El 3 de noviembre de 2020 Joseph Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y un día más tarde Alberto Fernández habló con su amigo Jorge Arguello, embajador argentino en Washington. La orden fue precisa y escueta: “Armás una charla con Biden, es fundamental para nosotros”, dijo el jefe de Estado que nunca soportó a Trump, y ya diseñaba una apuesta diplomática para acercar posiciones con la Casa Blanca.
Arguello conoce cómo funciona el poder en DC y se puso a trabajar la instrucción presidencial, pero sus gestiones oficiales fueron atravesadas por una consultora de lobistas contratados por la Cancillería y el Ministerio de Economía. Esa inesperada competencia entre la Embajada argentina en Washington y los lobistas de la empresa Arnold & Porter fue registrada por el equipo de transición de Biden en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Las normas de ética pública de los Estados Unidos aplicadas a la transición presidencial establecen la obligación de registrar todas las acciones de lobby ejecutadas por una empresa privada o un gobierno extranjero que -en este caso- intentaba una reunión, entregar una carta de felicitación o lograr una llamada telefonica con Biden.
Ese registro exhaustivo se envía al Departamento de Justicia que revisa y determina si hubo determinados hechos que violan las leyes de ética pública de los Estados Unidos. Los registros son secretos y para acceder a la información es necesario hacer una presentación formal en la página oficial del Departamento de Justicia.
Cuando inició la negociación con los acreedores privados, la Cancillería contrató a dos empresas de lobby y comunicación -Arnold & Porter y Glover Park Group- que percibirán 1.932.000 dólares en un año. Arnold & Porter recibirá cuotas de 161.000 dólares por mes hasta mayo de 2021. Y a su vez, Arnold & Porter subcontrató a Glover Park Group por 36.000 dólares mensuales.
En los archivos desclasificados del Departamento de Justicia sólo aparece la empresa Arnold & Porter enviando al staff de transición presidencial cuatro mails solicitando la posibilidad de una conversación oficial entre Biden y Alberto Fernández. Esos cuatro mails estaban dirigidos a Amanda Sloat, a cargo de las relaciones internacionales de Biden en la transición, y luego asignada en el Consejo de Seguridad Nacional para los asuntos europeos.
Todos los mails fueron remitidos en noviembre, y el último tiene fecha del 29 de ese mes, acorde a los archivos desclasificados del Departamento de Justicia.
Arnold & Porter nunca recibió la instrucción de la Cancillería de cerrar una llamada telefónica entre Alberto Fernández y Biden.
Y sin embargo su principal lobbista, Thomas Shannon, exsubsecretario para América Latina en épocas de Barack Obama, se reunió con Sloat para pedir una call que ya se estaba gestionando desde la Embajada Argentina en los Estados Unidos.
Shannon es un diplomático prestigioso que tiene excelente relación con Alberto Fernández. Durante la reunión con Sloat, el lobbista senior de Arnold & Porter acercó información de contactos de la embajada argentina. Sloat, que conoce el mundo de Washington, fue diplomática y solo contestó que ya estaba en contacto con la representación nacional en DC.
La llamada entre Alberto Fernández y Biden ocurrió el 30 de noviembre. Fue organizada por el embajador Jorge Arguello, que desplegó todos sus contacto en Washington para cumplir la instrucción presidencial.
“Es una gran oportunidad de generar un mejor vínculo para que Estados Unidos se reencuentre con América Latina”, dijo Alberto Fernández desde su despacho en Balcarce 50, tras felicitar a Biden por su triunfo ante Trump.
-El continente tiene un gran potencial, con una democracia sólida, y tenemos una amplia agenda para trabajar desde Canadá hasta la Argentina. Quiero tener una relación sólida con el continente-, replicó Biden al otro lado del teléfono.
El diálogo entre Alberto Fernández y Biden se extendió por 30 minutos.
La Cancillería tiene bajo estudio la prórroga del contrato de 1.932.000 dólares a favor de Arnold & Porter. Es probable que venza en mayo sin renovación.
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