Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, comenzará el miércoles a ser juzgada por presunta corrupción durante su paso por el cargo. Está acusada de haber utilizado fondos públicos de la Secretaría para gastos personales como viajes para familiares, flores y bombones.
Picolotti será juzgada desde los Estados Unidos donde vive desde 2015 cuando comenzó a trabajar para un asociación de defensa del medio ambiente, su especialidad. Por la pandemia del coronavirrus, el Tribunal Oral Federal 6 la autorizó a realizar el juicio desde allá por videoconferencia, sistema que utilizarán todas las partes. La audiencia comenzará a las 10.
La ex funcionaria, quién estuvo en el cargo de 2006 a 2008, está acusada del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión, concretamente por haber utilizado fondos de la Secretaría para gastos personales que llevan su firma como aval. Entre ellos vuelos oficiales en los que viajaron familiares, regalos personales como flores, comidas y bombones. Uno de los gastos más llamativos fue por $77,50 en “Hooters”, un bar que atendido por mujeres semidesnudas. Cuando la jueza federal María Servini envió en julio de 2015 la causa a juicio describió: “Este comprobante posee escrito en su parte superior ‘Muchas Gracias!!!!’ con signos de exclamación, a modo de cómplice agradecimiento por parte de quien concurrió al local e hizo los consumos con dinero público”.
En la causa constan cerca de mil tickets de gastos de la Secretaría de los cuáles no todos son personales o injustificados. Si en el juicio se determina la responsabilidad de Picolitti además de a una pena de prisión puede ser condenada a devolver el dinero que se gastó de manera injustificada.
Experta en derecho ambiental, Picolotti tuvo protagonismo por su oposición a la instalación de la papelera Botnia en la ciudad de Fray Bentos sobre el río Uruguay y fue una de las representantes del país ante el Tribunal Internacional de La Haya, hasta donde llegó el conflicto.
El juicio oral debería haber comenzado mucho tiempo atrás pero por distintos motivos se fue postergando. Y el inicio coincide con la presidencia de Alberto Fernández, de quien dependía funcionalmente Picolotti cuando estaba en el gobierno y quien era su principal apoyo. “Se copió una carpeta que estaba dando vueltas, que no era más que una operación política para lastimar a una funcionaria del Gobierno”, dijo Fernández en julio de 2007 en una conferencia de prensa con Picolotti tras la publicación del diario Clarín sobre las irregularidades. En 2014, cuando la ex funcionaria fue procesada en la causa, Fernández, ya alejado del kirchnerismo, dijo que debía dar las explicaciones necesarias y que la imputación por la que fue procesada era por un tema que él desconocía.
La entonces presidenta Cristina Kirchner le pidió a Picolotti la renuncia en diciembre en 2008 ya cuando Fernández no estaba en el gobierno. Actualmente la ex funcionaria reside en Miami y trabaja en el Institute for Governance and Sustainable Development.
La residencia de Picolotti en Estados Unidos fue un punto de conflicto entre la defensa y el fiscal del juicio, Diego Luciani. La Fiscalía se opuso a que Picolotti continúe viviendo allí y pidió que regrese al país para ser juzgada. Inclusive en una oportunidad señaló que la ex funcionario no cumplió con informar a lugares a los que viajó. El Tribunal Oral, entonces con otra integración, avaló por cuestiones laborales su continuidad en Estados Unidos.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces subrogantes Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel. El fiscal será Luciani y la única acusada es Picolotti, quien es defendida por el abogado Felipe Tucco. Infobae se comunicó con la defensa para conocer su postura sobre la acusación pero dijeron que por el momento no iban a hacer declaraciones.
Por la pandemia del coronavirus la audiencia será virtual. Se hará por la plataforma Zoom a la que se conectarán todas las partes. La semana pasada se hizo una de prueba. Está previsto que declaren 70 testigos y una posible fecha de veredicto dependerá, explicaron las fuentes, de la dinámica que tenga el proceso: la extensión de los testigos, si algunos son desistidos durante el juicio y la agenda del tribunal ya que los tres jueces integran otros tribunales orales. Las audiencias serán los miércoles.
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