En el Consejo de la Magistratura ahora toman examen de “lawfare” para reemplazar a Bonadio y Canicoba Corral

Insólitamente, la teoría del “lawfare” pasó a formar parte de los exámenes que se toman en el Consejo de la Magistratura. Y no es para cualquier examen: tendrán que estudiar sobre esa problemática los aspirantes a ocupar los juzgados que dejaron vacantes en Comodoro Py el fallecido Claudio Bonadio y el jubilado Rodolfo Canicoba Corral, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Así surge del temario que fijó el jurado que tomará el próximo 16 de marzo en el concurso 450, destinado a cubrir dos cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal números 6 y 11 de la Capital. Según precisaron fuentes a este medio, hay 249 anotados para dar el examen en Tecnópolis, el mismo lugar en donde hace sólo diez días dieron su prueba los jueces y abogados que quieren quedarse con los sillones que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Federal.

En este caso, el jurado está integrado por Roberto Atilio Falcone –juez de tribunal oral federal de Mar del Plata-, Omar Florencio Minatta –integrante de la Cámara Penal de Chubut, convocado a opinar en el Senado sobre la reforma judicial-, Adriana Molina –académica- y Alejandra Marcela Lázzaro –secretaria de la Cámara Electoral y la postulante que pedía el radicalismo para que se convirtiera en jueza de ese tribunal porque había quedado primera en el concurso, pero finalmente el presidente Alberto Fernández eligió al tucumano Rubén Bejas-.

Según indicaron fuentes del Consejo, fueron ellos lo que definieron los puntos a preparar de cara al examen. “Los jurados generan el temario y corrigen el examen. No hay intervención institucional alguna en el proceso”, dijeron a Infobae desde las autoridades del Consejo.

Una semana antes del examen, los postulantes de cualquier concurso reciben el temario. Y los aspirantes a ganar tienen que resolver un caso puntual (como si fuera una causa penal, ficticia o real) de acuerdo al temario. Ese caso puntual surge de uno de los cuatro sobres cerrados que se ponen en juego para ese concurso dado y que es sorteado al momento del examen escrito o “prueba de oposición”, como le dicen en el Consejo.

Por eso llamó la atención entre los aspirantes encontrarse con el punto seis del temario, en el capítulo “Derecho Procesal Penal”. Ahí dice textualmente: “Diferencias estructurales entre el sistema inquisitivo y el acusatorio y adversarial: en cuanto al modo o forma de alcanzar la verdad y en cuanto al modelo de juez. La justicia federal argentina: problemas estructurales y principales propuestas de cambio. El llamado lawfare: noción y funcionamiento”.

La palabra “lawfare” prendió las alarmas de varios postulantes. “¿Cómo resolver un caso desde una postura directamente política?”, se preguntó ante Infobae uno de los funcionarios cuando recibió en la mañana del sábado el temario por Whatsapp, un documento que regó los chats de los integrantes de Comodoro Py.

Hasta ahora nunca se vio la resolución de un caso en la justicia argentina aplicado al concepto de lawfare. Tampoco, admitieron fuentes del Consejo de la Magistratura, recuerdan que se hubiera incluido como material para un examen.

Nadie sabe si llegado el día clave se les preguntará a los candidatos sobre el lawfare y obviamente no es el único punto que figura en el temario de cuatro carillas. También aparece otro punto sobre “la criminología en los tiempos del totalismo financiero”. “No se cómo eso se puede aplicar en un caso”, comentó al pasar a Infobae una fuente del Consejo que vio el temario.

Pero el dato del lawfare no pasó desaparcibido teniendo en que cuenta el despliegue que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves pasado ante la Cámara Federal de Casación, en el marco del planteo de su defensa en la causa dólar futuro. “Lawfare al palo, como ella dijo”, remarcó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero después de oirla.

