Apelaron el archivo de la causa contra el gobernador de Tierra del Fuego por presunto abuso sexual

Pese al movimiento sincrónico del poder político y la Justicia en Tierra del Fuego en las últimas semanas, la situación judicial del gobernador de esa provincia, Gustavo Melella, aún no está resuelta. El abogado de los tres obreros de la construcción que denunciaron haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del actual mandatario fueguino cuando era intendente de Río Grande apeló el archivo de la causa dispuesto por el juez Raúl Sahade hace dos semanas.

Francisco “Paco” Giménez hizo una presentación contra la decisión del magistrado de rechazar los dos requerimientos fiscales -uno por la investigación de presunto abuso y el otro por irregularidades en la obra pública de Río Grande -, y de suspender la pericia psiquiátrica al gobernador, que el propio Sahade había ordenado en noviembre pasado.

La decisión sobre la continuidad de la investigación contra Melella quedará ahora en manos de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, que resolvería antes de que culmine marzo.

Los tres trabajadores de la construcción, hombres adultos de origen humilde que se instalaron en Tierra del Fuego provenientes de Formosa y Tucumán en busca de trabajo, acusaron en 2018 al entonces intendente de Río Grande de haberles pedido favores sexuales a cambio de trabajo en obras municipales. La denuncia fue revelada por Infobae en octubre de ese año.

Quien era en ese momento fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Guillermo Quadrini, impulsó la investigación contra Melella y lo imputó de abuso sexual simple. Quadrini juró en diciembre pasado como Juez de Cámara ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, y su puesto está siendo subrogado por la fiscal Verónica Marchisio. Llamativamente, Marchisio no apeló la resolución del juez. Infobae intentó comunicarse con ella reiteradas veces, pero no respondió las consultas.

El actual gobernador de Tierra del Fuego -electo en 2019 por Concertación FORJA y hoy alineado con Alberto Fernández- siempre negó las acusaciones y las atribuyó a “una campaña política” en su disputa por la gobernación con su antecesora Rosana Bertone, hoy diputada nacional, también del oficialismo. Melella también argumentó que las denuncias de abuso se debieron a su homosexualidad, que nunca ocultó.

La causa tuvo muy pocos avances durante 2018 y 2019. Sahade se concentró en recabar información sobre las presuntas víctimas, sin llamar nunca a indagatoria al gobernador. Tampoco le secuestró el teléfono inmediatamente después de la denuncia, pese a los audios publicados por este medio que comprometían a Melella, en donde se lo escuchaba interesado en contactar a hombres que buscaban trabajo para supuestamente tener encuentros con ellos.

El abogado de Melella, Franciso Ibarra, le dijo a Infobae que “esos audios no han sido localizados en los teléfonos (de los denunciantes), según la pericia telefónica que consta en la causa”. Esto fue desmentido por el abogado de las presuntas víctimas. “En el dictamen pericial 543/18 se constatan los intercambios entre Melella y las víctimas”, aseguró Giménez.

El testimonio de los denunciantes

El año pasado, el expediente quedó paralizado por la pandemia hasta que, en octubre, Sahade fue denunciado por la propia Cámara de Apelaciones tras la aparición de pericias telefónicas que lo vinculan con el presunto “arreglo” de causas y la “venta” de fallos. Esto le valió una causa penal -que está en trámite- y la apertura de un expediente disciplinario en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.

Casi inmediatamente después del inicio de esa investigación en su contra, el titular del Juzgado Nro. 2 de Río Grande decidió pedir una pericia psiquiátrica al gobernador, una medida usual cuando hay una denuncia por presunto abuso sexual que, hasta ese momento, Sahade no había ordenado. También dispuso convocar a los denunciantes a ratificar su declaración original.

El 11 de febrero pasado declaró Alfredo Suasnabar, quien ratificó ayer bajo juramento lo que había declarado originalmente ante la Justicia. Contó detalles de cómo fue el abuso que dijo haber sufrido en el domicilio particular de Melella, cuando el hoy gobernador lo citó con la promesa de pagarle un trabajo adeudado en un gimnasio de la Municipalidad de Río Grande.

