Los jueces, en estado de alerta por la presión del Gobierno para apurar la jubilación de 200 magistrados

La polémica que se abrió por la resolución de la ANSeS, que reclamó de manera formal que más de 200 jueces definan si se jubilan o no, sigue creciendo. Por estas horas, las palabras eran “incertidumbre” y “sorpresa”. Ayer, miércoles, hubo reuniones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para evaluar y analizar la situación. El lunes próximo habrá otra reunión clave, pero ya se baraja una opción: judicializar el tema.

Así lo admitió a Infobae el presidente de la asociación Marcelo Gallo Tagle. Aún no hay nada decidido, pero una posibilidad es que “cada juez en nombre propio podría presentar un amparo o la agrupación en modo representativo presentar en el fuero contencioso administrativo una acción declarativa de certeza para entender, legalmente, el alcance de la medida”.

Esa acción es un método procesal para solicitar el control de constitucionalidad de una norma. Precisamente, fue el método elegido por la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando quiso saber si estaba habilitada para sesionar virtualmente en el Senado en medio de la pandemia.

Ahora, la situación que intranquiliza a los jueces, fiscales y funcionarios con edad de jubilarse surge a partir de la resolución que tomó la ANSeS el pasado 8 de febrero que fija un “procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajuste de beneficios solicitados” por jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial.

Hace casi un año, el Gobierno de Alberto Fernández puso en marcha, sorpresivamente, un cambio en el régimen de jubilaciones para el ámbito judicial, aumentando el aporte de los magistrados al régimen jubilatorio y fijando en 65 años la edad de los hombres para jubilarse. La decisión implicó además que las jubilaciones pasara a pagarlas la ANSeS y no se tramitaran vía el Consejo de la Magistratura, como hasta ahora. Eso generó mucho malestar en los tribunales.

Ahora el organismo que conduce la kirchnerista Fernanda Raverta sacó esta resolución en donde establece que la presentación de un beneficio de jubilación podrá iniciarse una vez que “se haya presentado formalmente la renuncia y esta esté en proceso de aceptación”. Y señala que al momento de presentar el cese definitivo de tareas, se procederá a determinar el derecho a la prestación y la liquidación y el otorgamiento del beneficio.

Pero para aquellos jueces que se hayan jubilado antes de que cambiara la ley (y que siguen en funciones), la ANSeS estableció que “en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia”.

Y añadió: “De no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, pudiendo ocurrir que: 1.1. NO se encontraren observaciones, por lo cual se procederá al archivo de las mismas, con la consecuente modificación del estado de trámite a 83 “ARCHIVO S PRES. CESE”. 1.2. Se detectaren desvíos, debiendo adoptarse las acciones de rigor y eventualmente hacer uso de la facultad prevista en el artículo 15 de la Ley Nº 24.241, respecto de aquellos actos que pudieron haber sido emitidos durante el trámite”. El texto agrega que “de acreditarse la presentación de la renuncia, se reservarán las actuaciones hasta tanto el PODER EJECUTIVO NACIONAL la acepte, ante lo cual se procederá a la continuación del trámite de otorgamiento de la prestación”.

Por el momento, ningún funcionario había recibido la intimación de la ANSeS pero ya se hablaba de una nómina de más de 200 jueces. En esa versión sonaron los nombres de magistrados de Comodoro Py que están en la lista negra del kirchnerismo como Martín Irurzun o Leopoldo Bruglia, los fiscales Carlos Stornelli y Raúl Pleé o los camaristas de Casación Eduardo Riggi, Liliana Catucchi o Guillermo Yacobucci. Incluso, el procurador interino Eduardo Casal.

Sin embargo, resaltaron las fuentes consultadas por Infobae, en términos de edad y jubilaciones “acá no hay grietas” porque en esa lista también se incluirían funcionarios y jueces que podrían contarse como simpatizantes del oficialismo. Además, resaltaron, no se trata solo de Comodoro Py sino de todos los jueces federales y nacionales. Hasta ahora, ningún magistrado había recibido la intimación.

Enterado de la resolución de ANSeS, Gallo Tagle dijo a Infobae que lo que llama la atención es la forma “provocativa” en que está redactada la resolución, sumado a que interpretaciones periodísticas lo traducen como una nueva embestida al Poder Judicial.

En ese sentido, aludió a que hay jueces que creen que esta situación busca, en realidad, generar renuncias y conseguir ocupar vacantes. Además, dijo Gallo Tagle, sorprende que “esto se apure teniendo en cuenta la cantidad de vacantes que hay actualmente en el Poder Judicial y que obligan a que un juez esté, por ejemplo, en dos tribunales”. El titular de la AMFJN planteó además que “esta norma dispone algo inédito que no ocurre en ningún otro régimen jubilatorio del país: que un juez tenga que renunciar para obtener su beneficio jubilatorio”.

“Todo esto genera incertidumbre entre muchos magistrados que interpretan que existe un avasallamiento a beneficios concedidos y por eso hay un estado de alerta”, advirtió. Y eso le recordó cómo fue la actitud oficialista durante el trámite de la ley jubilatoria el año pasado. “Una ley promulgada a las apuradas, sin debate, en donde ya estaba todo resuelto y cuando pedimos ser oídos y marcamos algunos errores que tenía la redacción de la norma, no se corrigieron y fue votada y promulgada así”, afirmó Gallo Tagle.

En la Justicia, desde diciembre, hay una causa judicial que busca que se dicte la inconstitucionalidad del nuevo régimen de jubilaciones. Ahora, podría sumarse otra causa contra la nueva disposición de la ANSéS.

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