Las 10 claves de la economía de Carlos Menem

El balance de la sumatoria de los dos gobiernos de Carlos Menem, desde el 8 de julio de 1989 al 9 de diciembre de 1999, sin lugar a dudas va a encontrar detractores y respaldos, con un resultado final que quedará abierto.

A modo de apretada síntesis de un ciclo presidencial de un poco más de una década en el que se registraron, en el plano estrictamente económico, aciertos contundentes, como el relativamente rápido exterminio de la hiperinflación heredada, y fracasos en recuperar el valor de la moneda y un mercado de trabajo fuerte, en cantidad, productividad y capacidad de compra de los salarios.

En ese período se observaron, al menos, 10 “marcas propias”

1. Plan BB. El primer ministro de Economía, Miguel Ángel Roig, surgió del riñón de la multinacional Bunge & Born, y para asegurar de que no se trataba una elección basada en la persona, ante su muerte a la semana de funciones, lo reemplazó Néstor Rapanelli, otro ejecutivo de la corporación, quien en dos meses logró destrabar diversos créditos del Banco Mundial y que la entidad apoyara los procesos de privatización de servicios públicos encarados en el marco de la Ley de Reforma del Estado. Luego, Rapanelli firmó de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. La experiencia fracasó porque no pudo evitar un segundo episodio hiperinflacionario en menos de 6 meses de gestión.

2. Consenso de Washington. En un contexto internacional que marcaba la caída del bloque soviético, Menem rápidamente adhirió a las políticas del economista John Williamson, que justamente en 1989 propuso un conjunto de diez fórmulas específicas para que los para los países en desarrollo afectados por las crisis macroeconómicas, como un paquete de reformas fiscales, comerciales y laborales para estabilizar los precios, atraer la inversión extranjera; reducir el tamaño del Estado, e impulsar la expansión de las fuerzas del mercado interno.

3. Plan Bonex. El tercer ministro de Economía, Erman González, contador de la Universidad Nacional de Córdoba, ex secretario de Hacienda en la Municipalidad de La Rioja, y con un fugaz desempeño como vicepresidente del Banco Central y ministro de Salud y Acción Social, al cabo del primer semestre de gobierno de Carlos Menem, sorprende a los mercados con un plan de estabilización de precios basado en el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo en el sistema financiero, en su mayor parte colocados a 7 días, por Bonos Externos 1989, en dólares a 10 años de plazo.

4. Plan de Convertibilidad. Tras el escándalo conocido como Swiftgate, el entonces ministro de Relaciones Exteriores desde el inicio del gobierno, Domingo Cavallo, se convierte en el cuarto ministro de Economía del período el 1 de marzo de 1991, y logra que el Congreso vote una ley que establece la conversión fija de un peso por un dólar, la que se mantuvo pese a su debilitamiento hasta el fin del segundo mandato presidencia. El plan, que fue clave para cortar de raíz el proceso inflacionario, se completó con la exigencia de que todos los billetes en circulación estuvieran respaldados por reservas en divisas en el Banco Central; prohibió el financiamiento al Tesoro con emisión y también la indexación de los contratos entre privados en pesos, pero habilitó las transacciones en moneda extranjera.

5. Privatizaciones. Para reducir el déficit fiscal, Domingo Cavallo no sólo se abocó a “ajustes” en el Estado destinados a disminuir el gasto público real; sino que también avanzó con la política inicial del gobierno de Menem del plan de privatización y concesión que incluyó a prácticamente la totalidad de las empresas que desde la época de Perón eran propiedad del Estado. Entre los casos emblemáticos se destacaron Aerolíneas Argentinas y ENTel. Este plan derivó en una sostenida aceleración de la tasa de desempleo, al rango de los dos dígitos porcentuales, porque en paralelo no se generaron políticas orientadas a multiplicar los puestos de trabajo y dar respuestas a la creciente oferta laboral por la conjunción de un bajo poder de compra de los salarios e incorporación más intensiva de la mujer al mundo laboral rentado.

6. Suba del IVA. La rápida desinflación y reducción del déficit fiscal, a través de las políticas de estabilización y Reforma del Estado no evitaron las crecientes necesidades de financiamiento del gobierno y en 1994 se aprueba la elevación de alícuota del Impuesto al Valor Agregado de 18% al 21%, la cual persiste hasta el presente. Uno de sus tantos efectos negativos fue que intensificó el núcleo duro de economía informal, la cual en el mercado de trabajo se estima en 35% entre la ocupación asalariada, y más del 40% en el resto del mercado laboral y actividades productivas y del comercio.

7. Coparticipación. La reforma constitucional de 1994, diseñada para habilitar la reelección luego de su primer período de seis años, incluyó entre otras iniciativas aprobadas por la Convención Constituyente el debate de una nueva legislación de redistribución de los impuestos que cobra la Nación entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la exigencia, como toda Ley Marco, del voto afirmativo de las 24 jurisdicciones, determinó que aún se trate de una asignatura pendiente.

8. Apertura comercial. Una de las mayores críticas de la gestión de gobierno provino de los empresarios pymes y de los trabajadores, porque consideraron que el aumento de las facilidades para importar afectó severamente la competitividad de la producción nacional y desalentó la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, entre extremos, mientras que el PBI creció en pesos constantes a una tasa acumulativa anual de 4%, acumuló 48,3%, y en dólares cercana a 10%, fue de 152%, según la serie de las Cuentas Nacionales, las compras externas de bienes se expandieron desde un mínimo de USD 4.200 millones en todo 1989 a USD 25.508 millones 10 años después; en tanto las exportaciones no llegaron a triplicarse, pasaron de USD 9.491 millones a USD 23.309 millones.

9. Endeudamiento. En los primeros cuatro años de gobierno el plan de estabilización y de Reformas del Estado posibilitaron sostener la deuda pública en el rango de USD 54.000 millones, con alzas y bajas moderadas, aunque cae en términos de PBI de 48% a 23%; pero luego con la crisis del Tequila de fines de 1994 y principios de 1995, como se bautizó a la devaluación del peso mejicano y su propagación por el resto de Latinoamérica, ya en el segundo mandato y con la llegada al Ministerio de Economía de quien ocupaba la presidencia del Banco Central desde el 5 de febrero de 1991 hasta el 4 de agosto de 1996, Roque Fernández, acusó una aceleración hasta casi USD 90.000 millones; se frenaron las reformas en el Estado y se relajó la política fiscal, y subó hasta poco más de USD 121.000 millones, equivalente a 43% del PBI a fin de la segunda presidencia.

10. Tasas reales positivas. La estabilidad cambiaria y la seguridad jurídica que generaba la Ley de Convertibilidad posibilitaron la bancarización de la economía. El total de depósitos en pesos y en dólares pasó desde un mínimo histórico de 3,3% del PBI en 1989 a 24,7% una década después, mientras que los préstamos en pesos y dólares se elevaron en ese período de 4,6% a 24,9% del PBI.

Sin embargo, esos índices no sólo se mantuvieron muy por debajo del promedio mundial, e incluso de los que registraron Brasil, Chile y otros países de la región, sino que además no se tradujeron en mejoras de las facilidades para el crédito al sector productivo, porque el nivel de las tasas de interés fueron muy atractivas para el ahorrista, porque desde 1993 superaron en varios puntos porcentuales a la tasa de inflación; pero para el tomador de un préstamo se ubicaron en un rango mucho más elevado, en particular para las pequeñas y medianas empresas y el consumo personal.

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