El juez Eduardo Farah, flamante integrante de la Cámara Federal tras su regreso a Comodoro Py a principios de mes, instó a apurar la instrucción de la causa por la muerte de Alberto Nisman, quien apareció con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner -hoy vicepresidenta- por el encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto con Irán.
El pronunciamiento del juez Farah consta en una breve resolución a la que accedió Infobae que fue firmada este jueves en la Cámara Federal. La Sala II debía resolver un cuestionamiento formulado por la defensa de Diego Lagomarsino, el técnico informático que está acusado de haber sido partícipe necesario en el homicidio de Nisman.
Los abogados de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, protestaban porque el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, no había aceptado llamar a declarar a uno de los peritos que participó en Salta para cotejar si el arma que dio muerte a Nisman dejaba a o no pólvora en las manos al dispararse. Es que querían que el ingeniero José Luis Manzano explicara si “había rastros de manipulación” de un arma de fuego. Después de la muerte de uno de los expertos que hizo el estudio de Gendarmería -clave para plantear la hipótesis del asesinato-, la defensa quería escuchar a este perito. El fiscal dijo que no porque todo ya había sido planteado en la Junta Interdisciplinaria y en los informes periciales.
Sin embargo, el juez Julián Ercolini rechazó la presentación y los abogados apelaron ante la Cámara Federal. Para los letrados, la negativa demostraba arbitrariedad en detrimento de su derecho de defensa. La querella por parte de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, se opuso al pedido. Este jueves, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia respaldaron la decisión de Ercolini por entender que no era un tema revisable y porque el testimonio podía ser obtenido en una etapa posterior.
Por su parte, el juez Farah estuvo de acuerdo, pero escribió: “Sin desconocer la complejidad de la investigación desarrollada, habiéndose superado holgadamente el plazo que para la instrucción establece el artículo 207 del Código Procesal Penal, a mi juicio corresponde encomendar al juez de grado inferior a que proceda de conformidad con lo previsto en esta disposición, lo que permitirá oportunamente encauzar, debatir y decidir los agravios del recurrente en un contexto de mayor amplitud de conocimiento”.
El artículo 207 del Código Procesal al que se aludió habla de los tiempos del proceso y afirma que la instrucción deberá completarse en cuatro meses a contar con la indagatoria, prorrogables a dos meses más con autorización de la Cámara Federal.
Lagomarsino declaró en indagatoria en noviembre de 2017 para negar haber sido partícipe del homicidio de Nisman. Dijo que tenía una relación de “amo-esclavo” con su jefe, contó cómo le llevó el arma al fiscal a pedido del funcionario y aseguró: “No me importa cómo murió, igual me cagaron la vida”. El 26 de diciembre de ese año, Ercolini procesó a Lagomarsino, junto a cuatro custodios que ese fin de semana debían encargarse de la seguridad de Nisman. La confirmación del procesamiento de los custodios (Lagomarsino no lo apeló) llegó en junio de 2018 en la Cámara Federal, cuando Irurzun y Bruglia sostuvieron que la muerte de Nisman fue un homicidio como “directa consecuencia” del cargo que cumplía en la UFI-AMIA.
Para esa altura, Farah ya se había ido de la Cámara Federal, tras su votación en la causa Oil Combustibles junto al juez Ballestero. Ballestero se jubiló y Farah pidió el pase a los tribunales de San Martín. Pero el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de Bruglia y Pablo Bertuzzi le permitió volver a su lugar en los tribunales de Retiro. Desde ahí, en una de sus primeras decisiones, firmó esta resolución sobre el caso Nisman, en donde -como al pasar- insta a Ercolini a apurar los tiempos para elevar la causa a juicio oral. O al menos a “abrir un incidente en donde la Cámara Federal escuche a las partes para saber las razones por las cuales la investigación se dilató y controle las razones por las cuales se solicitaría la prórroga”, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Según contó Infobae en enero pasado, al cumplirse seis años del fallecimiento de Nisman, sigue trabajando para intentar saber por qué el domingo 18 de enero de 2015, antes de que se descubriera en el baño de su departamento el cadáver del fiscal de la UFI AMIA con un tiro en la cabeza, la zona de Puerto Madero estaba “repleta” de espías. La pista de los investigadores para intentar develar ese enigma reside en el entrecruzamiento de unos 500 teléfonos y avanzar con la citación de casi un centenar de espías en calidad de testigos para que aporten algún dato al respecto.
Lagomarsino pidió ir rápidamente a juicio pero por ahora la fiscalía no tiene intenciones de cerrar la investigación sobre él. Además, se está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva si hace lugar o no a una queja de su defensa que permita acceder a todos los equipos electrónicos secuestrados en su casa y en la casa de los custodios. Lagomarsino no quiere que sea la fiscalía la que acceda a esa prueba sino el juez. Sin ver esa prueba, la fiscalía dice que no puede cerrar la pesquisa ni siquiera sobre los custodios.
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