La ofensiva coordinada entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para controlar jueces y fiscales y limitar el poder institucional de la Corte Suprema quedó empantanada en el Parlamento por la ausencia de iniciativas enviadas desde el Poder Ejecutivo, la falta de acuerdo en los propios bloques oficialista y la resistencia de las bancadas de la oposición.
“El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad”, opinó Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa realizada el primero de marzo.
“Este es el sistema que está podrido y perverso”, alegó CFK sobre el sistema judicial durante su descargo de ayer en la causa Dólar Futuro.
La sintonía política perfecta entre el Presidente y la Vicepresidente no tuvo correlación efectiva en la Casa Rosada y el Parlamento. Alberto Fernández y CFK avanzaron contra jueces y fiscales, pero su voluntad política quedó inerte por la ausencia de una hoja de ruta que transformen sus pretensiones de poder en leyes vigentes.
En 62 páginas de discurso frente a la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado propuso cinco iniciativas vinculadas al Poder Judicial:
1. La reforma a la Ley 48 de Recurso Extraordinario.
2. La creación de una comisión bicameral para ejercer el “control cruzado” del Parlamento sobre el Poder Judicial
3. El establecimiento de juicio por jurados con una amplia competencia que incluye delitos federales
4. La reforma del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil Comercial como vía legal para que el rechazo de recursos por la Corte Suprema esté debidamente fundamentado
5. La creación de un tribunal de garantías con respaldo de los gobernadores que sería un instancia inmediatamente inferior a la Corte Suprema
Hasta anoche, los anuncios de Alberto Fernández no tenían un correlato efectivo. Ni en el Poder Ejecutivo, ni en ambas cámaras del Congreso. Es decir: el Presidente explicitó su intención de controlar y reformar a la justicia, pero aún no tiene un sólo proyecto para enviar al Parlamento.
Y en la misma condición está la bancada oficialista de Diputados, que no sabe cómo redactar las facultades de la comisión bicameral de “control cruzado” sobre el Poder Judicial, sin aparecer como una versión mejorada de Joseph McCarthy y sus cruzados de la Guerra Fría.
A la ausencia de los proyectos oficiales que sostengan los discursos y las voluntades políticas de Alberto Fernández y CFK, se tiene que sumar ciertas desinteligencias que existen entre la Casa Rosada y el Instituto Patria.
El presidente desea que Daniel Rafecas -ahora juez federal- asuma como Procurador General de la Nación. El pliego de Rafecas llegó al Senado hace 359 días, que tiene mayoría oficialista, y Cristina no hizo nada para acelerar su tratamiento. La vicepresidente puso foco en la reforma judicial y en la modificación de la ley de la Procuración, pero se mantuvo impasible ante la propuesta que remitió Alberto Fernández el 11 de marzo de 2020.
Entonces, no hay proyectos oficiales que apuntalen las pretensiones políticas exhibidas por el jefe de Estado y CFK en los últimos días. Y tampoco hay sintonía fina entre la bancada kirchnerista del Senado y las propuestas institucionales de la Casa Rosada. Por eso, Rafecas aún es juez federal en Comodoro Py.
A los cortocircuitos en la Cámara Alta se debe añadir la ausencia de un acuerdo político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para tratar la Reforma Judicial y la modificación a la ley de la Procuración en Diputados. Sin este acuerdo, pese a los discursos políticos y los descargos judiciales, no hay manera que esos proyectos lleguen al recinto de la Cámara Baja.
Alberto Fernández y CFK protagonizan un juego de suma cero. El Presidente y Cristina Fernández volaron todos los puentes institucionales con el Poder Judicial, y es poco probable que sus iniciativas de reforma sean tratadas en las próximas semanas.
No hay agenda en el Senado, y la hoja de ruta en Diputados no tiene un solo proyecto que contemple las intenciones políticas del jefe de Estado o las necesidades procesales de la vicepresidente.
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