Tras la condena a Lázaro Báez, la Justicia argentina insistirá con interrogar por videoconferencia al abogado residente en Suiza señalado como su testaferro

Tras conocerse la sentencia contra Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, el juez Sebastián Casanello insistirá ante las autoridades judiciales de Suiza para indagar a Néstor Marcelo Ramos por videoconferencia, una instancia que nunca pudo concretar en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, cuyo juicio culminó esta semana, al cabo de casi tres años.

Se trata del enigmático abogado argentino titular de Helvetic Services Group, la sociedad vehículo suiza a través de la cual el empresario patagónico compró la financiera “La Rosadita” usada para fugar y lavar unos USD 55 millones. Nacido en Córdoba, Ramos reside desde el 2000 en el cantón suizo de Ticino -de habla italiana- y tiene la doble nacionalidad ítalo-argentina. En la sentencia que se conoció este miércoles, el Tribunal Oral Fedreal (TOF) 4 ordenó la cancelación de la personería jurídica de Helvetic, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Casanello había solicitado su extradición con fines de indagatoria en 2016 pero nunca se pudo concretar. Al principio, por los requerimientos de las autoridades helvéticas a la Justicia argentina sobre las pruebas reunidas en su contra para acusarlo de partícipe del delito de lavado de activos, y luego por el estado de salud de Ramos, quien enfrenta desde hace tres años una enfermedad terminal.

Por este motivo, a finales del año pasado, el titular del Juzgado Federal Nro 7 le informó en un oficio enviado al Departamento Federal de Justicia de ese país, el desistimiento de la extradición, tal como reveló Infobae a principios de este mes. Lo hizo en base a lo dictaminado por el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, luego de recibir el informe médico sobre el estado de salud de Ramos en octubre pasado, con un cáncer avanzado y “un pronóstico sombrío e incurable”.

Fue entonces que el magistrado solicitó avanzar con la declaración indagatoria de Ramos “de la forma más inmediata con el auxilio judicial del Tratado de Asistencia Penal entre la República Argentina y la Confederación Suiza”, según el requerimiento a las autoridades de ese país. Las opciones barajadas eran por videoconferencia, o que Casanello y Marijuán se trasladen a Suiza para interrogarlo.

Ramos es el único de los acusados en esta causa por lavado contra Báez, sus hijos y su entorno, con suficientes sospechas en su contra, que no pudo ser interrogado. “Sin indagatoria no se puede avanzar en el proceso judicial. La idea es buscar una alternativa para poder avanzar”, advirtieron fuentes que conocen el expediente.

Qué dijeron desde Suiza

Ante la consulta de Infobae a la Oficina Federal de Justicia (FOJ), con sede en Berna, el vocero del organismo confirmó el pedido de “asistencia internacional mutua” presentado por la Justicia Argentina “en relación a la indagatoria de Ramos”, y señaló que “las modalidades de un interrogatorio por videoconferencia están en discusión entre los dos países”.

Este medio pudo saber que aún no ingresó al Juzgado Federal No 7 de Comodoro Py ninguna respuesta desde ese país confirmando su realización. “Que Suiza acepte que la Justicia extranjera indague por videoconferencia a un ciudadano residente en su territorio es excepcional. Pero el hecho de que haya ahora una condena contra Báez en la causa, refuerza el pedido. Por eso la idea es insistir ahora con este requerimiento”, aseguró una fuente judicial.

Infobae consultó, asimismo, al abogado de Ramos en Suiza. John Dell’Oro señaló en un correo electrónico en inglés, que su cliente se encontraba actualmente “en tratamiento” (médico) en Zurich. Sin embargo, como su defensor, podía responder lo siguiente: “Desde el inicio del procedimiento de extradición, el señor Ramos ha expresado reiteradamente su disposición a someterse a un interrogatorio por rogatoria (NdR: s llama así a la declaración de un testigo o acusado fuera de la sede del Juzgado que tramita la causa, que puede ser por escrito o ante un juez cercano a su domicilio), una solicitud que las autoridades argentinas, a través de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, parecen haber rechazado siempre. Incluso recientemente, después de la decisión del Tribunal Penal Federal que confirmó nuestra apelación, el Sr. Ramos, a través de mí, reiteró esta disponibilidad a la autoridad suiza competente”.

“En conclusión, siempre que su estado de salud no se deteriore significativamente, no existen contraindicaciones para el interrogatorio por videoconferencia”, afirmó el letrado suizo.

