De manera sorpresiva, el Tribunal Oral Federal 4 postergó esta mañana el final del juicio por “la ruta del dinero K”, que iba a terminar este miércoles con las últimas palabras de siete procesados. Los jueces decidieron agregar otra audiencia para el 24 de febrero, generando una catarata de especulaciones sobre las verdaderas motivaciones. “Es muy sugestivo lo que pasó, en la audiencia del miércoles se podía terminar”, reaccionó uno de los abogados defensores.
El TOF 4 tenía previsto terminar con las declaraciones en la audiencia del 10. Pero había algunas dudas porque el presidente del tribunal, Néstor Costabel, no lo había confirmado en la última audiencia. Tampoco se lo anunció a las partes. “Estamos trabajando para terminar el próximo miércoles”, dijo la alta fuente judicial este fin de semana ante la consulta de este medio.
¿Qué cambió? La resolución que recibieron las partes esta mañana habla de “la complejidad de la causa” y de la carga de audiencias que tienen los jueces en otros juicios, pero todas las partes consultadas sospechan que hubo diferencias para llegar a un veredicto contra Lázaro Báez y el resto de los acusados. De hecho, por estas horas tampoco está confirmado que la sentencia se conozca el 24.
En la audiencia de este miércoles ahora podrán decir sus últimas palabras Alejandro Ons Costa, César Fernandez, Jorge Cerrota, Christian Delli Quadri y Eduardo Castro. El 17 de febrero no habrá audiencia y para el 24 quedaron relegados Martín Eraso y Juan Alberto De Rasis, los dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que habrían participado de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral.
Hasta el viernes, la mayor incógnita pasaba por el delito precedente que se tomaría en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba habló de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad –donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas– y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.
“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina (Kirchner)”, graficó una fuente judicial. El otro escenario es que el TOF decida apoyarse solo en la evasión.
La defensa de Báez, en este último tramo del juicio a cargo de Juan Martín Villanueva, respondió con la figura del “auto de Volver al Futuro”. “Los acusadores eligieron imputar hechos lícitos, posteriores en el tiempo, como delitos precedentes”, dijo el abogado del empresario en referencia a los periodos fiscales investigados en las causas de evasión.
Lázaro Báez arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.
El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin a 8 años de cárcel. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años. “No cometí ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”, se lamentó el hijo mayor de Báez el miércoles pasado. Dos días después recibió una mala noticia: el TOF 4 le prorrogó la prisión preventiva hasta el 7 de marzo aunque ya pasaron dos años desde su detención.
A los otros tres hijos del empresario, Melina, Luciana y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente.
Leandro viajará este lunes a Buenos Aires para seguir de cerca el final del juicio. Mas allá del resultado de la sentencia, ya tendría decidido quedarse a vivir en la Capital Federal y trabajar en el estudio de su abogado, Roberto Herrera.
Hasta el viernes, todas las fuentes consultadas por este medio descartaban que habría condenas para los principales acusados por la maniobra de lavado que llegó a sumar USD 54.872.875, aunque la postergación del final del juicio despertó sospechas entre las partes. Las mayores dudas pasan por los votos de Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti. “Se conocen hace más de veinte años”, destacó una fuente judicial.
Hay otro dato que suma incertidumbre a la hora de anticipar el veredicto: hay pocos antecedentes en Comodoro Py de juicios por lavado de dinero que hayan terminado con condenas. “La mayoría de las causas por lavado van a juicio abreviado”, explicó una fuente judicial.
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