En un clima de hermetismo, termina el juicio contra Lázaro Báez: se esperan condenas para varios de los acusados

Pasaron dos años, tres meses y ocho días desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín.

El juicio oral por “la ruta de dinero K” terminará este miércoles con el testimonio de los últimos siete procesados. Según confirmaron a Infobae desde el Tribunal Oral Federal 4, luego de un cuarto intermedio se conocería el veredicto. Sin embargo, en las últimas horas surgieron algunas dudas porque el presidente del tribunal, Néstor Costabel, no lo anunció en la última audiencia. Tampoco se lo anunció a las partes. “Estamos trabajando para terminar el próximo miércoles”, dijo la fuente que consultó este medio.

Si no hay sorpresas en las últimas deliberaciones, habrá condenas para los principales acusados por la maniobra de lavado que llegó a sumar USD 54.872.875, aunque en los últimos días los jueces desconectaron sus teléfonos y generaron una marea de incertidumbre entre todas las partes.

Hay otro dato que suma dudas a la hora de anticipar el veredicto: hay pocos antecedentes en Comodoro Py de juicios por lavado de dinero que hayan terminado con condenas. “La mayoría de las causas por lavado van a juicio abreviado”, explicó una fuente judicial.

La mayor incógnita por estas horas pasa por el delito precedente que se tomaría en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba habló de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahia Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

La defensa de Báez, en este último tramo del juicio a cargo de Juan Martín Villanueva, respondió con la figura del “auto de Volver al Futuro”. “Los acusadores eligieron imputar hechos lícitos, posteriores en el tiempo, como delitos precedentes”, dijo el abogado del empresario en referencia a los periodos fiscales investigados en las causas de evasión.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial. Un abogado advirtió otro dato sugestivo: el cuarto juez de la “ruta del dinero K”, Rodrigo Giménez Uriburu, integra el tribunal que tiene el juicio de Vialidad.

¿Podría ocurrir que se tome en cuenta la causa de Vialidad para condenar a Báez y luego lo absuelvan en ese expediente? “Sí, es posible”, respondió un fiscal que conoce los pasillos de Tribunales.

El otro escenario es que el TOF decida apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa.

Lázaro Báez, el principal acusado, arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin a 8 años de cárcel. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años. A los otros tres hijos del empresario, Melina, Luciana y Leandro, les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente.

La causa -que comenzó con el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán- incluye la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó en otro juicio, que posiblemente agrave las penas de Báez y sus laderos.

Desde que estalló el escándalo en el programa PPT, el empresario amagó varias veces con hablar, pero nunca se quebró.

Sus abogados terminaron optando por denunciar “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. Durante su extenso alegato, el abogado de Báez sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa de Báez, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

El juicio arrancó con 25 imputados y termina con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral.

El debate arrancó el 30 de octubre de 2018 y estaba previsto que dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El juicio se retomó recién el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

En los últimos meses, el empresario recibió muy pocas visitas. Su nuera, la esposa de Martín, cada tanto lo visita junto a sus hijos. Hace mucho tiempo que no tiene relación con Melina y Leandro, que le endilgan graves errores en su defensa. Y con su ex mujer, Norma Calismonte, habla de manera esporádica.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Martín seguirá la última audiencia desde la unidad 31 de Ezeiza, donde fue trasladado hace poco tiempo y tiene mayores comodidades. En la intimidad, se queja que ya no recibe la misma atención de sus abogados. Por eso, quizás, en los últimos meses retomó el contacto telefónica con su madre.

“No cometí ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”, se lamentó el miércoles pasado. Dos días después recibió una mala noticia: el TOF 4 le prorrogó la prisión preventiva hasta el 7 de marzo aunque ya pasaron dos años desde su detención. “Los riesgos procesales acreditados en las anteriores ocasiones (fugarse o entorpecer la causa) no han desaparecido por el mero paso del tiempo, sino que por lo contrario, al encontrarnos en la etapa final del proceso, es donde deben extremarse las medidas a efectos de que el mismo no se vea frustrado u obstaculizado”, dice el fallo.

Leandro será el único de los hijos de Báez que escuchará la sentencia desde Buenos Aires. Según pudo saber este medio por fuentes de su entorno, mañana tiene previsto viajar desde Río Gallegos.

Mas allá del resultado de la sentencia, ya tendría decidido quedarse a vivir en la Capital Federal y trabajar en el estudio de su abogado, Roberto Herrera. “Estamos distanciados porque tenemos maneras diferentes de ver la situación. Lázaro decidió tener un grupo de abogados que a mí no me gusta”, explicó hace poco tiempo cuando le preguntaron por la pelea con su papá.

A medida que se acerca el día del veredicto, crece la tensión entre los acusados, aunque todas las fuentes consultadas descartan que haya detenciones inmediatas. En el caso de Báez, ya estuvo en la cárcel más de cuatro años y cinco meses. “Si la pena es baja, podrá pedir salidas transitorias”, advirtió uno de los abogados que saca cuentas y hace pronósticos.

Las dudas pasan por los votos de Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. “Se conocen hace más de veinte años”, destacó una fuente judicial.

En los últimos días, la mayoría de los acusados se comunicaron una y otra vez con sus abogados para conocer los últimos trascendidos. “Están muy cerrados, hay que esperar”, repitieron la mayoría de los defensores. “El pronóstico es abierto, estimo que habrá condenas con penas bajas”, se limitó a responder un abogado que tuvo la defensa de unos de los empleados de SGI.

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