Cuál fue la estrategia del gobierno de Axel Kicillof para desactivar la protesta de un grupo de policías bonaerenses

La semana estuvo cargada de tensión. Un sector de la policía bonaerense convocaba a través de las redes sociales a protestar por el “incumplimiento” de la promesa del gobernador Axel Kicillof de equiparar los salarios de la policía bonaerense con los de sus pares federales, entre otros 20 puntos.

De manera simultánea, en Rojas, un oficial que ingresó a la fuerza en 2015 degolló y apuñaló a su ex pareja de 18 años, Úrsula Bahillo. Vecinos y seres queridos de la víctima de femicidio se congregaron frente a la comisaría local para pedir Justicia. Hubo corridas, pedradas, balazos de goma y un patrullero incendiado. Los incidentes incluso obligaron al ministro de Seguridad, Sergio Berni, a recorrer los más de 260 kilómetros que separa a La Plata del partido de Rojas.

Una vez allí, Berni en persona, se encargó que saliesen a la luz las denuncias que la víctima había realizado ante la Justicia y la tardanza de esta en reaccionar. Fueron expuestos los nombres del juez de paz y de la fiscalía. Así el tema pasó de lo policial a los judicial.

En La Plata plantean que ambos conflictos pudieron ser contenidos gracias a una rápida reacción política y a la intervención de la cúpula policial, a cargo del comisario general Daniel García, que actúa en tándem con Berni.

Alberto Fernández, el presidente de la Nación, estuvo informado todo el tiempo sobre el conflicto policial. El episodio anterior había derivado, de forma inesperada, en una especie de asonada policial frente a la quinta presidencial de Olivos.

Unos 500 efectivos, la mayoría pertenecientes a la Superintendencia AMBA Norte, batían parche vestidos con uniforme, armados y en patrulleros, no solo por los bajos salarios, sino por una mejor atención médica, chalecos vencidos y móviles rotos, entre otras cuestiones.

Las reclamos se acallaron cuando el primer mandatario le quitó más de un punto de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires y unos $30.000 mil millones, terminaron en manos de Kicillof para invertir en seguridad. Ese conflicto ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rápido de reflejos, el gobernador giró unos $7.000 millones a las intendencias de los 24 distritos del Conurbano. Por lo general, los alcaldes no recibieron el dinero en efectivo. Llegaron en forma de patrulleros, camionetas, motos, cámaras de seguridad, y refacción de comisarías o promesas de obras como alcaldías.

García, que en sus 35 años de servicio estuvo a cargo de los destinos “pesados” como San Martín -después del encubrimiento policial por el crimen de Candela Sol Rodríguez-; o La Matanza -cuando se conoció que un comisario de esa seccional y un funcionario local formaban parte de una banda de secuestradores y extorsionadores-; pero que además conoce de primera mano los entretelones de la rosca política del conurbano, detectó que en la revuelta policial de septiembre, había intendentes que fogonearon el conflicto a través de sus comisarios y subcomisarios allegados.

Por su parte, Berni le acercó a Kicillof el nombre de los alcaldes que jugaron en contra. En la lista no estaban solo los previsibles apellidos vinculados a la oposición, sino también destacados integrantes del PJ bonaerense que ven el Ministro, una sobra a sus propias aspiraciones para suceder en un futuro a Kicillof.

La reacción fue instantánea, por un lado Berni desplazó parte de la cúpula policial que no se había alineado detrás de García, a quien confirmo en el cargo, junto a su segundo, el comisario general Jorge Figini. La limpieza fue a partir del tercer cargo en importancia.

A García le tocó castigar con destinos menos cómodos o pasar a retiro, a los altos jefes alineados con los intendentes “que jugaron mal”.

El gobernador, que por entonces mantenía contactos casi a diario con el Presidente y con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, utilizó la discrecionalidad que le permitía el reparto del millonario presupuesto para castigar o beneficiar a los alcaldes.