Pese a lo explícito de su testimonio, Sahade resolvió una semana después rechazar los dos requerimientos fiscales, al alegar que no se configuró el delito de abuso sexual.

“¿Por qué si en el caso de abuso sexual en donde las víctimas son mujeres el testimonio de éstas requiere particular relevancia y en nuestro caso el juez, en contra de todos sus propios antecedentes, la doctrina y jurisprudencia, les exige en esta etapa procesal una plena prueba de la ocurrencia de los hechos que denuncian?”, reclamo Giménez en el escrito de apelación al que accedió Infobae.

En esa resolución, el magistrado dejó sin efecto además la ratificación de la declaración del tercer denunciante, Mario Lovera.

“El testimonio de Lovera da cuenta que el hecho no era aislado, sino que constituía un mecanismo o sistema por el cual la satisfacción de los deseos sexuales del intendente se combinaba con el sistema de contrataciones del municipio. Así, refiere que poco tiempo después ‘me preguntó si conocía gente del norte para traer a trabajar a esta ciudad’, en las condiciones ya expuestas. Y en este contexto menciona a otra de las víctimas, ‘el canoso’, argumentó el letrado de los denunciantes.

“Estereotipo machista”

Al archivar la causa, Sahade consideró que no había mérito para presumir la existencia de un delito que mereciera investigarse, sin ni siquiera escuchar la versión o el descargo de Melella.

Así, el juez no profundizó en las transferencias bancarias de Melella a los trabajadores, en las comunicaciones telefónicas con ellos, ni tuvo en cuenta la relación de poder existente entre los obreros y el entonces intendente, como factor para el sometimiento sexual.

“El Tribunal (por Sahade), como se observará, encuentra una manifestación del consentimiento a la ausencia de reacción física; más no se cuestiona si ello no se debe a una relación asimétrica que, en las condiciones de vulnerabilidad que se encontraban las víctimas, debe entenderse en las modalidades de relaciones de poder a las que se refiere el tipo penal”, advirtió Giménez en la apelación.

Sahade tampoco tuvo en cuenta las pericias psiquiátricas realizadas a los trabajadores que -en el caso de Suasnabar específicamente- hacen referencia al daño psicológico derivado de los hechos que vivió.

En su escrito, Giménez reclama que uno de los argumentos de Sahade para desestimar investigar lo relatado es que los denunciantes “no se resistieron” y “no hubo violencia”. “El hecho de que, en el caso, de los abusos sexuales sean víctimas hombres, no modifica el tipo penal, ni muta las interpretaciones judiciales en la materia, ni tampoco requiere un estándar probatorio diferente al que se aplica cuando las víctimas son mujeres mayores de edad”, reclamó el letrado al apelar la decisión del juez de primera instancia.

“El fallo que se impugna parte del estereotipo ‘machista’ mediante el cual se concluye que el hombre no puede ser víctima de abuso sexual ya que siempre debe resistirse físicamente al ataque o demostrar que estaba imposibilitado de hacerlo. Tal vez la particularidad del caso, en donde hombres denuncian por abuso sexual a otro hombre, le haga pensar al juez que se requiere otro estándar probatorio u otros requisitos típicos -resistencia heroica- que la figura descripta por el artículo 119 del CP no exige, ni tampoco distingue el género de las víctimas”, se quejó el letrado.

“Por el contrario, los informes técnicos oficiales muestran que, el rasgo de “invisibilidad” de este tipo de delitos, es especialmente sensible en los casos en que las víctimas son varones. Como lo advierte el Equipo de Psicología Interinstitucional, ‘este tipo de delitos es en general denunciado por mujeres, aunque recientes investigaciones dan cuenta de altas prevalencias del delito en víctimas varones, que no se llegan a denunciar por cuestiones culturales referidas a la “masculinidad’”, afirmó Giménez en la apelación.

