Cristina Kirchner se volverá a enfrentar a Comodoro Py esta semana. Esta vez no será desde un estrado del edificio de Retiro sino desde la virtualidad de un Zoom pero el objetivo será el mismo: sostener que la acusación en su contra por la causa de dólar futuro es parte de “lawfare” que se armó en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri y que sigue vigente. En su embestida no estará sola. La acompañarán el gobernador Axel Kicillof; el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y el ex director del ANSeS Alejandro Vanoli, que -junto a otros ex funcionarios- también son acusados en el proceso y pidieron hacer uso de la palabra.
Es que el próximo jueves la Cámara Federal de Casación Penal llevará adelante una audiencia clave para definir el futuro de la causa. Y lo que podría ser un trámite más de apelaciones promete convertirse en una suerte de ensayo de juicio, en donde Cristina Kirchner, Axel y el resto pidieron estar presentes para participar “activamente” en la audiencia y decir lo que piensan de esta investigación.
Es por eso que la audiencia que inicialmente estaba prevista para el 1 de marzo se cambió, a pedido del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, para el jueves, para que no se superpusiera con el día de apertura de sesiones ordinarias, tal como reveló Infobae hace unas semanas. La cita es el 4 de marzo, a las 10:30, vía Zoom.
Lo que está en juego en la audiencia no es un detalle menor. Casación debe resolver si avanza con el inicio del juicio oral. Los acusados sostienen que se les debe dictar ya mismo un sobreseimiento. Y se basan en una pericia que afirmó que la operatoria de venta de dólar a largo plazo durante la última parte del juicio oral era un mecanismo legal que no produjo perjuicio al Estado, de acuerdo a los balances del 2015 y 2016. En esa lógica, dicen los defensores, mal pueden acusarlos de defraudación al Estado.
Sin embargo, el fiscal de juicio Diego Velasco pidió avanzar hacia el juicio oral y determinar allí si corresponde o no dictar absoluciones. Es que afirma que esa pericia contable no es la única prueba en el expediente y reclama poner ya fecha de juicio oral para escuchar en debate a los peritos que llegaron a esta conclusión y así poder interrogarlos.
La última vez que CFK habló ante la Justicia fue una semana antes de convertirse en vicepresidenta. Fue al declarar como acusada en el juicio oral por la “obra pública” concedida en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez -condenado esta semana a 12 años de prisión en otra causa-.
Allí, Cristina Kirchner sostuvo que es víctima de una persecución judicial y cargó contra los jueces: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, advirtió.
La audiencia ante la Sala I de Casación, que llevarán adelante los jueces Daniel Petrone, Diego Barreoetaveña y Ana María Figueroa, promete convertirse también en una suerte de púlpito de descargos y acusaciones. No por nada su defensor solicitó que se autorizara la difusión de su declaración ante los medios periodísticos.
El tribunal que esta vez la escuchará está integrado por los mismo jueces que resolvieron -en una decisión dividida, con los votos de Petrone y Barroetevaña y la disidencia de Figueroa- que eran válidas las declaraciones de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos. De haberlas invalidados, ese expediente en donde CFK está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó coimas entre empresarios hubiera quedado herido de muerte.
El caso
La operatoria “dolar futuro” es un contrato en pesos donde dos partes fijan el valor del dólar, en una fecha futura determinada. Cuando llega esa fecha, el vendedor o el comprador puede obtener una ganancia o una pérdida, según la cotización oficial de la divisa sea mayor o menor al precio del contrato. En octubre de 2015, justo cuando las elecciones determinaron un ballotage para definir la presidencia, representantes de Cambiemos denunciaron al entonces presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su directorio por “defraudación por infidelidad en perjuicio de la administración pública”. Por aquel entonces el dólar oficial estaba a 9,55 pesos y se le sumaba el 20 por ciento en concepto de “dólar ahorro”. Los legisladores sostuvieron que el Central estaba vendiendo dólares a futuro a precios por debajo de la cotización ($10,65 a cobrar en marzo) cuando esos mismos contratos en el mercado de Nueva York ya cotizaban entre 14 y 15 pesos.
En marzo de 2016, con Mauricio Macri ya presidente, el entonces juez Claudio Bonadio llamó a indagatoria a Cristina Kirchner, Axel Kicillof en su calidad de ministro de Economía, y a todo el directorio del BCRA, al sostener que las pérdidas generadas al BCRA por esta maniobra se producían “por las posiciones abiertas por la entidad entre septiembre y noviembre de 2015” y que alcanzaban “aproximadamente US$ 17 mil millones”.
“Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del B.C.R.A. y por supuesto, a los directores de la C.N.V., todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento”, señaló Bonadio cuando la procesó.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos. Allí se sostuvo que “el objeto de la pesquisa no fue cuestionar la legitimidad de la venta de contratos de dólar a futuro, sino que se orientó a determinar si tales operatorias fueron llevadas a cabo en violación a lo dispuesto en su Carta Orgánica, en beneficio de terceros y perjudicando el patrimonio de la entidad”
En mayo de 2017, Bonadio dio por cerrada la causa y se mandó a juicio a Cristina Kirchner, Kicillof y los directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera. También apuntó contra los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar a la maniobra.
Apenas el caso pasó a juicio, la abogada de Pesce, Andrea Casaux, insistió ante el Tribunal Oral Federal 1 en la realización de una pericia contable. Se ordenó a mitad de 2019 y los resultados estuvieron un año después. Ahí los peritos oficiales aseguraron que si bien en septiembre y octubre de 2015 se incrementó el volumen de operaciones abiertas en un 83% -de 10.000 millones a 15.000 millones primero y de 15.000 millones a 20.000 millones después-, la decisión fue “resorte exclusivo del directorio del BCRA” y no se verificó vulneración a la normativa que rige las operaciones a término en los años 2015 y 2016. Y se añadió que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.
Con esto, los ex funcionarios del BCRA pidieron llamar antes de convocar a un juicio oral a los peritos para escucharlos y dictar en consecuencia el sobreseimiento de los imputados. El juez Adrian Grümberg estuvo de acuerdo, pero sus colegas José Michilini y Ricardo Basílico aseguraron que no podían no avanzar hacia el juicio mientras hubiera una fiscal que impulsara la acción y máxime cuando no todos los procesados habían pedido esa medida. Grumberg se excusó de seguir interviniendo y lo reemplazó la jueza Gabriela López Iñiguez.
Frente a esa decisión, fueron Cristina Kirchner y Axel Kicillof los que motorizaron la apelación ante Casación, sumándose a los pedidos de sobreseimiento. Eso es lo que se discutirá el próximo jueves.
CFK y Axel Kicillof siempre sostuvieron que la verdadera defraudación al Estado se produjo cuando Macri llegó al poder y devaluó el peso, llevando el dólar a 16. Así lo aseguraron en una denuncia que presentaron contra los directivos del Banco Central de Macri, en lo que se llamó la contra-denuncia por la venta del dólar futuro en donde se incluyó entre los acusados a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri, y a las firmas Caputo –propiedad de Nicolás Caputo, amigo del presidente Mauricio Macri–, y Chery Socma SA –cuyo titular era Franco Macri–, por una posible vinculación con esa operatoria.
En diciembre pasado, Kicillof se quejó de la Justicia en la única causa que tiene abierta tras su paso por la gestión de CFK. En ese momento, aseguró que aún tiene sus bienes inhibidos. “Nos jodió a mí y a mi familia. Ningún jurista que conozco justifica esa causa y nunca me pude defender”, se quejó.
“Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa”, dijo el gobernador.
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