Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet y su hijo menor, Jerónimo, de 20 años, se vacunaron contra el COVID-19 como integrantes de la planta de empleados del Sanatorio Antártida, según admitió el líder del Sindicato de Camioneros, pero ninguno de los tres estaba incluido como miembro de ese establecimiento de salud en la planilla que recibió originariamente el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires antes de destinarle las dosis de la Sputnik V.
Así lo confirmaron a Infobae en el gobierno porteño: “Como empleados no figuraban”, advirtieron. De acuerdo con el número de dependientes del sanatorio del barrio de Caballito, al Antártida le fueron asignadas 700 primeras dosis de la vacuna rusa. Sin embargo, esa ausencia de Moyano y de su familia en la planilla entregada es, para el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, una irregularidad que debe ser aclarada cuanto antes.
Por eso el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, le envió esta semana una nota al responsable legal y técnico del sanatorio del Sindicato de Camioneros para que le devuelva la nómina de empleados que se han vacunado allí, la cantidad de vacunas que se han aplicado y las dosis que aún les quedan. También le pidió que confirme si efectivamente vacunaron al líder sindical, su esposa y su hijo menor y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, que explique el motivo por el cual se les aplicó la Sputnik V.
Lo mismo hará próximamente Quirós con el resto de los hospitales, clínicas y sanatorios del sector público, privado y de la seguridad social con los cuales las autoridades porteñas firmaron 41 convenios para distribuir las vacunas contra el COVID-19 proporcionadas por el gobierno nacional como parte del Plan Estratégico de Vacunación.
Hasta este viernes, el ministro de Salud porteño no había recibido ninguna respuesta a su nota dirigida al Sanatorio Antártida. Cuando le llegue el descargo y si las explicaciones no están ajustadas a las normas legales, el Gobierno de la Ciudad podría dar de baja el convenio firmado para darle las vacunas.
Además, la Justicia ya está investigando las denuncias sobre irregularidades en la aplicación de vacunas a funcionarios, políticos, sindicalistas, militantes, familiares y amigos y podría intervenir si se comprueba que Moyano incumplió el protocolo de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación.
Luego de que el diario La Nación publicó la noticia de la vacunación del sindicalista y su familia, Moyano admitió que se había vacunado con su esposa y su hijo menor “con una provisión del Gobierno de la Ciudad para el Sanatorio Antártida” y explicó: “Estoy vacunado porque soy el presidente de dos obras sociales y por la edad que tengo. No formé parte para nada de ninguna nómina de vacunados VIP. Se está vacunando todo el personal que está al frente del Antártida”.
“Mi esposa y mi pibe trabajan en el sanatorio. Se corren muchos riesgos al frente del sanatorio. La provisión la hizo el Gobierno de la Ciudad para todos aquellos que tenemos relación con el Sanatorio Antártida”, agregó el dirigente que fue considerado “ejemplar” por Alberto Fernández.
En el equipo de Quirós aseguraron que fueron muy estrictos con los requisitos necesarios para distribuir las vacunas: se firmaron los convenios con los principales establecimientos de salud de la Ciudad para entregar las dosis de Sputik V, pero antes se inspeccionó cada vacunatorio de esos hospitales, clínicas y sanatorios para verificar desde la calidad técnica del lugar hasta el personal capacitado, y se le pidió a cada uno la nómina de los empleados.
A partir de ese número declarado oficialmente se le asignó a cada establecimiento la proporción de vacunas en función de la cantidad de empleados que tiene. En el caso del Sanatorio Antártida, como representa el 1% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires recibió el 1% de las dosis que le mandaban al gobierno porteño.
Según el protocolo, cada hospital, clínica o sanatorio tuvo que designar un responsable técnico y legal de la vacunación, que es el encargado de hacer cumplir el convenio y tiene que rubricar cláusulas de responsabilidad por las que se compromete a cuidar las dosis de Sputnik V, que no se las roben ni pierdan la cadena de frío.
A su vez, el responsable del establecimiento de salud debe devolver a las autoridades las planillas con los datos personales de quienes se vacunaron. Es decir, en teoría, no hay dosis de ninguna vacuna que queden sin ser registradas porque luego la información se debe cargar en el Nomivac, el Registro Federal de Vacunación Nominalizado del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), dependiente del Ministerio de Salud.
Aun si Moyano se hubiera anotado en la planilla de empleados del Sanatorio Antártida, su justificación de que debía vacunarse porque es presidente de dos obras sociales es cuestionable. Las dosis, según el Plan Estratégico de Vacunación, aprobado mediante la resolución 2883/2020, deben ser inoculadas de acuerdo con un orden de prioridad de los grupos de población y el primer lugar es para el personal de salud, “que se aplicará las dosis de manera escalonada según el riesgo de su actividad; por ejemplo, quienes trabajan en unidades terapia intensiva o en guardias tienen una actividad más expuesta”, como se menciona en el sitio www.argentina.gob.ar.