Es que justamente CFK acusa a Comodoro Py de “lawfare”, pero no solo en la causa dólar futuro. Y los pretendientes a reemplazar a Bonadio y Canicoba Corral deberán estudiar sobre esa teoría. El juzgado federal 11 está vacante desde febrero de 2020 cuando falleció Claudio Bonadio. Desde allí salieron los procesamientos de CFK no solo por dólar futuro sino por el caso Memorádum, la megacausa de los cuadernos y el expediente Los Sauces, en donde también están procesados los hijos de la hoy vicepresidenta.

El juzgado federal 6 quedó sin juez cuando a fines de julio se jubiló Rodolfo Canicoba Corral, al cumplir 75 años. “En la justicia siguen los grupos o fuerzas de tareas del gobierno de (Mauricio) Macri”, aseguró hace solo tres semanas el juez retirado. Antes de irse, Canicoba Corral firmó los procesamientos de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel -decisión luego anulada por la Cámara Federal y que llevó a CFK a decir en un tuit “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”-.

El concepto “lawfare” fue usado académicamente por primera vez en 1975, pero sembró sus frutos en Latinoamérica en los últimos años tras la detención de Ignacio Lula Da Silva en el marco del proceso de Lavajato. La primera vez que CFK aludió a ese concepto fue en diciembre de 2017, en su primera alocución en el Senado.

Para esa altura, el entonces juez Claudio Bonadio –cuyo sucesor se busca en ese concurso- había dictado su procesamiento y detención en la causa por el Pacto firmado por Irán, causa en donde se la acusaba de traición a la patria. En ese momento, la ex senadora explicó que lawfare, “un término acuñado en los Estados Unidos y desarrollado en la Universidad de Harvard”, era “la utilización del poder judicial para perseguir, estigmatizar y desprestigiar a dirigentes”.

Volvió a referirse a ese concepto cuando declaró en indagatoria ante el juez Sebastián Casanello en el caso de la ruta de dinero k, y más tarde fue escuchado en su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga por las obras entregadas durante su gestión y la de Néstor Kirchner al empresario Lázaro Báez. Fue cuando CFK se quejó de que no la dejaban trasmitir en vivo su declaración: “Esto es una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este Tribunal –dijo-. Se trata de perseguir a dirigentes políticos”.

Esta semana, ante Casación y transmitiendo en vivo, también consideró lawfare que no la hubieran dejado estar presente en Comodoro Py para hacer lo que se convirtió en un alegato sin juicio. Sostuvo que esa persecución penal a dirigentes populares contaban con la complicidad de los medios y del Poder Judicial, porque en los diarios, radio y revistas se construyen verdades que no se corresponden con las pruebas de un expediente. Así, aseguró, el lawfare también sirvió para manipular los procesos electorales.

“Gravísimo. Del país del nunca más al país del ‘nomeacuerdo’. En el temario del Concurso 450 para la Justicia Federal, preguntan “Explique el lawfare”. La vergüenza no tiene fin”, sostuvo en su cuenta de Twitter el constitucionalista Roberto Gargarella, uno de los más duros combatientes del mundo jurídico a la lógica de lawfare por entender que “no se trata de una conspiración de nivel internacional entre justicia, medios y política contra los ‘gobiernos populares’, sino que lo que hay es una Justicia que, en un contexto de poder político concentrado, tiende a trabajar con el poder de turno”.

Tras ver ese tweet, la diputada Graciela Camaño, integrante del Consejo de la Magistratura y presidenta de la comisión de Selección del cuerpo, le contestó por la misma red social: “Dr. Ud debería saber que ‘el temario’ no es el ‘concurso de oposición’, en el q los concursantes deben resolver un caso. Q el temario lo aporta como guía el Jurado elegido x sorteo. Lo invito a leer el Reglamento a efectos de ilustrarse”

Pero el jurista insistió: “Hola Graciela, me preocupa como me horrorizaría que el temario hable de sinarquía o de protocolos de sion. Sería indicio de que algo esta muy mal”.

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