Ajuste y elecciones: el Gobierno emite señales contradictorias sobre la negociación con el FMI y presiona por los precios

El kirchnerismo duro mira cada vez con mayor prevención las tratativas con el FMI. La advertencia de Cristina Fernández de Kirchner ya estaba implícita en su última carta, cuando señaló el foco que debería tener el Gobierno frente al ajuste. La obviedad es que se trata de un año electoral, pero el tema es más profundo porque resulta un mensaje indicativo para el mundo económico en general. Aflora la idea de las grandes confrontaciones, como núcleo conceptual y no sólo de campaña. Y en ese paño, hay quienes imaginan desde dilatar las conversaciones con el Fondo hasta reclamar plazos que superan las normas del propio organismo.

Lo más curioso de este cuadro es lo que refiere a la política exterior. La lectura allí es más compleja. La negociación con el FMI aparece hasta aquí como tema dominante en la agenda diplomática del Presidente, casi a la par de la búsqueda imperiosa de vacunas. El Gobierno vivió con expectativas el cambio de administración en Estados Unidos y Alberto Fernández envió varias señales a Joe Biden, con la esperanza de apoyo determinante en la conducción del Fondo. En la misma línea, buscó capitalizar los vínculos con otros países de peso, como Alemania y Francia. Hubo llamadas recientes.

Pero casi al mismo tiempo, el oficialismo comenzó a dar indicios de que las tratativas podrían ir bastante más allá de mayo, mes que aparecía como plazo razonable para tener al menos muy encaminado un acuerdo, despegado de las elecciones. La actitud de Kristalina Georgieva siempre es de colaboración, aunque con advertencia previsible y frase remanida: apeló a aquello de que se necesitan dos para bailar al tango. Es, en definitiva, una cuestión de voluntad política y eso es lo que empezaría a estar en discusión o condicionado por estas horas.

De los dos formatos básicos en el menú del Fondo, el que le cabría por el nivel de endeudamiento y de hecho comenzó a discutir el Gobierno es un programa o acuerdo de facilidades extendidas. Eso, se sabe, viene con demandas de reformas estructurales en rubros sensibles, no sólo el déficit, como el sistema previsional -que ya viene con ajuste- y la legislación laboral. El contexto y también la voluntad política de los principales socios del organismo podrían atemperar las exigencias -era la esperanza inicial- pero no el tipo de trato.

Pesa por supuesto el marco de la pandemia del coronavirus. No es nuevo, aunque aparecería ahora como argumento de un giro para correr en el tiempo, hasta después de octubre, cualquier firma de un nuevo compromiso con el Fondo. Pero aún en esa hipótesis, no se agotaría la cuestión en el plano doméstico del oficialismo. Con lo cual, se añade alguna incertidumbre hacia la economía en general. Si las tratativas con el Fondo -después y en la misma línea que la renegociación con los acreedores externos- eran exhibidas como un elemento positivo hacia empresas, mercados e inversores, un cambio en ese terreno podría tener lectura inversa.

En los últimos días, desde el kirchnerismo duro se insiste con la necesidad de centrar el reclamo al Fondo en su responsabilidad por el endeudamiento durante la gestión macrista. Ese argumento fue tomado incluso por el Presidente, desde la época de la campaña, pero no asomaba en la relación de negociaciones “cordiales” con la gestión de Georgieva. En medios kirchneristas, le atribuyen a CFK insistir con esa posición. Y algunos le agregan la idea de plantear un entendimiento no por diez sino por veinte años. Demandaría un cambio de normas, incluyendo además una prolongada postergación de pagos que debería aliviar el camino para afrontar los bonos de la renegociación con los privados.

Por supuesto que lo que ocurra en este terreno repercutiría en el plano interno. No es el único ingrediente, cuando la razonable búsqueda de compromisos para contener la escalada inflacionaria añade una lectura de las responsabilidades lejos de la gestión de Gobierno. Y eso, a pesar de que la convocatoria a un compromiso empresarial y sindical destaca, en la letra, un objetivo macroeconómico amplio que naturalmente contemplaría los rubros fiscal, monetario y cambiario.

Fuera de la letra, pesan los gestos que se van sucediendo cada vez con mayor sentido electoral. Por supuesto, cualquier medida o intento en esta época queda teñido por el calendario de los comicios, aun incierto cuando se discute la vigencia de las PASO. Y las fechas. Hay algo que está más allá de la propia voluntad presidencial: la vacunación y la inflación asoman como principales indicadores del humor social. Lo dicen el sentido común y las encuestas que consume la política con interés creciente. Economía (inflación, empleo), corrupción, pandemia e inseguridad. Así lo expresan últimos sondeos, entre ellos los de Aresco y Management & Fit.

Para tratar de “alinear políticas y expectativas” con el Presupuesto 2021, el Gobierno convocó para hoy a una veintena de dirigentes sindicales como jefes de gremios, lo cual le permitió llamar a la conducción de la CGT, con Héctor Daer y Carlos Acuña, a los referentes gordos e independientes que sustentan la actual conducción, y al moyanismo, además de dirigentes de la CTA. El turno de los empresarios será mañana, por peso de sus compañías y no como cámaras.

Serán fotos y mensajes para poner en marcha un mecanismo que debería cristalizar después en entendimientos sectoriales. La guía está planteada en el Presupuesto, que anota una inflación del 29 por ciento. Un dato incierto, pero que debería funcionar como contención en la mirada oficialista. Habrá que ver cómo cierran esas tratativas y cómo funcionan las políticas macroeconómicas referidas en la convocatoria.

Pero en paralelo, aparece un elemento que podría tener dos sentidos: el primero sería electoral y el segundo, más grave, podría tener objetivo amenazante o disciplinante. A los reclamos dirigidos a empresarios en general por las cifras de inflación -en especial, la de diciembre y la que será anunciada mañana, sobre enero-, se suma la advertencia a los sectores agropecuarios acerca de una posible suba de retenciones para frenar, se dijo, el efecto del aumento de precios internacionales sobre el mercado interno.

Por supuesto, existe modo de medir el real impacto de esos productos en los precios pagados en los supermercados. Y también los procesos de formación de precios. Pero no es esa la discusión. El ministro Matías Kulfas descalificó el rechazo de las entidades de productores agropecuarios vinculando a algunos sectores con la oposición. Y el senador Oscar Parrilli los acusó de “llenarse los bolsillos y llevarse las divisas afuera”. La construcción del enemigo también es una vieja fórmula de campaña. Y el eco de mensaje trasciende a los ruralistas.

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