El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó las recientes medidas anunciadas por el oficialismo para avanzar sobre la Justicia y señaló que generan “un peligroso clima de confrontación con el Poder Judicial que atenta contra la división de poderes propia de un sistema republicano de gobierno”.
A través de una comunicado, el ente que nuclea a los abogados porteños coincidió con la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura que planteó el presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “La adecuación legal de ese órgano constitucional, por la que hemos bregado tanto en el plano judicial como en el del aporte de proyectos de reforma al debate público, permita hacer honor a la razón de ser que motivó su creación”, explicaron.
Sin embargo, argumentaron que los cambios a implementar deben apuntar al “restablecimiento del equilibrio entre los estamentos que lo integran (legisladores o sus representantes, jueces y abogados)” para así poder “garantizar la primacía del carácter técnico de su gestión y la transparencia de procedimientos, de modo de despolitizar su composición e impronta actual que le impide cumplir su relevante cometido institucional”.
Por otro lado, el Colegio de Abogados manifestó su preocupación ante los otros proyectos anunciados ante la Asamblea Legislativa que “horadan la independencia de los jueces y fiscales, y de un modo particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su condición de intérprete final de la Constitución como en la de guardián de los derechos y garantías de la población”.
En esa línea, señalaron que tanto legisladores como funcionarios del oficialismo propusieron “una inadmisible iniciativa”: la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso para investigar a jueces y fiscales.
“Esto subvierte el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso legal al pretender atribuir a dicha Comisión la potestad de investigar y señalar responsables, pareciendo ignorar que en nuestro ordenamiento constitucional se encuentra previsto el procedimiento del juicio político para enjuiciar a los Miembros de la Corte Suprema, mientras que en el caso de los jueces inferiores es el Consejo de la Magistratura el único órgano que tiene la atribución de ejercer su enjuiciamiento y que, en el caso de los fiscales, ya está regulado el procedimiento respectivo en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”, dijeron.
Si bien reconocieron que la Ministra de Justicia, Marcela Losardo, salió luego a aclarar que la función de enjuiciar a los magistrados solo le compete al Consejo de la Magistratura, “no resulta claro qué cometidos ni alcances tendría entonces la eventual creación de una comisión especial en el Congreso, ya que para analizar y propugnar eventuales reformas en la justicia los legisladores tienen el resorte constitucional de preparar y proponer proyectos de leyes a tales fines”.
El Colegio de Abogados consideró que las iniciativas planteadas por el Gobierno, “así como la repetición de críticas desmedidas e injustas dirigidas a la Corte Suprema y a jueces y fiscales de distintos tribunales, propugnadas por altos funcionarios y legisladores afines al oficialismo”, generan “un peligroso clima de confrontación con el Poder Judicial que atenta contra la división de poderes propia de un sistema republicano de gobierno”.
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