La Justicia de Tierra del Fuego dispuso el archivo de la causa contra el gobernador Gustavo Melella por presunto abuso sexual

Había sido denunciado por tres obreros de la construcción en 2018 cuando era intendente de Río Grande. El juez Raúl Sahade tomó la decisión un día antes de que el Consejo de la Magistratura provincial tratara su suspensión por acusaciones de haber cobrado coimas por sus fallos. El abogado de las presuntas víctimas apelará la decisión

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Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, está acusado de presunto abuso sexual por tres obreros de la construcción que buscaba trabajar en la obra pública.
Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, está acusado de presunto abuso sexual por tres obreros de la construcción que buscaba trabajar en la obra pública.

El juez Raul Sahade dispuso el archivo de la causa en la que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, estaba imputado de abuso sexual a partir de la denuncia de tres obreros de la construcción que lo acusaron en 2018 de haberles pedido favores sexuales a cambio de trabajo en obras municipales cuando era intendente de Río Grande .

El titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Río Grande tomó esa decisión que desvincula a Melella de la causa más delicada que enfrentó en su carrera política, un día antes de que el Consejo de la Magistratura provincial tratara la denuncia en su contra por supuestamente haber cobrado por dictar una sentencia en otra causa. Hoy estaba prevista la acusación del fiscal contra Sahade, pero el Consejo de la Magistratura fueguino resolvió finalmente ayer posponer una definición sobre el futuro de Sahade hasta el próximo martes 23 de febrero.

El magistrado fueguino rechazó los dos requerimientos elevados por el entonces fiscal general Guillermo Quadrini - quien impulsó la investigación en 2018 pero en diciembre juró como Juez de Cámara ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego - al considerar que no se configuró el delito de abuso sexual, pese a los testimonios de los tres obreros de la construcción que denunciaron a Mellela por presunto acoso y abuso sexual: Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera. Los dos primeros ratificaron su denuncia original la semana pasada, tal como contó Infobae. Sahade también descartó la acusación contra empresas que habrían participado en irregularidades en la obra pública de Río Grande.

El actual gobernador de Tierra del Fuego - electo en 2019 por Concertación FORJA y hoy alineado con Alberto Fernández - siempre negó las acusaciones y las atribuyó a “una campaña política” en su disputa por la gobernación con su antecesor Rosana Bertone. Melella también argumentó que las denuncias de abuso se debieron a su homosexualidad, que nunca ocultó.

Según Sahade, no hubo abuso sexual ya que no se vio “vulnerada la libertad de autodeterminación sexual de una persona mayor de edad”, y lo que habría existido fueron relaciones sexuales entre dos de los denunciantes y Melella de forma “consentida”.

Respecto del testimonio de Suasnabar, quien amplió en su declaración del jueves pasado lo que había denunciado en 2018 en un testimonio que hacía presuponer que complicaría la situación de Melella, Sahade consideró que no era “coincidente” con su declaración original, ya que en su primer relato no había mencionado el “uso de la fuerza” por parte de Melella para someterlo sexualmente. Este peón de la construcción de 55 años, incluso, hizo una “demostración” de cómo habría sucedido la situación de abuso cuando el entonces intendente lo citó a su departamento con la promesa de un trabajo y de resolver un pago adeudado.

“El graficado abuso coactivo por parte de Suasnabar, no resiste ni el mínimo análisis; frente a su inicial versión de que existió un encuentro con Melella, que este último quiso tener un encuentro sexual con él y ante su avance lo frenó y el nombrado desistió de su deseo sexual; ahora, en la actualidad, se enarbola un sometimiento por la fuerza cuya mecánica explicitada en la audiencia, resulta inverosímil tanto por la modalidad de ejecución como por la contextura física de denunciante y denunciado, la posición en que colocó ambos y el tipo de supuesto abuso consumado”, aseveró el magistrado.

“Entonces, no se advierte la existencia de violencia, entendida ésta como la energía física desplegada por el sujeto activo -en el caso de marras el señor Melella- hacia la persona de las presuntas víctimas para lograr vencer la resistencia, tanto de Rivas como de Suasnabar, que podrían haber sido ejercido para repeler el accionar contrario a su voluntad. Resistencia que no existió en el caso de Rivas, y tampoco en el de Suasnabar. En este último si bien el imputado pudo haber iniciado aquella energía física, lo cierto es que la misma no se vio vencida ya que la presunta víctima lo empujo y tras ello, se retiró del lugar”, fue la interpretación de Sahade a partir del relato las presuntas de Melella.

Alfredo Suasnabar, uno de los denunciantes de Melella (Lihueel Althabe).
Alfredo Suasnabar, uno de los denunciantes de Melella (Lihueel Althabe).

