La Corte Suprema avaló la extradición de un argentino investigado por coimas vinculadas al ex presidente de Guatemala

Un empresario argentino quedó en condiciones de ser extraditado a Guatemala a raíz de una causa por corrupción que terminó con el mandato del ex presidente de ese país Otto Pérez Molina, según dispone un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de Mauricio José Garin, gestor del proyecto de ampliación de Puerto Quetzal en Guatemala y sospechado de ser uno de los canalizadores de las millonarias coimas que se habrían pagado para quedarse con el negocio.

A él se le imputa haber participado en ilícitos entre 2012 y 2015, entre ellos el pago de sobornos a Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, expresidente y exvicepresidente de Guatemala. El objetivo, dice la acusación, era lograr que un grupo español se asegure un contrato para la construcción de una terminal de contenedores. Según el fallo, Garín se encargó de “la realización del pago de comisiones ilícitas que circularon “a través de una compleja red de operaciones financieras en diversos países del globo y confluyeron en Guatemala”.

La defensa se oponía a la extradición: sostuvo que Garín es argentino, tiene 71 años y sufre problemas cardíacos; en ese contexto subrayó los riesgos de viajar y ser encarcelado en ese país. Pero en el fallo que firmaron el jueves pasado los jueces Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti se rechazaron los argumentos sobre la falta de descripción de las acusaciones y también sobre los riesgos de su traslado. Es que, según se señaló, la afección no se veía reflejaba en la cantidad de viajes que tuvo el empresario en los últimos años. Lo que sí dispusieron fue que el Cuerpo Médico Forense haga un detallado informe sobre su estado de salud. Y sugirió que el Estado argentino -en caso de proceder a la extradición- evalúe junto con sus par de Guatemala cómo llevar adelante el traslado para resguardar su integridad física.

Todo el caso se circunscribe a la investigación en Guatemala por delitos de asociación ilícita y lavado de activos ocurridos desde enero de 2012 y hasta por lo menos abril de 2015 y que destapan una red de corrupción político. De hecho, este escándalo terminó con la presidencia de Molina Pérez, un militar que había llegado a la presidencia de Guatemala a principios de 2012 y terminó eyectado de su cargo en septiembre de 2015 precisamente por la magnitud de las investigaciones de corrupción de su gobierno. Había llegado al poder con la promesa de “mano dura” contra el crimen.

Este escándalo tiene una pata argentina. De acuerdo a la justicia guatemalteca, el argentino Garín habría participado “en las actividades de un grupo criminal, con roles definidos, conformada por Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías (líderes de la estructura, ex presidente y ex vicepresidenta de la República de Guatemala) y servidores públicos y particulares …[entre otros], con idea de construir una Terminal de contenedores en Puerto Quetzal y cometer múltiples delitos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude y colusión, en pos de obtener réditos que pudieran generar la contratación de la citada obra portuaria”.

Según declaró como arrepentido el ex secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, Garín, otro argentino no identificado y el guatemalteco Gregorio Valdez fueron los primeros intermediarios en el negocio. El Grup Maritim TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona empresa matriz de TCQ) les pagó “a los argentinos 5 millones de dólares por realizar los contratos.”

A Garín se le achaca además que, “fungiendo como intermediario entre Terminal de Contenedores de Barcelona y las autoridades gubernamentales guatemaltecas”, fue “designado junto con [otro argentino]…para formular el cronograma de pagos de comisiones ilícitas –como contraprestación para adjudicar un proyecto de construcción portuaria a la entidad española TERMINAL DE CONTENEDORES DE BARCELONA, por medio de la filial guatemalteca: Terminal de Contenedores Quetzal S.A.”.

En ese marco, Garín y otro argentino que el fallo no identifica “habrían llevado a cabo el ‘desembolso y trazabilidad’ de la comisión ilícita a funcionarios gubernamentales, a partir de la coordinación realizada entre otros dos miembros de la asociación ilícita: uno de ellos en nombre de Terminal de Contenedores de Barcelona y el otro, el secretario privado de la por entonces vicepresidenta de la República de Guatemala, detalla la justicia guatemalteca a la argentina. Precisamente, ese ex secretario se convirtió en imputado-colaborador.

Hubo transferencias millonarias de dinero, simulando operaciones comerciales y facturaciones de servicios no prestados. “La serie de operaciones desarrolladas, con el propósito de beneficiar a la entidad Terminal de Contenedores de Barcelona y a funcionarios públicos guatemaltecos tuvieron el apoyo de Mauricio José Garín, quien administró invirtió y ocultó fondos en un monto aproximado de 24,5 millones de dólares que fueron trasladados a los servidores públicos por medio de Jonathan Harry Chévez, y convertidos posteriormente en bienes muebles e inmuebles, con lo que se impidió la determinación del origen y destino de los mismos”, dice la resolución.

Todos estos elementos fueron los que llegaron a estudio de la Justicia argentina cuando Guatemala pidió la extradición de Garin. La jueza María Servini rechazó el pedido, pero el tema escaló a la Corte Suprema de Justicia que, ahora, dispuso la extradición.

Según el fallo al que accedió Infobae, la Corte Suprema descartó los argumentos de una “descripción imprecisa” y de “carácter estrictamente dogmático” por parte de la justicia guatemalteca. También desechó el pedido de la defensa sobre la opción del juzgamiento en la República Argentina en razón de la nacionalidad argentina de Mauricio José Garín, citando los jurisprudencia en el caso de Facundo Jones Huala.

Por último, la defensa sostuvo que el estado de salud de su asistido no le permitiría “afrontar las condiciones de detención existentes en el país requirente en función del estado en que se encuentra el sistema penitenciario guatemalteco por el hacinamiento, uso excesivo de la prisión preventiva y retraso de la justicia”.

Pero como ese informe es de 2017, la Corte dispuso actualizar el informe de salud “con especial referencia a la enfermedad cardíaca diagnosticada y su situación actual, ya que se desconoce el devenir al que quedó sometida frente a lo esgrimido por el médico cardiólogo particular”. También ordenó que se profundicen las razones que informaron la “conclusión médico-legal” de que afrontar un proceso penal con previo traslado aéreo a la República de Guatemala representa para el requerido un “elevado riesgo potencial de eventos cardiovasculares agudos con descompensación” dada su patología cardiovascular.

En ese sentido, pidieron saber “cómo se compatibiliza ese diagnóstico con el intenso movimiento migratorio que Mauricio José Garín tuvo al trasladarse por vía aérea desde la República de Guatemala a distintos países de la región de América Central como así también a los Estados Unidos de América entre el 6 de abril de 2011 y el 22 de enero de 2015 para lo cual -se estableció- deberá también incorporarse el movimiento migratorio que durante ese período y hasta la actualidad registra el requerido ante la Dirección General de Migraciones de la República Argentina, con especial consideración a la fecha y la forma –incluido el medio de transporte- en que ingresó al país previo al inicio de estas actuaciones”.

Dice la resolución: de lo que resuelva el Poder Ejecutivo Nacional sobre la concreción de la extradición, “nada impide que -a todo evento- los Estados intervinientes, a través de sus autoridades competentes y en forma coordinada, evalúen la viabilidad del traslado del requerido al extranjero y, en su caso, arbitren las medidas necesarias para que se efectúe resguardando su integridad con especial consideración a la patología que detenta y según el estadio por el que atraviese en ese momento, encomendándole al país requirente la adopción de las medidas necesarias” para su juzgamiento.

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