La Asamblea Legislativa para inaugurar un nuevo ciclo de sesiones ordinarias no será lo que imaginaban hace apenas un par de semanas Alberto Fernández y su círculo más próximo. Se sabía, claro, que la cita del lunes próximo exhibirá una imagen atípica, con presencias acotadas en función de los formales protocolos del coronavirus. El foco ya fue modificado por el vacunagate, algo que se expresará incluso en la calle: la concentración de las distintas estructuras del oficialismo tendrá lectura de respuesta a las protestas de estas horas y de apoyo recargado a la gestión. Pero más allá del discurso, la etapa que se inicia en el Congreso, en pleno año electoral, expondrá hasta qué punto llegan las definiciones presidenciales en dos cuestiones cruciales: las PASO y la ofensiva K en el terreno judicial.
Esos dos temas fueron impuestos, de hecho, por la dinámica de la interna oficialista. Y los movimientos que finalmente haga el Presidente serán significativos en ese plano antes que cómo puntos de fricción en la disputa con la oposición. La suspensión de las PASO es básicamente un reclamo de los gobernadores del PJ, por razones políticas antes que sanitarias o de presupuesto, y genera desde desinterés a rechazo en el kirchnerismo duro. Las medidas apuntadas a la Justicia, en cambio, interesan especialmente al sector más alineado con Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto considerado adverso con los casos de Amado Boudou, Milagro Sala y Lázaro Báez, al parecer más por las estribaciones de la Ruta del dinero K que por él mismo.
La pulseada por las primarias sigue abierta cuando empieza a apremiar el cronograma del proceso electoral. El tema fue habilitado para su tratamiento en las sesiones extraordinarias que acaban de concluir, pero no avanzó ni siquiera en comisiones. En otras palabras, el Ejecutivo lo incluyó en el listado, pero el bloque oficialista de diputados -es decir, Máximo Kirchner- no expuso voluntad alguna para poner en marcha el debate, en momentos que no la suspensión lisa y llana de las PASO pero sí la idea de postergarlas un mes podía abrir una camino de negociación con Juntos por el Cambio. Ese margen terminó de desaparecer al menos de momento con el escándalo de las vacunaciones.
Los gobernadores peronistas han insistido con su posición más de una vez e incluso últimamente. El kirchnerismo duro, en particular La Cámpora, no quiere dejar sentado que considera abandonar la pelea territorial: no inquieta la confección de las listas de diputados y senadores nacionales, que tendría intervención directa de CFK, sino en especial la disputa por los cargos provinciales y comunales. De ese cuadro surgió la idea “intermedia” de una postergación, de agosto a septiembre, algo que cuadra además con la expectativa de Olivos sobre un mejor clima social con el avance de la vacunación -que viene demorado respecto de los planes iniciales- y cierta reanimación de la economía.
Los gobernadores apostaron más fuerte de arranque: descartar el turno de las primarias en agosto y avanzar directamente hacia el último domingo de octubre, día de las elecciones generales. En el fondo, el cálculo de los jefes provinciales es un clásico. Atiende sus necesidades de gestión -más allá de su condición de oficialista u opositor en el orden nacional- en la larga etapa de la pandemia, y a definir si la imagen del gobierno nacional “tracciona” hacia arriba o empuja hacia abajo. La llave en caso negativo es el desdoblamiento de elecciones. Dicho de otra forma: despegarse del comicio general.
Un dato político interesante lo constituye una encuesta que viene circulando en la última semana. El trabajo, de la consultora CB, muestra una tabla de posiciones de los gobernadores en materia de imagen. En los primeros lugares se ubican tres de los cuatro jefes locales de JxC (Gustavo Valdés, que encabeza el ranking; Horacio Rodríguez Larreta y Rodolfo Suárez) y se destacan tres peronistas: Sergio Uñac, Jorge Capitanich y Gustavo Bordet. El mismo trabajo marca un descenso de la valoración del Presidente sobre todo en distritos de fuerte dominio peronista o de aliados.
Al margen de los números -finalmente una referencia, incluso en los sondeos más confiables-, importa el dato político. Primero: entre los gobernadores peronistas mejor colocados se destacan los que vienen empujando la suspensión de las PASO, empezando por Capitanich y Uñac. Segundo: el hecho de que la encuesta haya trascendido en círculos cercanos a mandatarios peronistas.
El trasfondo, más allá de las encuestas, puede ser interpretado como un desafío cuya respuesta se verá en el compromiso del propio Alberto Fernández con la suspensión de las PASO. Por supuesto que el curso de la pandemia puede alterar planes, pero lo inmediato es el gesto hacia los gobernadores. Hasta ahora, al menos, el Presidente no lideró a los jefes provinciales, como construcción de su propio proyecto, sino que en esta materia los puso a pulsear como polo heterogéneo de poder con el más orgánico kirchnerismo duro.
Otra página sustantiva de la actividad del Congreso está abierta para los proyectos judiciales. Las últimas declaraciones del Presidente, a raíz del estallido del vacunagate, incluyeron una nueva carga sobre jueces y fiscales, también contra los medios. Pero desde antes y descontando tal vez un discurso más elaborado, se ha dejado trascender que insistirá con dos proyectos. La reforma con eje en el fuero federal, que está trabado y con dificultades para conseguir adhesiones en Diputados. Y también está frenado, a la espera de mayor decisión política, el texto para cambiar las reglas de juego en la elección del jefe de los fiscales.
Esos proyectos no resuelven el núcleo del malestar kirchnerista frente a las causas por corrupción. Tampoco, aunque está avanzada, la idea de impulsar la creación de un “tribunal intermedio de arbitrariedad”, que le reste o recorte funciones de la Corte Suprema y esté en condiciones de revertir causas judiciales. Con tiempo.
La sola enunciación de tales proyectos y las duras declaraciones del Presidente -que avanzó hasta descalificar a la Corte- y de otras expresiones del Gobierno constituyen un elemento de presión al parecer naturalizado, a pesar del riesgo institucional. Esa escalada resultó una especie de capítulo superior de la inicial postura presidencial: suponía que el nuevo contexto político a partir de diciembre de 2019 iba a acomodar la situación en los tribunales. Con el paraguas del lawfare, el mensaje era que la “solución” estaba en la propia Justicia.
Por ahora, según expresa el kirchnerismo duro, esa receta no ha tenido un resultado potente. El panorama es hasta cierto punto incierto. Por lo pronto, se espera que el Presidente sume otra carga en su discurso. Pero el mayor interrogante es práctico. Dependerá de la voluntad que exponga hacia el Congreso. Y sobre todo, del sentido de su compromiso interno.
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