Se reanuda el año judicial: los juicios que se definen, las vacantes por cubrir y la expectativa de Rafecas

Pasó la feria de enero y los tribunales reanudan este lunes su actividad, con una modalidad semi presencial. En la agenda judicial de 2021 se destacan varios juicios orales que están llegando a su fin. También será un año clave para el Consejo de la Magistratura, que debe apurar los concursos para ocupar los lugares vacíos luego del fallo de la Corte Suprema sobre los jueces trasladados. En los Tribunales, especialmente en Comodoro Py, siguen atentos a la evolución de la reforma judicial y las recomendaciones que hizo la comisión “Beraldi”. También podría resolverse este año quién será el próximo Procurador General.

Este lunes se reanudará el juicio oral contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito. En ese mismo juicio se trata de determinar si hubo delito en la compra millonaria de trenes chatarra a España y Portugal. Otro de los capítulos del juicio es sobre una defraudación cometida en el ferrocarril Belgrano Cargas por la que está acusado Jaime y personas vinculadas a la empresa.

El miércoles 3 retomará las audiencias el juicio de la “ruta del dinero K”, donde Lázaro Báez arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de casi 55 millones de dólares, que incluyó la compra del campo “El Carrizalejo”. El TOF 4 retomará las audiencias con las últimas palabras de los acusados. Si no hay sorpresas, el miércoles 10 también habrá tiempo para escuchar a los imputados y luego podría conocerse la sentencia, que ya estaría redactada.

La condena contra Báez, si se concreta, tendrá consecuencias directa sobre todos sus bienes, incluyendo las cuentas en el exterior, y podría impactar en otros juicios. Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba tomó en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.

El juicio por la obra pública se reiniciará el lunes 8. En ese caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos. Además de Cristina Kirchner, Báez y José López, también está siendo juzgado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otras personas.

Entre los temas pendientes se destaca la definición sobre si el ex vicepresidente Amado Boudou debe volver a prisión. El 30 de diciembre, en horas de la noche, el juez Daniel Obligado decidió revocar la prisión domiciliaria pero luego no habilitó la feria judicial por lo que ahora deberá tratarlo la Cámara de Casación.

La defensa de Boudou apeló durante enero el fallo de Obligado y ahora prepara una demanda al Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La situación del ex vicepresidente activó la presiones oficiales contra la Corte Suprema, los rumores de una ampliación, los cuestionamientos para varios de sus miembros, y la decisión de avanzar con la idea de un tribunal intermedio, que concentre los planteos de arbitrariedad.

El presidente Alberto Fernández protestó porque el fallo contra Boudou hubiera surgido sin un análisis directo de la Corte, a través del recurso “280″, pero no tendría previsto en lo inmediato avanzar con las recomendaciones de la comisión “Beraldi”.

En el documento, de casi 1000 páginas, los juristas le recomendaron al jefe de Estado la creación de un tribunal filtro de la Corte Suprema, acortar los plazos de mandato del jefe de los fiscales y elegirlo por una mayoría más aliviada en el Senado y una reestructuración en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y controla a los jueces. Aunque hubo algunos consejeros que quisieron incluirlo, la comisión finalmente decidió no hablar sobre la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema, una de las sospechas que planteó la oposición cuando se creó este consejo.

Tampoco prosperaría la reforma judicial que tuvo media sanción en el Senado pero tiene la resistencia firme de Juntos por el Cambio. En un año electoral, la oposición parlamentaria no hará nada que pueda otorgarle un beneficio político al Gobierno vinculado al Poder Judicial y sobre todo a las causas que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tiene abiertas en Comodoro Py.

La Justicia también seguirá pendiente sobre la definición del futuro procurador. El Presidente mantiene la expectativa que el juez Daniel Rafecas pueda asumir ese cargo, clave por las reformas que se vienen adelante en el Ministerio Público.

En la agenda de la Corte Suprema hay varios temas que la política sigue con atención, como la definición sobre la ley que le recortó los fondos de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a través de la Procuración de su distrito, presentó una acción de inconstitucionalidad, que incluía una cautelar, el 18 de septiembre. Pese a la gravedad del asunto, la Corte entró en feria sin resolver ese caso.

En la agenda del Máximo Tribunal también hay reclamos de las provincias de San Luis y de Santa Fe por la devolución de dinero de viejos reclamos económicos que aún no terminaron de ejecutarse. Se trata del fallo que la Corte Suprema dictó a finales de 2015, justo cuando se fue Cristina Kirchner y llegó Mauricio Macri. San Luis ya reclamó que el Estado le pague 20 mil millones de pesos. El radicalismo de Santa Fe ya le exigió al gobernador Omar Perotti que reclame al Ejecutivo una cifra que calculan en 150.000 millones de pesos.

También habrá novedades en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano planea avanzar con la citación de más de 80 espías o ex espías, cuyos teléfonos impactaron en antenas de la zona de Puerto Madero y la Casa Rosada, y reportaron a sus jefes. Esos jefes hablaron por esas horas con distintos funcionarios del Ejecutivo de entonces. Los investigadores quieren interrogarlos como testigos para saber qué hacían ahí. Y también quieren saber la identidad de un, hasta ahora, misterioso y supuesto agente que estuvo en cercanías de la casa de Diego Lagomarsino aquel domingo 18 de enero.

En paralelo, en el marco de la casa por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán, la Justicia deberá definir si se le toma declaración como testigo al ex jefe de Interpol Ronald Noble, algo que las defensas entienden clave para demostrar que no se buscó hacer caer las alertas rojas de los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado que mató a 85 personas en la AMIA.

El 2021 será un año clave para el Consejo de la Magistratura, que debe apurar los concursos para cubrir las vacantes que sumó el fallo de la Corte Suprema sobre los jueces trasladados. Solo en la Cámara Federal hay tres vacantes, con la vuelta de Eduardo Farah, tal como adelantó ayer Infobae.

El Consejo ya envió la terna para cubrir la última vacante en la Sala II. Se descuenta que el presidente Alberto Fernández elegirá a Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en la causa Memorándum.

Además, el Consejo apuró el concurso para cubrir las vacantes que dejaron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Sala I: la inscripción de los aspirantes está fijada para los primeros días de febrero y el examen para el 26 de ese mes.

También hay varios lugares por cubrir en los juzgados federales de primera instancia: el 28 de diciembre pasado el Consejo llamó a concurso para cubrir el juzgado 11, que ocupó Claudio Bonadio, y el juzgado que estuvo al mando de Rodolfo Canicoba Corral.

Con la mayoría de las “causas k” elevadas a juicio, las denuncias contra el macrismo nunca terminaron de tomar vuelo en los tribunales de Retiro. Sin embargo, durante el año pasado explotó el expediente donde se investiga si la AFI macrista realizó espionaje sobre figuras políticas, periodísticas, judiciales y sindicales. Allí quedaron procesados los ex responsables de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalaniel, el encargado de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el responsable de Contrainteligencia Martín Coste por tareas de vigilancia a Cristina Kirchner en el Instituto Patria.

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