La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal abrió un expediente para investigar las irregularidades en relación a la vacunación secreta contra el coronavirus a funcionarios y amigos del poder, un escándalo que derivó en la renuncia de Ginés González García al frente de la cartera sanitaria. Además, la fiscalía especializada conminó al ministerio de Salud conminó al Ministerio de Salud de la Nación a iniciar un sumario administrativo.
El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, tomó esa decisión tras recibir y analizar un informe de la Unidad de Admisión y Detección Temprana, una división del mismo organismo. En ese escrito se consignó la confesión que destapó la polémica por parte del periodista oficialista y titular del CELS, Horacio Verbitsky, al igual que otras informaciones que circularon sobre el caso de la vacunación VIP y la renuncia de González García.
“La posibilidad de que existiera un orden paralelo al establecido prioritariamente en razón de grupos de riesgo o interés epidemiológico para suministrar las dosis de vacunas recibidas contra el virus que generó la actual pandemia mundial que nos encontramos atravesando, imponen la apertura de una investigación ágil y desformalizada que permita esclarecer los hechos que se han dado a conocer en las últimas horas”, dice el informe de la Unidad.
El documento consigna además que “las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un ‘Vacunatorio Vip’ al que se accedía por medio del ‘contacto’ con el ministro González García, tal como refieren los artículos de prensa, estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”.
En consecuencia, se dispuso que intervenga el Departamento de Investigaciones y Litigios para corroborar o desestimar las “versiones de la existencia de una reserva de vacunas (3.000) para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país”, lo cual “se aparta de los lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19″.
Pero además, en el decreto firmado a última hora de anoche, el titular de la PIA conminó al Ministerio de Salud a realizar una investigación interna para determinar a los responsables de lo sucedido: “A su vez debe instar ante el Ministerio de Salud de la Nación la iniciación de un sumario administrativo en los términos del Reglamento de Investigaciones Administrativas tendiente a dilucidar los hechos descriptos, en el cual se deberá tener a esta PIA como parte acusadora. Ello sin perjuicio de las eventuales responsabilidades funcionales que puedan surgir de funcionarios/as políticos/as”.
La PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración nacional. Devino de Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, creada en 1998, y es presidida por Sergio Rodríguez desde diciembre de 2015.
Denuncia por el “Vacunagate”
Por otra parte, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra Ginés González García, Horacio Verbitsky y otro eventuales involucrados en el circuito paralelo de inmunización contra el COVID-19 en el Ministerio de Salud. A su vez, reclamó una serie de medidas de prueba como así también que las provincias informen a quiénes están suministrando la Sputnik V como “personal esencial”.
“Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, advirtió en uno de los considerando de la denuncia que envió a la Cámara Federal y será sorteada el próximo lunes.
Además, Marijuan advirtió que el episodio que confesó Verbitsky -sobre el llamado su “viejo amigo Ginés” para ser vacunado- implica “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.
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