El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió un nuevo reclamo judicial por las restricciones sanitarias implementadas para prevenir el coronavirus. Esta vez, la Fundación LED interpuso una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, donde solicita a la provincia el ingreso de periodistas para que se cumpla el derecho a la información, sin tener que someterse a una cuarentena estricta en los centros estatales de aislamiento.
La demanda apunta a que el gobierno de Insfrán suspenda la aplicación y declare la inconstitucionalidad de la resolución 2/2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que impone restricciones a la circulación. Y solicita que “se garantice el derecho de la población a la libertad de expresión mediante el correcto acceso a la información garantizado por la constitución nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran”, junto a la derogación de cualquier otra medida o protocolo adoptado que implique una traba a la libertad de expresión.
El planteo surgió a raíz de las notas publicadas en el diario La Nación el domingo y lunes pasado, firmadas por la periodista Inés Beato Vassolo, quien no pudo traspasar el límite desde Chaco para reportar sobre la situación de la provincia de Formosa en el marco de la pandemia.
Desde un primer momento, la actividad de los medios de comunicación fue declarada como “esencial” desde la implementación del primer decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
“Es inconcebible que no dejen entrar al territorio formoseño a periodistas de medios nacionales o de otras provincias. La libertad de expresión no admite fronteras, es un derecho garantizado por la Constitución Nacional”, sostuvo la presidenta de la Fundación LED, Silvana Giudici.
A través de un comunicado, Giudici cuestionó que, “aunque las autoridades provinciales se autoproclamen emperadores y dicten normativa local para cercenar la libertad de prensa, prohibiendo a los periodistas locales hacer preguntas y a los medios nacionales ingresar a la provincia, no tienen facultades para hacerlo”.
Según el comunicado, a raíz de las restricciones como las que aplica Formosa, “los ciudadanos en general se ven afectados en su derecho a recibir información”. Y pone como prueba que existe una prohibición de ingreso explícita a los trabajadores de prensa en relación a “lo manifestado por el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, que pidió que los periodistas hagan sus preguntas por correo electrónico”.
Por lo tanto, la Fundación LED solicitó a la Corte que “ordene sin más trámite la medida precautoria que se solicita, de carácter innovativa, con el objeto de que no se apliquen las normas constitucionalmente cuestionadas y también se permita a los afectados a circular por el país (Provincia de Formosa), trabajar como periodistas o como trabajadores de prensa y de medios audiovisuales y poder informar a la población. Asimismo se garantice el derecho de la población a poder informarse”.
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