El caso del espionaje ilegal que se abrió en Lomas de Zamora pasará a ser investigado en los tribunales de Comodoro Py. Así lo resolvió hoy la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de la causa que tiene como acusados a los ex directivos de la AFI macrista y a un grupo de agentes, y en donde se presentaron como querellantes desde la vicepresidenta Cristina Kirchner hasta la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
El caso quedará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. El fiscal será Carlos Stornelli. La jueza había rechazado la investigación, pero la apelación de la fiscalía, de las defensas de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex jefes de la AFI, y también la de ex funcionarios macristas abrieron el camino para que el caso quedara finalmente en los tribunales de Retiro.
La decisión de Casación llega cuando en Lomas de Zamora se debía definir el pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Eyherabide para que se dictaran 38 procesamientos por asociación ilícita y espionaje, entre los cuales estaban Arribas, Majdalani, el ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz, su grupo de agentes -entre los que estaban Facundo Melo y Leandro Araque-; y la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo. Para el ex secretario de Mauricio Macri Darío Nieto, la fiscalía había pedido la falta de mérito. En la lista de pedidos de procesamientos también aparece el ex director del Servicio Penitenciario Federal Emilio Blanco, entre otros penitenciarios.
Todo versa sobre presuntas maniobras de espionaje ilegal, una investigación que nació en Lomas de Zamora y se divide en tres partes: la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria; el espionaje ilegal a dirigentes opositores al macrismo, como Cristina Kirchner y Hugo Moyano, y oficialistas como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, en donde ya se concretaron indagatorias que incluyeron al secretario de Mauricio Macri Darío Nieto; y una tercera parte sobre el capitulo de los llamados presos K.
El caso de CFK en el Instituto Patria tramitó ante el juez Juan Pablo Augé tras una denuncia de la titular de la AFI Cristina Caamaño. La segunda parte de la causa (los políticos y lo presos) se radicó primero ante el juez Federico Villena cuando un narcotraficante aseguró que había tenido que poner un artefacto explosivo en la causa de un político y eso derivó en una megainvestigación en donde quedó al descubierto un grupo de espías que, bajo una sala de WhatsApp llamada “SuperMarioBross”, compartían vigilancias y seguimientos a la casa de diferentes políticos, jueces, periodistas y gremialistas. Hasta la hermana de Mauricio Macri fue espiada.
Lo cierto es que el caso se instruyó en los tribunales de Loma de Zamora. Cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner fue a declarar como querellante y presenciar las pruebas, grabó un video en donde disparaba sobre Comodoro Py y las causas en su contra. Ahora, esta investigación dejará Lomas de Zamora y se instalará en los tribunales de Retiro.
La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Angela E. Ledesma -que votó en disidencia-. Tanto el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé como los jueces de la Cámara Federal Porteña, que plantearon ante Casación el conflicto, coincidieron en que la causa no se puede dividir y que debe realizarse una investigación conjunta.
Según el fallo de Casación, el caso no podía seguir investigándose en Lomas de Zamora. Es que en la Capital Federal se encuentra la sede de la AFI, centro de operaciones. También en CABA están los domicilios supuestamente espiados, como el particular de la Vicepresidenta o la sede del Instituto Patria.
Los jueces Borinsky y Carbajo explicaron que las causas debían continuar tramitando de modo conjunto ya que su escisión traería aparejado un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio, ya que los abogados deberían defenderse ante dos jueces distintos que podrían tomar decisiones distintas e incurrir en sentencias contradictorias. Y añadieron que, de acuerdo a la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación, la competencia criminal en razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha llevado a cabo el delito.
No obstante, el fallo subrayó que el cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas. Así las cosas, convalidaron los allanamientos que la justicia federal de Lomas de Zamora efectuó sobre el domicilio de Nieto, secretario privado del ex presidente Macri. Nieto tiene un pedido fiscal de sobreseimiento, aunque querellantes de ex funcionarios kirchneristas pidieron procesarlo.
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