El Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por hallarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado y, como lo adelantó Infobae, consideró como ilícito precedente el dinero de la corrupción que cobró el empresario a través de la obra pública.
La onda expansiva de esta decisión puede complicar aún más la situación -ya de por sí delicada- de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidente está siendo juzgada en la denominada causa Vialidad acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra la administración pública. El juicio es por las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas que no se terminaron, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 contratos con los que resultaron favorecidas empresas de Lázaro Báez durante los 12 años y medio de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. El cobro de ese dinero de la corrupción -unos 55 millones de dólares- es el ilícito precedente que tuvo en cuenta el TOF nro. 4 y el origen de los fondos que Báez lavó y por el cual fue condenado este miércoles a 12 años de prisión.
Consultado por Infobae, el ex juez y abogado penalista Eduardo Gerome señaló que “el hecho de que se tome esa causa como un hecho precedente es darle ya una categoría delictual” y agregó que “la calidad de los magistrados que firman esta resolución es de jueces intachables”. En ese sentido afirmó “no conozco a la jueza Gabriela López Iñiguez pero me consta por la trayectoria y por los conocimientos de Néstor Costabel y Adriana Palliotti, que son dos magistrados de una honorabilidad y una intachabilidad absolutas. Me parece, que cuando las sentencias las dictan esta clase de jueces tienen un doble efecto porque tienen una especie de, entre comillas, garantía de seriedad y legitimidad. No se trata de jueces que fueron -como tantas veces nos ha pasado- puestos para desempeñar una función política y eso es importante”.
Gerome añadió “creo que está de alguna manera marcándole al tribunal que está juzgando a la vicepresidenta que sí, que la Justicia está determinando que se trata de un delito”. Y remarcó “estamos en presencia de un tribunal que está diciendo esto para mí es delito, yo no puedo meterme en tu causa porque el que está ahí juzgando sos vos pero yo lo considero un delito.”
Consultado por Infobae, Juan Félix Marteau, quien fuera Coordinador Nacional en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la administraciones tanto de Néstor Kirchner como de Mauricio Macri, sobre las implicancancias del fallo contra Lázaro Báez y otros condenados señaló “no me corresponde analizar causas en las que no he participado, sin embargo, la investigación y el enjuiciamiento se han realizado respetando los estándares normativos vigentes sobre el delito de lavado de activos. En primer lugar, existen evidencias de una actividad sistémica de conversión de dinero procedente de actividades ilícitas. En segundo lugar, la determinación de la defraudación y la evasión como delitos generadores del dinero que luego fue lavado es técnicamente correcta”.
Marteau consideró que “es importante destacar la actuación del juez y del fiscal instructor así como del tribunal oral que arribaron a conclusiones técnicamente fundadas no obstante el contexto de deterioro institucional profundo que sufre el sistema de justicia penal a causa de las interferencias de todos los bandos políticos.”
Otro especialista consultado por Infobae, Alejandro Sarubbi Benítez, abogado penalista y profesor universitario, opinó que “es positivo que se haya llegado a una condena, es positivo que le hayan dado una pena elevada a Lázaro Báez”. Consideró que “también es muy positivo que se haya considerado como ilícita la obtención del dinero de la obra pública como un precedente, es decir, un antecedente de ilicitud o ilegalidad. Eso permite que se pueda avanzar en la investigación contra funcionarios públicos, concretamente contra la familia Kirchner en particular, a ellos los afecta de manera directa”. Señaló además “esto salpica a De Vido, esto salpica a Cristina, esto salpica a Máximo y en alguna medida también a Florencia”.
Sarubbi Benítez remarcó que “Lázaro, Elaskar, los hijos de Lázaro, Fariña, no eran más que el músculo de esta manera delictiva para enriquecerse con dinero público. Detrás de ellos hay un cerebro, es ahí hacia los ideólogos donde se tiene que apuntar ahora. La Justicia ahora tiene que enfocar todos los cañones al clan Kirchner y a todos los funcionarios públicos que en su momento hayan tenido algún tipo de responsabilidad o conexión con la obra pública”.
Infobae también requirió la opinión de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso acerca de cómo puede impactar en la situación judicial de Cristina Kirchner la condena a Lázaro Báez por lavado de activos. Al respecto la ex funcionario dijo “es una condena histórica que se encadena con otras investigaciones y juicios en curso. La Justicia debe repatriar esos millones desde el exterior. Me alegra por el trabajo de todos los organismos estatales que participamos en la investigación y el juicio.” Y agregó “ello demuestra que se pueden hacer cosas con seriedad cuando hay liderazgo y una permanente demanda ciudadana . Es también un reconocimiento al valor del periodismo independiente de investigación.”
Sobre la condena a Baéz remarcó “se suma a las condenas de Boudou por Ciccone, de De Vido por Once y de Jaime que confesó que pidió coimas”. Y por último añadió “es una mala noticia para la señora de Kirchner. Mientras esté vigente el Estado de Derecho, no podrá zafar. Le queda un indulto del Presidente o trajinar tribunales por varios años”.
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