“Por la boca muere el pez”, la popular expresión marinera se puede aplicar de manera perfecta a la figura de Jorge Omar Castillo, el autodenominado “Rey de La Salada”, el complejo comercial que supo ser la feria ilegal más grande de América Latina.
El empresario, que sigue en prisión domiciliaria mientras espera su juicio oral por el presunto delito de evasión impositiva, había realizado fuertes declaraciones en contra de la intendencia de Lomas de Zamora -dónde está anclado el centro comercial- y de su alcalde, Martín Insaurralde, a quien acusó, por ejemplo, de haber estado detrás del “armado” de sus causas, y por las políticas adoptadas en el complejo de ventas en el marco de la pandemia por el Covid-19.
“Son ellos los que dictaron el protocolo y ahora no mandan gente para hacerlo cumplir”, se había quejado Castillo que se presentaba ante los medios como “coordinador” del centro comercial que funciona a la vera del Riachuelo-Matanza. La respuesta no se hizo esperar, los representantes legales del lugar se reunieron de forma urgente y decidieron su expulsión.
“El señor Jorge O. Castillo no representa legalmente, ni tampoco el interés, de ninguna de las personas jurídicas y humanas firmantes de la presente nota”, sostienen en la misiva que le hicieron llegar a Insaurralde a través de la mesa de entrada de la Secretaría de Gobierno.
Lo firman los miembros de las Ferias Urkupiña, Ocean y Punta Mogote; y de las Galerías Comerciales Salus SRI, Alexis Poma, Chipana Cusi, Galerías San Jorge, El Trébol, El Imperio, Quivincha, Colores, Arco Iris, Unión Tunari S.A, Cooperativa 27 de Mayo y Atlántida.
Castillo, el ahora ex administrador de La Salada, tiene patentadas 23 marcas, la mayoría de ropa, 14 empresas y además era el accionista mayoritario de la Feria Punta Mogote, lugar del que también fue desplazado.
De hecho, en la carta que publica Infobae se puede observar que el representante legal de esa sociedad, afirma que desconoce al Castillo como coordinador de La Salada.
El cuestionado empresario cayó en desgracia la madrugada del 21 de junio de 2017. Ese día, cientos de efectivos de la policía bonaerense y de fuerzas de seguridad federal, realizaron 55 allanamientos simultáneos, entre ellos, en su chacra de la localidad de Open Door, partido de Luján, donde dormía junto a su familia.
Cuando los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) derribaron la puerta de su dormitorio, se defendió disparando con una escopeta. El tiro impactó en el escudo de policarbonato uno de los efectivos y las esquirlas le lastimaron el ojo derecho.
Ese día también fueron arrestados varios familiares del entonces administrador del paseo de compras como su hermano, su cuñado y dos sobrinos.
En las oficinas de Castillo los investigadores encontraron armas de guerra, papeles, joyas y unos $11 millones repartidos en una decena de cajas fuertes.
Los arrestos los había ordenado el Fiscal General Adjunto del Distrito Judicial de Lomas de Zamora Sebastián Scalera.
Mientras la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad Cristian Ritondo presentaban el operativo como “exitoso”, y afirmaban que era un duro golpe contra “las mafias”, y las cámaras TV mostraban como las topadoras derribaban los puestos callejeros metálicos ubicados en los alrededores de la feria popular, el fiscal afirmaba que Castillo era el jefe de una asociación ilícita, que regenteaba una “feria paralela en la vía pública”, que ordenaba “coacciones”, “robos” y otras actividades ilegales.
Dos años después, el 27 de octubre de 2019, el acusado de liderar organizaciones que “explotaban ilegalmente los puestos de la feria de Lomas de Zamora”, fue beneficiado con prisión domiciliaria. Lo decidió la Sala III de la Cámara de Apelaciones de lomense al hacer lugar a un planteo de la defensa de Castillo y dispuso que sea monitoreado a través de una tobillera electrónica.
”La resolución de la Cámara muestra que al menos una de las imputaciones que tenía Castillo estaba basada en pruebas falsas y con testimoniales que fueron direccionadas por el fiscal Scalera para perjudicarlo”, dijo en ese momento su abogado, César Albarracín.
Castillo está convencido de que su imperio cayó porque al menos dos de sus socios -los nombres se preservan- acordaron aportar datos a la Justicia que terminaron con sus huesos en la cárcel. Esta supuesta traición, en la cual involucra a varios de sus abogados, que terminó echando, fue para quedarse con el negocio.
Al parecer, se trataría de algunos de los accionistas que ahora administran Punta Mogotes.
El escrito elevado al intendente Insaurralde, también sostiene que: “Dejamos constancia que desde el inicio de la pandemia COVID-19, todas las internadas y galerías de La Salada estuvimos cerradas y que desde ese momento mismo hubo comunicación directa y permanente con el municipio. En particular, destacamos y agradecemos la ayuda que se brindó a los trabajadores más necesitados mediante la entrega de bolsones de alimentos, como así también la eximición de la tasa de seguridad e higiene por todo este período”, destaca la misiva que pone distancia entre los actuales directivos de la mega feria, y quien supo ser el hombre fuerte del lugar.
La carta también abre las puertas para que ahora, sin el cuestionado empresario coordinando las actividades del lugar, el municipio y los accionistas puedan trabajar de manera conjunta, como más de una vez había solicitado públicamente Insaurralde, sobre todo en momentos en que la Justicia investigaba presuntos delitos que ocurrían dentro de La Salada, como evasión impositiva, violación a la ley de marcas, crímenes, estafas y hasta reducción a la servidumbre.
De esta manera la feria popular vuelve a ser conducida por los accionistas o representantes que supieron hacerlo antes que Castillo tomara las riendas del lugar.
Entre ellos, Enrique “Quique” Antequera socio mayoritario de la feria Urkupiña, quien, como Castillo, fue detenido, pero el 10 de agosto de 2017. El otro Rey de La Salada -el dice ser el fundador del paseo de compras- fue acusado de ser el líder de una segunda asociación ilícita que supuestamente manejaba la venta clandestina en un sector del lugar.
Antequera, espera su juicio oral bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Lo llevará adelante por el Tribunal Oral Número 9 de Lomas de Zamora que aún no fijo fecha.
Antequera insiste en su inocencia y afirma, como Castillo, que se trató de un armado político y judicial para quedarse con la “recaudación” del paseo de compras. Ambas defensas -la suya coordinada por el abogado penalista Lucio De La Rosa- denunciaron, por separado, al fiscal que los acusó ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, dependiente del Senado de la provincia de Buenos Aires.
Consideran que Scalera “cometió faltas en el ejercicio de su función, fundamentalmente en la Investigación Penal Prepatoria”, en la que fueron imputados y procesados Antequera por un lado y Castillo por el otro. Las denuncias contra el fiscal investigador no prosperaron.
El escrito de los accionista de La Salada a la intendencia de Lomas de Zamora “despegándose” de Jorge Omar Castillo no es nuevo. Está fechado el pasado 15 de octubre, pero tomó estado público los últimos días.
Sucede que el empresario continúa hablando como si aún mantuviese el poder en La Salada, pero el rey perdió su trono.
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