Un especialista en cuestiones sanitarias admitió a Infobae que “esas categorías tienen un cierto grado de ambigüedad: ¿qué es exactamente personal de salud? ¿Por qué Moyano no lo es y sí quien prepara la comida en una clínica? Hay un límite que es moral y otro que es legal. El legal lo va a tener que definir un juez”.
En Juntos por el Cambio sospechan que Moyano no es el único sindicalista vacunado de manera irregular, pero sí es el único hasta el momento que lo reconoció públicamente. La diputada nacional Graciela Ocaña, de Confianza Pública, afirmó: “Me han confirmado, por lo menos, cinco presidentes de obras sociales que lo han hecho y queremos que se investigue cómo se han utilizado las vacunas que han desviado en su favor y en la de sus familias”.
“Moyano ha violado la ley -siguió la legisladora-. Vamos a pedir una investigación porque no es el único dirigente sindical que ha hecho lo mismo. Es escandaloso porque las vacunas que recibieron en el Hospital Antártida eran para el personal del instituto. Ellos así lo declararon, declararon el personal y no estaba ni Hugo Moyano, ni su mujer, ni su hijo. Usaron las vacunas que debían ir a los médicos. Es una verdadera vergüenza”.
Ocaña y los diputados de JxC José Cano, Fernando Iglesias y Soher El Sukaria presentaron esta semana una denuncia ante la Justicia en la que piden que se investiguen los casos de vacunados VIP, entre los cuales destaca el caso de Moyano porque, “alegando y abusando en el ejercicio de su cargo de presidente de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) habría utilizado indebidamente vacunas destinadas al personal de salud del Sanatorio Antártida (perteneciente a la obra social) para inocular a miembros de su familia y a sí mismo en contra de la normativa que establece el orden de prioridades para recibir dichas vacunas”.
Para los dirigentes de la oposición, los sindicalistas vacunados son una silenciosa legión que aún pasa inadvertida pese al vendaval que se desató a partir de la revelación de que Moyano y su familia se habían aplicado la Sputnik V. ¿Utilizaron el mismo sistema del líder camionero para conseguir las dosis? Nadie lo puede asegurar.
Hasta ahora, los dirigentes cuyos nombres circularon por las redes desmintieron que se hayan inoculado la vacuna. Uno de ellos es Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Comercio, que lo negó en forma terminante a través de un comunicado de prensa. El líder de la UOM, Antonio Caló, lo descartó ante sus colegas de la CGT en la reunión del consejo directivo, el martes pasado, y confirmó que había gestionado un turno “como cualquier ciudadano”.
Tres conocedores del sistema de salud coincidieron ante Infobae que se pueden haber utilizado algunas maniobras para conseguir las vacunas sin respetar lo establecido en el protocolo oficial. Por un lado, cualquier dirigente podía vacunarse si alguno de los que empleados de sanatorios o clínicas que fueron declarados le “cedía” generosamente su dosis. No hay forma de que se pueda detectar algo semejante. Es cierto que esa maniobra dejará al “dador” sin posibilidades de aplicarse luego la vacuna porque quedará registrado en las planillas oficiales.
Desde el gobierno porteño no lo descartaron: “Quienes se vacunan sin registrarse corren un riesgo enorme: que no les llegue la segunda dosis, pero es cierto que alguien inscripto en la lista de empleados de un sanatorio puede darle su vacuna a otra persona si hay complicidad. Es indemostrable. No podemos tener un policía en cada lugar”.
Además del “gentil dador” de su vacuna, otra posible trampa que mencionaron los expertos a Infobae consiste en aprovechar que cada frasco de la Sputnik V contiene 5 dosis, que son las registradas de manera oficial, pero puede rendir para 6 dosis si el vacunador es lo suficientemente hábil para no desperdiciar el contenido, con lo cual esas aplicaciones adicionales podrían derivarse hacia beneficiarios que están afuera de los listados oficiales.
De manera oficial, esa “yapa” se puso en evidencia en el Chaco: las primeras 7650 primeras dosis que llegaron a la provincia permitieron vacunar a 8180 personas. La ministra de Salud provincial, Paola Benítez, dijo: “Hemos podido recuperar 530 dosis de un excedente que trae cada frasco”. Según explicó, cada frasco contiene cinco dosis y un excedente que se usa para eventuales pérdidas. “Ese excedente permitió vacunar a los trabajadores de la salud”, dijo.
No es un recurso ilegal mientras se transparente esa práctica, por supuesto. En el gobierno porteño sostuvieron: “La clave es si se documenta o no en el registro nacional que una persona se vacunó. La sexta dosis se puede sacar y mucha gente la usó y se registró como corresponde”. ¿Pero puede ocultarse la utilización de esa vacuna adicional? La respuesta de un experto es tan obvia como inquietante: “Si tenés el manejo del lugar donde se vacuna, podés no registrarla”.
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