Un día antes de que testimoniara Suasnabar, el otro obrero que lo denunció a Melella - Damián Rivas-, también había ratificado su declaración original, en la que había contado las situación de acoso sexual por parte de Melella, cuando había ido a verlo para pedirle trabajo y el pago adeudado por haber trabajado en una obra de la Municipalidad.

Para el representante de las presuntas víctimas, “desde el inicio de las actuaciones existió una vinculación inescindible entre el abuso sexual y la contratación pública irregular. Al punto que se esgrimió que ha sido justamente lo indebido del procedimiento contractual el ámbito creado por las autoridades municipales para que el Sr. Intendente de la ciudad de Río Grande, de manera abusiva, y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, cometiera los presuntos delitos de abusos coactivos”.

Según Sahade, en cambio, no hubo abuso sexual ya que no se vio “vulnerada la libertad de autodeterminación sexual de una persona mayor de edad”, y lo que habría existido fueron relaciones sexuales entre dos de los denunciantes y Melella, de forma “consentida”.

El magistrado de Río Grande también consideró que las presuntas “maniobras de defraudación a la administración pública” de la denuncia original que dieron pie a la causa de abuso sexual, no estarían corroboradas ya que los denunciantes no iniciaron las acciones legales correspondientes para cobrar los trabajos adeudados por parte de la Municipalidad de Río Grande. Para el juez, tampoco fueron probadas las maniobras de presunto direccionamiento de trabajos de obra pública de la intendencia de Río Grande hacia las firmas Patagonia Construcciones y Mario Luis Vaquera.

Coincidencias temporales

El titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Río Grande desvinculó a Melella de la causa más delicada que enfrentó en su carrera política el 18 de febrero pasado. Un día antes de que el Consejo de la Magistratura provincial tratara una denuncia en su contra por supuestamente “haber cobrado” para dictar una sentencia en otra causa.

Esa decisión del organismo se postergó unos días, y el martes 23 de febrero, el abogado que actuó como fiscal -José Rodas- y que debía acusarlo en ese organismo, desistió de hacerlo y dictaminó a favor de sobreseer a Sahade en el jury por la presunta venta de fallos y arreglo de causas. La formalización de la acusación hubiera implicado la suspensión del juez.

Rodas trabaja en el estudio jurídico de Ernesto “Nene” Löffler, integrante de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande y candidato para ocupar una de las dos vacantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ampliado de 3 a 5 miembros el año pasado durante la pandemia. La elección de Loffler en el Consejo de la Magistratura no estuvo exenta de sospechas de irregularidades, en el marco de un acuerdo entre los distintos sectores políticos de la provincia.

Sin embargo, tras haber sido elegido por el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, para poder ocupar ese lugar debe ser cumplir con un último paso: la designación por parte de Melella, quien venía demorando la decisión.

El “Nene“ Löffler pertenece a una familia tradicional de Río Grande que lidera un sector del Movimiento Popular Fueguino (Mopof) y tiene fuerte injerencia en todos los poderes, especialmente en la Justicia, donde se debate la suerte del jefe comunal. Para llegar a gobernador, Melella tejió una alianza con el Mopof.

En la provincia, quienes no están alineados con el oficialismo deslizan que el gobernador supeditaba ese nombramiento de Löffler, a la espera de una decisión del Consejo de la Magistratura que lo exculpe a Sahade, a su vez, vinculada a una decisión del magistrado que lo libere a él de una causa sensible como la de presunto abuso sexual.

Coincidentemente, el mismo 23 de febrero que Rodas -el abogado del estudio de Löffler- desistió de acusar a Sahade, el Ejecutivo fueguino publicó en el Boletín Oficial la convocatoria al proceso de consulta de la ciudadanía como paso previo a resolver la designación de Löffler como miembro de la Corte provincial. La resolución estaba fechada 19 de febrero, el día posterior a que Sahade dispusiera el archivo de la causa contra Melella.

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