Violencia física, abusos de fuerza, corrupción y homicidios: radiografía del delito dentro de la policía bonaerense

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió en los últimos días un informe de siete carillas donde quedan expuestos los episodios de “violencia institucional” ejercida por efectivos de la policía bonaerense. Esta radiografía de la fuerza de seguridad más grande del país corresponde al último trimestre de 2020 e incluye hechos de corrupción, homicidios, abusos de fuerza, agresiones sexuales y otras “faltas graves o gravísimas”.

En esos 90 días fueron abiertos 1.525 sumarios administrativos, es decir 17 por día. De ese total, 328 “se iniciaron por hechos de violencia Institucional, lo que equivale al 22%”, destaca el trabajo elevado por el Registro de Violencia Institucional Dirección de Prevención y Transparencia, organismo que depende del propio Ministerio de Seguridad provincial.

La razones de los sumarios

El dossier destaca en varios recuadros que se registraron, por parte de la policía, 228 hechos enmarcados en “abuso de la fuerza y exceso en los medios empleados”.

De ese total, 47 casos corresponden a “apremios ilegales, vejaciones y torturas que no llevaron a la muerte del particular”, es decir de la víctima. Otros 39 casos corresponden a “exceso en los medios empleados en detenciones o procedimientos”, que tampoco derivaron en fallecimientos, y 73 casos por “uso abusivo de la fuerza”.

Se registraron también 3 sumarios abiertos por “violencia psicológica”, esto es por “amenazas o intimidación”; 5 casos por “detenciones ilegales-privación ilegítima de la libertad”; otros 8 episodios de “hostigamiento y/o persecución policial” y 30 investigaciones abiertas por “irregularidades en allanamientos y/o allanamientos ilegales”, es decir realizados sin autorización judicial con el fin de intimidar a las personas, robarles o pedir coimas.

Como contrapartida de esos casos, en esos 90 días se registraron 13 casos violentos que terminaron con la muerte de ciudadanos. Los sumarios están caratulados como “homicidios y exceso en la legítima defensa”.

Según la descripción que allí se realiza, ocho de ellos fueron “homicidios en enfrentamientos en o fuera de servicio”; tres crímenes fueron cometidos por “cuestiones particulares”, por ejemplo femicidios. En dos hechos aún se trata de esclarecen en qué circunstancias el policía mató a quien tenía enfrente.

También hay otros 77 sumarios internos abiertos en el último trimestre del año anterior por “riñas particulares en o fuera de servicio”.

Casi la totalidad, 72 casos, fueron por “intimidación, agresiones y/o amenazas a particulares”; tres por la participación de los efectivos en “peleas o riñas” que nada tenían que ver con su actividad policial, y otros dos casos que aún no fueron determinados.

De Astudillo Castro a Úrsula Bahullo

Los reportes revelan que en el territorio bonaerense hay un caso de “gatillo fácil” cada 40 horas, y en la mayoría de ellos están involucrados agentes de esa fuerza de seguridad y que las víctimas, en un 78%, son hombres jóvenes y pobres.

El estudio destaca que el 46% de la violencia institucional ejercida por los efectivos de la bonaerense se realizó utilizando la fuerza física ejercida durante los procedimientos preventivos. Le sigue la violencia “psicológica”, realizada, en un gran número sobre las personas que deben controlar; la violencia “económica” que se trasforma, por ejemplo, en solicitudes de coimas, sobornos y hasta dinero en negro para que un delincuente no sea detenido y violencia “sexual”, ejercida en el 3% de los hechos.

En las estadísticas del Ministerio Público Fiscal bonaerense hay trabajos realizados por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, uno de ellos titulado “Jurisprudencia y doctrina sobre violencia sexual”. En la página 13 de ese dossier se recuerda que: “La Corte considera pertinente recordar, como ya fue establecido, que una de las formas que tomó la práctica generalizada de tortura fue mediante la práctica generalizada de la violencia sexual contra las mujeres”.

Si bien se hace hincapié en hechos pasados y ocurridos durante la pasada dictadura militar, se recuerda que en la actualidad, “agentes estatales”, como policías, “humillan física y emocionalmente” a mujeres detenidas. Por ejemplo, casos en que un uniformado hombre realizó una “inspección vaginal dactilar”, algo absolutamente prohibido por las normas de procedimiento.

Pero no es todo. Entre los sumarios abiertos contra los agentes, figuran casos de violaciones contra personas con distintos tipos de discapacidad. Eran pacientes internadas en instituciones especializados, como neuropsiquiátricos en las que prestaban servicios de vigilancia.

Dentro del contexto de violencia institucional tienen su correlato dos casos de alta exposición pública y que volvieron a poner el tema en el centro del debate. El más reciente es el femicidio de Úrsula Bahillo, protagonizado por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la bonaerense de 25 años de edad, y que estaba en la fuerza desde hacía casi 5 años.

Martínez, quien se encontraba de licencia por tener “carpeta médica” y a quien se le había retirado el arma, porque el certificado extendido por un profesional decía que atravesaba presuntas dolencias psicológicas, había sido denunciado por la víctima en 17 oportunidades. Sin embargo, Úrsula, que vivía en la localidad de Rojas, no recibió el socorro institucional que necesitaba.

