El escándalo por los vacunados VIP impactó de lleno en la credibilidad del Gobierno y puso bajo la lupa el programa sanitario en medio de la pandemia de COVID-19. El listado que hasta el momento contiene 70 nombres entre funcionarios y “amigos del poder” que fueron parte de una campaña de vacunación paralela y discrecional, derivó en que desde distintas organizaciones y asociaciones civiles le reclamen al Poder Ejecutivo Nacional transparencia y que la distribución de dosis para combatir el coronavirus sea de forma igualitaria priorizando a los grupos de riesgo.
“Solicitamos al Ministerio de Salud de la Nación la siguiente información centralizada y publicada diariamente para generar una campaña de vacunación transparente e igualitaria”, expresaron en un petitorio difundido en redes sociales el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Infociudadana y Poder Ciudadano.
De esta forma se le reclamó a la gestión de la ahora ministra Carla Vizzotti, que difunda un “detallado y transparente plan de vacunación que establezca un claro orden de prioridad y su justificación”. En ese sentido se hizo hincapié en considerar en particular “la protección de los grupos más vulnerables”.
Que se comuniquen a diario las partidas de vacunas recibidas, identificando los envíos a los diferentes distritos y “garantizando su trazabilidad”, así como también “los criterios de distribución” de las vacunas entre Nación y las jurisdicciones provinciales y municipales, además de detallar la situación de vacunas desechadas y remanentes de vacunas, y sus razones.
El listado que difundió el Gobierno con el objetivo de transparentar el sistema de vacunación y dejar atrás el escándalo incluye al círculo que rodea a Alberto Fernández y allegados. En la lista están: el secretario de Comunicación del Presidente, Juan Pablo Biondi, su subsecretario Marcelo Martín, el secretario de Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y el embajador en Paraguay, Oscar Domingo Peppo; los legisladores nacionales Jorge Taiana y Eduardo Valdés; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini y su esposa, Patricia Alsúa; el ex presidente Eduardo Duhalde y su mujer Hilda; Hugo Moyano y su familia, entre otros.
Con respecto a los vacunados que integran el Poder Ejecutivo, Vizzotti justificó que son “personal estratégico, cuyo rol es fundamental para el funcionamiento del Estado”. Desde las distintas organizaciones exigieron el listado completo de funcionarios y funcionarias nacionales, provinciales y municipales, que fueron inmunizados y “detalle del criterio de vacunación”. Además de información sobre los centros de vacunación habilitados por el Ministerio de Salud Nacional, los ministerios provinciales y las secretarías municipales.
En tanto le solicitaron a la Agencia de Acceso a la Información Pública que se pronuncie sobre los criterios necesarios para la publicación de esta información, “en pos de generar los mayores niveles de transparencia activa posible”.
El petitorio concluye exigiéndole al Gobierno que garantice la actualización “constante” de la información solicitada “en formatos abiertos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables, con el mayor nivel de desagregación posible”.
“Datos públicos y abiertos que permitan el monitoreo ciudadano y garanticen un acceso equitativo a las vacunas”, manifestó Julia Pomares, directora ejecutiva de Cippec, al respecto del pedido conjunto con el resto de las organizaciones y asociaciones civiles.
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