyen, lo único que le importará a la hora de votar al porcentaje “no ideologizado” -esa porción de la población que termina torciendo la elección para un lado u el otro- será poder vacunarse y tener perspectivas económicas positivas. “No somos albertismo, a lo sumo, somos todismo”, resumió, al final de las reflexiones, un funcionario cercano al Presidente.

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