Desde la bonaerense tampoco se le aplicó ningún tipo de sanción a pesar de haber sido denunciado por otras ex parejas por violencia de genero.

Recién ahora, cuando enfrenta una pena de reclusión perpetua, en el juzgado en lo Correccional N°1, de Junín, la fiscal Fernanda Sánchez pidió que se lo condene a 4 años de prisión efectiva por “lesiones leves calificadas y amenazas calificadas” en perjuicio de Belén Miranda, una de sus ex parejas. En ese juicio abreviado, el propio Martínez admitió el hecho y su defensa estuvo de acuerdo con el pedido de la fiscal. Se espera que en los próximos la solicitud de pena sea homologada por el juez.

El otro caso calificado como “violencia institucional”, es la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro que se reactivó después que la Justicia autorizara, tras los pedidos de los fiscales federales Andrés Heim y Horacio Azzolín, un nuevo allanamiento a la comisaría de la localidad de Teniente Origone, el destacamento policial en el que fue visto por última vez el joven.

El procedimiento fue llevado a cabo el jueves pasado por efectivos de Gendarmería Nacional y dejó como resultado el hallazgo de un fragmento de piedra turmalina. Fue encontrado en un colchón ubicado en el galpón de la dependencia.

En el primer allanamiento a esa misma comisaría ya se había hallado otro elemento que sería de Astudillo Castro, según informó su familia. Se trataba de un suvenir con forma de vaquita de San Antonio que llevaba consigo en su mochila al momento de desaparecer.

En los próximos días, esta nueva pieza detectada será cotejada con un amuleto similar al que se encontró en el peritaje al patrullero de la Policía Bonaerense que se ubicó, unos días después de la desaparición, a metros de donde meses más tarde apareció el cuerpo del joven, hallado el pasado 15 de agosto en cercanías de General Daniel Cerri.

Berni, diálogo con Infobae, y en el marco de las sospechas que recaían sobre la bonaerense por la muerte del joven de 22 años detenido en dos controles policiales cuando iba a Bahía Blanca a visitar a su ex pareja, dijo: “Es obvio que la falta de profesionalismo en la Policía Bonaerense genera violencia institucional”.

El informe que recibieron el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, asegura que: “Se han registrado un total de 14 sumarios donde se denunciaron hechos que impliquen, por acción u omisión, la muerte de una persona, correspondiendo 7 casos a muerte durante intento de robo, 5 casos a muerte en enfrentamientos y 2 casos a muerte en dependencias policiales”.

Todos constituyen casos de extrema gravedad que también están siendo investigados por la Justicia. Según pudo saber Infobae, todos los policías involucrados en los hechos fueron separados de sus cargos, cuatro de ellos están detenidos.

En los últimos tres años, casi 300 efectivos fueron arrestados por distintos tipos de delitos que van desde asesinatos a extorsión y apremios ilegales.

De los sumarios iniciados surge que, la mayor cantidad de hechos de Violencia Institucional se producen cuando el efectivo se encuentra en servicio (63%); es decir, durante el desarrollo de sus tareas y estando bajo la supervisión de un superior.

Por ese motivo en un buen número de casos, el oficial a cargo fue sancionado o la comisaría intervenida. Por ejemplo, después del femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas.

Por las sospechas que recaen sobre el accionar de la policía local días antes del crimen, Berni, y el jefe de la policía de la provincia, comisario general Daniel García, dispusieron la intervención tanto de la seccional local como de la Comisaría de la Mujer de la ciudad.

El dossier sobre “violencia institucional” destaca también que la mayoría de los sumarios abiertos contra oficiales y suboficiales de la policía bonaerense se realizaron cuando estaban de servicio.

La mayoría de los policías identificados en los más de 1.500 sumarios abiertos e informados en el último reporte pertenecen a las reparticiones desplegadas en los distritos de Almirante Brown General Pueyrredón, en el partido de La Costa, en La Matanza, La Plata, Lanús y Lomas de Zamora.

Por último, el trabajo señala que la mayoría de los agentes sumariados, ya sean oficiales o suboficiales, pertenecen a los escalafones más bajos, como oficial subayudante u oficial subinspector.

Si se toman los casos teniendo en cuenta el “escalafón general”, en el 69% de los casos están involucrados “oficiales de la policía”. El promedio de edad de los sumariados es de entre 22 a menos de 30 años, e ingresaron a la fuerza, como máximo, en los últimos 6 años.

Desde la llegada de Berni al ministerio de Seguridad, aún no se incorporó una nueva camada de policías. Según declaró el funcionario, se debe a que quiere aumentar la cantidad de tiempo de instrucción en las academias, y posteriormente darles una mejor formación a través de la anunciada universidad policial, para la cual se están elaborando los programas de estudio. El segundo motivo, es por la pandemia de coronavirus que imposibilitaba las clases presenciales.

Se estima que los nuevos egresados estarán listos para prestar servicio en diciembre y serán unos 3.500.

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