Infobae le pidió a Dell’Oro si podía consultarlo a Ramos sobre su rol en la operatoria de Helvetic con Báez en la maniobra de lavado de dinero que dio por probada la Justicia argentina. El letrado se comprometió a dar una respuesta “en cuanto la recibiera del señor Ramos, quien en todo caso reitera que no está involucrado en ninguna conducta delictiva en este caso”. Este medio insistió en obtener la versión directa de quien fuera señalado como testaferro de Báez en el exterior, pero Dell’Oro respondió que no había podido obtenerla, por su estado de salud por el cual estaba hace varios meses bajo tratamiento médico “con drogas experimentales”.

Dell’Oro había apelado la extradición de Ramos a Argentina alegando que el avance de su enfermedad no le permitiría afrontar una extradición y estar alojado en una cárcel en Argentina. De hecho, antes de evaluar acceder a la extradición, las autoridades suizas le habían pedido a la Justicia argentina una serie de garantías respecto de las condiciones en que sería alojado y la atención médica que recibiría como detenido en una unidad penitenciaria en nuestro país. El 13 de febrero de 2020, la Corte Penal Federal (FCC) de Suiza consideró que su extradición podría poner en peligro su delicada condición física. “En particular, el estado de salud del persona interesada será tomada en consideración. El FOJ se encuentra actualmente en el proceso de obtener información sobre la posible atención médica que necesita N.R.”, explicó el vocero de este organismo al referirse a Ramos por sus iniciales ante la consulta de este medio el año pasado.

Fuentes con acceso al expediente explicaron a Infobae, en ese momento, que si bien habían trasladado al Poder Ejecutivo ese pedido de Suiza de determinadas “garantías” respecto de la atención a su salud y las condiciones en que sería alojado Ramos en prisión e argentina, era un tema que “excedía a la Justicia ya que depende del Servicio Penitenciario Federal, más en un contexto de COVID-19”.

El abogado de Ramos pidió que se le realice un informe médico que finalmente llegó a la Justicia local. Casanello se lo envió a Marijuán para que evalúe si mantenía vigente el pedido de extradición, y este resolvió finalmente “desistir del pedido de extradición oportunamente requerido respecto de Néstor Marcelo Ramos debido a que, en el contexto citado, su concesión se torna altamente improbable”. Fue en este punto que el juez le pidió a Suiza avanzar con la indagatoria por videoconferencia.

Quién es Ramos

De 57 años, nacido en la provincia de Córdoba, Ramos tiene pasaporte italiano pero reside en Lugano, Suiza, desde hace más de dos décadas. Si bien su profesión es la abogacía, se dedicó a prestar estructuras societarias para clientes en distintas partes del mundo que buscaban mover dinero a jurisdicciones offshore para ocultar su origen ilícito o mantenerlo fuera de los radares fiscales, y luego ingresarlo al sistema ya blanqueado.

Casanello dio por probado que su empresa Helvetic Services Group - creada en Suiza en 2005 - funcionó como una sociedad vehículo y fachada para que Báez, sus hijos y su entorno lavaran unos USD 55 millones, fugándolos al exterior y reingresándolos en bonos de la deuda argentina. Las maniobras de blanqueo fueron realizadas desde finales de 2010 hasta principios de 2013, a través de una red de empresas offshore que operaban como fachada y controlaban cuentas bancarias en Suiza, entre ellas, Helvetic.

Según documentos que constan en la causa, Helvetic se convirtió en 2011 en dueño del 96% de las acciones de SGI, la financiera de Federico Elaskar conocida como “La Rosadita”, porque ahí solían ir funcionarios de la Casa Rosada. Elaskar también resultó condenado a 4 años y seis meses de prisión como “partícipe necesario” del lavado. En junio de 2013, el fiscal Juan José Campagnoli comprobó que buena parte de los millones que Lázaro fugó a través de esta financiera volvieron al país entre diciembre de 2012 y abril de 2013, enviados desde una cuenta de Helvetic a la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, en una cuenta perteneciente a Austral Construcciones.

Al momento de esa operación, como apoderado de Helvetic figuraba Jorge Chueco, el abogado argentino que prestó servicios a Báez y fue considerado el “cerebro jurídico” de la operaciones del Grupo empresario de Baéz. Fue quien endosó los cheques de Helvetic para el reingreso al país, ya “blanqueados”, de al menos 208 millones de pesos. Chueco también fue condenado el miércoles a 8 años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero, junto al empresario patagónico caído en desgracia.

Desde 2013, después que estallara el escándalo de la llamada “ruta del dinero K” por las revelaciones del programa Periodismo Para Todos conducido por Jorge Lanata, Helvetic Services Group entró en proceso de liquidación, según consta en los registros oficiales de sociedades de Ticino a los que accedió Infobae. Como liquidador figura uno de sus socios fundadores y presidente, Ramos.

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