Los que “jugaron bien” recibieron prontamente patrullas y efectivos para mejorar la seguridad de los barrios, que se veían golpeados por el delito a medida que se abría la estricta cuarentena y aislamiento social por la nueva pandemia del coronavirus.

En cambio, los otros, debieron esperar para recibir los beneficios que otorga el “fortalecimiento del equipamiento de seguridad”. Esperaron pero finalmente los móviles y cámaras de seguridad, lectoras de patentes y cámaras de reconocimiento facial terminaron llegando, muchas veces junto a la presencia de la dupla Kicillof-Berni en el distrito.

Esa fue una de las claves del fracaso de la nueva protesta convocada para el jueves pasado. Esta vez, ni un solo alcalde apoyó desde las sombras la pretendida nueva asonada policial.

Existieron al menos otros tres factores para que ningún uniformado saliese a protestar. Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura policial, instalada desde hace un año en Puente 12, en La Matanza, un equipo se encargó de monitorear las redes sociales a través de las cuales los “voceros” arman las convocatorias y los “petitorios fantasmas”, como los llaman.

El Facebook de SIPOBA, una asociación civil denominada Sindicato de la Policía Bonaerense, que en realidad no tiene ningún tipo de representación gremial pero que pretende actuar como tal, y otros sitios como “Policía Reclamando”, “Movimiento Policial Democrático” o “Somos Policías”, fueron vigilados. Allí aseguraban que Kicillof y Berni no cumplieron con las promesas del año pasado y denunciaban el retraso en los salarios de la policía bonaerense comparados con los de la Federal.

A mediados del mes pasado, el gobernador Kicillof anunció un nuevo aumento de salarios para la fuerza de seguridad. Fue de un 6,8% retroactivo a diciembre. Con ese monto, los agentes recibieron una suba acumulada del 43,3%, algo inferior al 50% prometido por el ministro y con lo cual se equipararía al sueldo al de la Policía Federal.

De esa manera, el sueldo básico de bolsillo alcanzó los $46.230, que llega a los $51.000 para los recién ingresados si se tiene en cuenta la actualización en la “compensación por uniforme” que pasó de los $1.130 mensuales a los $5.000.

Con todo, los haberes que reciben los policías bonaerenses no alcanzan aún el de sus pares federales. En la PFA, el sueldo básico de un agente recién ingresado es de $ 67.509 según informa la propia fuerza desde su página web.

A diferencia del 2020, Berni y García, no dejaron que el conflicto escale. Lo expusieron de inmediato. Se encargaron de difundir que, por ejemplo, ya habían presentado una denuncia por posible “instigación pública a cometer delitos”, en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y que el expediente era el número 40493/2021. Es decir que ya se había judicializado la pretendida protesta.

O que en el juzgado federales de San Isidro se estaba por llamar a declaración indagatoria a los policías que habían protestado frente a la Residencia de Olivos haciendo abandono de sus servicios o que llegaron allí con los móviles que debían estar brindando seguridad en las calles.

En concomitancia con esto, y con el visto bueno de Kicillof y Berni, la Auditoría General de Asuntos Internos, “desafecto” de sus servicios el 8 de febrero a esos uniformados, que eran más de 400 uniformados, por violar el decreto 1050/09.

Esta es una norma que regula el funcionamiento de la Policía bonaerense y establece en qué caso un efectivo puede ser sancionado. La medida fue una de las más graves. Sacarles el arma, la identificación y desafectarlos del servicio mientras se termina la investigación y después expulsarlos de la fuerza. También se anunció que la misma suerte podían correr otros 1.500.

Berni, fiel a su estilo, no se privó de atacar a los instigadores de la movilización. Lo hizo durante la entrega de patrulleros en Florencio Varela, el 10 de febrero, un día antes de la pretendida protesta: “Son ex policías echados de la fuerza por ladrones”, dijo.

Todas estas presiones, la política, la presupuestaria, la judicial, la amenaza de expulsión de la fuerza, terminaron venciendo cualquier atisbo de rebelión, al menos por ahora.

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