Las maniobras con la obra pública

El magistrado de Tierra del Fuego también consideró que las presuntas “maniobras de defraudación a la administración pública” de la denuncia original que dieron pie a la causa de abuso sexual, no estarían corroboradas ya que los denunciantes no iniciaron las acciones legales correspondientes para cobrar los trabajos adeudados por parte de la Municipalidad de Río Grande. Según Sahade, tampoco fueron probadas las maniobras de presunto direccionamiento de trabajos de obra pública de la intendencia de Río Grande hacia las firmas Patagonia Construcciones y Mario Luis Vaquera.

En su resolución de más de 180 páginas, además, el juez que está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por cobrar por sentencias dispuso no realizar la pericia psiquiátrica a Melella, pese a que él mismo la había ordenado en noviembre pasado, y dejó sin efecto el llamado a Lovera a ratificar su denuncia original. Lovera estaba citado para el viernes pasado, pero no pudo estar presente en el Juzgado de Río Grande por encontrarse en Buenos Aires, imposibilitado de viajar por la pandemia, por lo que su abogado solicitó una reprogramación de su testimonio.

Apelación de la querella

El abogado de los tres denunciantes, Francisco “Paco” Giménez, le anticipó a Infobae que apelará la decisión del Sahade para que la Cámara revise esa decisión.

“Lo vamos a apelar porque tenemos jurisprudencia en Tierra del Fuego de que se ha condenado a personas con el solo relato de la víctima. Y acá hay grabaciones, mensajes y transferencias de dinero coincidentes con sus testimonios, y otras medidas de prueba pendientes que el juez ahora desestimó, como la pericia psiquiátrica a Melella. El juez se negó sistemáticamente a llamar al gobernador a indagatoria. Sería interesante conocer su versión sobre las circunstancia en que los conoció (a los denunciantes)”, sostuvo ante la consulta de Infobae.

“Si es así como dice Sahade, deberían liberar a todos los condenados por el testimonio de la víctimas. Dada la particularidad del abuso sexual, es muy relevante el testimonio de las víctimas en cuanto a los detalles sobre cómo se produjo, en tanto y cuanto no se contradigan en forma concluyente con otras pruebas. El juez ni siquiera dispuso medidas para corroborar lo que dijo Suasnabar el jueves pasado”, se quejó Giménez.

Francisco Giménez, el abogado que representa a las víctimas y es querellante en la causa contra Melella (Lihueel Althabe)
Francisco Giménez, el abogado que representa a las víctimas y es querellante en la causa contra Melella (Lihueel Althabe)

Y agregó: “El juez argumenta que (los denunciantes) no hicieron ninguna acción legal para recuperar el dinero que no habían cobrado por las obras municipales que realizaron. Y también relativizó el uso de la fuerza por parte de Melella que relató Suasnabar. El abuso sexual es un atentado contra la libertad sexual, no necesariamente tiene que ser forzado, tiene que ser contra la voluntad de la persona que lo sufre”. Y recordó que en su declaración de la semana pasada ante el juez, Suasnabar admitió que le “había dado vergüenza” contar los detalles de lo que denuncia en su primera declaración sobre lo sucedido -según su relato - en el departamento de Melella.

Para Giménez, “el fallo tiene que ver con lograr la impunidad de Melella. Es imposible interpretarlo como ajustado a derecho”. Y lo vinculó al “retraso” del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego en la investigación contra Sahade “acusado de pedir coimas” y la designación de Ernesto “Nene” Loffler en el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, cuya integración Melella amplió de 3 a 5.

El nombramiento de Loffler, ex juez de Cámara en Tierra del Fuego, ya fue aprobado por el Consejo de la Magistratura, y solo resta que el gobernador lo designe formalmente, una decisión que aún no tomó y que Giménez vinculó a la actuación de Sahade en la causa por abuso contra Melella.

En su fallo, Sahade citó al filósofo griego Platón: “Nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos”.

“Sin pruebas”

El abogado de Melella, Francisco Ibarra, en cambio, entendió que el fallo de Sahade estableció que “no existen elementos de prueba para considerar la conducta (del entonces intendente de Río Grande) como digna de reproche”.

Acá nunca existió jamás ningún hecho que pueda considerarse como abuso sexual. Se ha tratado de una causa que ha tenido todos los ribetes propios del momento que se vivía en Tierra del Fuego, de campaña política”, señaló ante Infobae.

“Lo que sí es lamentable es que se ha utilizado la figura de abuso que tanto ha costado avanzar en su castigo en nuestra provincia y en la Justicia, para llevar adelante esta causa, que como siempre hemos manifestado, no tenía ningún viso de seriedad. Ahora habrá que esperar los pasos procesales, si la querella apela la decisión del juez”, concluyó.

Una vez que Giménez -como letrado de los denunciantes - apele, la decisión quedará en manos de la Cámara, que deberá confirmar o revertir la decisión de Sahade. Es la misma Cámara que lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por una serie de mensajes telefónicos que evidenciarían que el juez habría cobrado por fallos y para “arreglar” causas en su Juzgado.

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