El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar a 400 policías que participaron de las protestas frente a la Quinta de Olivos realizadas en septiembre del año pasado en medio de un conflicto salarial. La decisión fue confirmada por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien aseguró: “Todos los que fueron sumariados es porque no cumplieron con su deber; el que los castiga es la ley, no Asuntos Internos”.
La decisión surge a pocas horas de una nueva protesta de miembros de la fuerza que están reclamando aumentos de salarios. De hecho, en la administración bonaerense especulan con que estas nuevas manifestaciones habían sido anunciadas porque sabían que serían sancionados los efectivos que el año pasado estuvieron en las calles para exigir aumentos de sueldos y mejoras de las condiciones laborales.
Según confirmó el ministro de Seguridad Sergio Berni a Infobae, la lista de oficiales y suboficiales sancionados será superior a los 1.700 y está encabezada por los uniformados que el 9 de septiembre rodearon la Quinta presidencial de Olivos. Hasta el lugar llegaron con los móviles policiales que debían estar recorriendo las calles, armados y hasta con uniformes.
En ese momento, el ministro de Axel Kicillof tomó esa manifestación como “una provocación”, una “extorsión” y una “amenaza” y anunció ante las cámaras que serían sancionados.
“No cumplo ningún petitorio, estamos haciendo lo que se debe hacer”, añadió Berni ante Infobae. Fuentes oficiales informaron a este medio que ya fueron emitidas las cédulas de notificación para cada oficial desafectado. De acuerdo a documentación interna firmada por el auditor sumarial Joaquín María García y fechada el 8 de febrero, la sanción fue adoptada en “presunta infracción al decreto 1050/09″. Se trata de una norma que regula el funcionamiento de la Policía bonaerense y establece en qué caso un efectivo puede ser sancionado. La medida adoptada en este caso es una de las más graves.
Aquella protesta en Olivos formó parte de una ola de reclamos que se extendió durante varios días y que se destrabó luego de que el presidente Alberto Fernández le recortara fondos de coparticipación al gobierno porteño para financiar un aumento de salarios. Esa poda de recursos a la Capital Federal está siendo discutida en la Corte Suprema de Justicia.
La desafectación de servicio de los más de 400 efectivos se realizó a través de 9 resoluciones que de manera consecutiva van del número 0460 al 0469. En cada una de ellas figura el nombre del agente, la jerarquía que ostenta y el número de legajo.
En el “considerando”, la resolución, firmada por el Auditor General de Asuntos Internos, Darío Ricardo Diaz, se aclara que las actuaciones contra más de 1700 -pero ya se resolvió sobre más de 400- efectivos se encuentra “en plena etapa investigativa” y que, de las pruebas hasta ahora reunidas, “se desprende que los efectivos en cuestión (por los sancionados), en fecha 9 de septiembre de 2020 habrían mantenido una conducta que prima facie encuadraría en los artículos 194 incisos “a”, V y “d”, 198 inciso “h”; 202 inciso V y 208 inciso “h” del Decreto 1050/09, toda vez que los efectivos mencionados se hicieron presentes en la Residencia Presidencial -ubicada en Avenida Maipú entre las calles Maiayer y Villate de la localidad de Olivos, con la finalidad de participar de una protesta cuyo fin era solicitar mejoras en sus condiciones laborales, protesta que se llevó adelante afectando la prestación normal del servicio y/o excediéndose del ámbito de sus funciones y competencias, siendo canalizadas en horario de servicio y a bordo de móviles policiales pertenecientes a la flota de las dependencias policiales en las cuales prestan servicios”.
Por esa razón, continúa la resolución, “los efectivos nombrados han cometido un hecho de extrema gravedad institucional ya que han circulado por el perímetro dé la Residencia Presidencial, tanto a pie como a bordo de móviles policiales, en una clara intención de erosionar la figura presidencial, todo en el marco de un reclamo que ha tomado estado público a nivel nacional”.
El escrito también aclara que una de las razones por las cuales se retira de servicio al personal sancionado es para “evitar el posible entorpecimiento de la investigación”.
Berni aclaró también que la justicia está avanzando, ahora que terminó la feria judicial, con las denuncias que el ministerio de Seguridad realizó una vez finalizada la protesta. “Por normativa, una vez que el juez o el fiscal los llame a indagatoria hay que desafectarlos del servicio”.
Al consultarlo por el cumplimiento o no por parte de las autoridades provinciales del petitorio entregado el año pasado por los policías “rebeldes” a través de los abogados que oficiaban de intermediarios, respondió de manera tajante: “No cumplo ningún petitorio , estamos haciendo lo que se debe hacer”.
La protesta de 2020
El momento de mayor tensión en los pasados reclamos se registró el 9 de septiembre cuando una veintena de patrulleros rodearon la residencia presidencial. Al otro día, los casi 2500 agentes decidieron dejar a un lado los reclamos. Fue porque el propio gobernador anunció que sus sueldos serían equiparados a los de la Policía Federal; que recibirían un plus para la compra de uniformes y que con parte de la coparticipación federal que el gobierno nacional le quitaría a la Ciudad de Buenos Aires se adquirirían móviles, cámaras de seguridad y se realizarían obras de infraestructura.
En el petitorio presentado a las autoridades por parte de los policías “rebeldes”, figuraba que ninguno de los que participaron de las protestas fueran sancionados. Ni Berni, ni el jefe de policía, comisario general Daniel García, se comprometieron a eso, según lo que ellos mismos le dijeron a Infobae.
“Los sancionados están recibiendo las notificaciones en estos momentos, esta es una resolución de la Auditoría de Asuntos Internos, no de la justicia, donde hicimos la denuncia en su momento”, le explicó Berni a este medio.
“Por ahora el auditor general, Darío Ricardo Díaz, resolvió desafectarlos, es decir que entreguen arma, placa y separarlos de sus labores; ¿qué puede llegar a suceder con ellos? Lo más probables es que la mayoría termine echado de la fuerza”, añadió el funcionario.
Con esta decisión, los más de 1700 policías que ya saben que serán sancionados están muy condicionados para sumarse a las nuevas protestas dispuestas para las próximas horas, si es que estaban decididos a hacerlo.
Es, por otro lado, un claro mensaje sobre la decisión que tiene previsto tomar la cúpula policial, avalada por el ministro Berni. “El que saca el pie del plato será sancionado o va a terminar en cana”, le había dicho un alto mando policial a Infobae. Es lo que está sucediendo con los que en septiembre del año pasado protestaron en las calles de varias localidades, inclusive frente a la quinta presidencial y en Puente 12, en La Matanza, donde Berni y García tienen sus despachos cuando no están en la jefatura de La Plata.
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