La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) le pidió informes al gobierno de Gildo Insfrán sobre la situación de los centros de aislamiento en esa provincia, a raíz de una denuncia que ingresó ayer a la Procuración con la firma de un grupo de diputados de la Coalición Cívica. Según pudo saber Infobae, el organismo del Ministerio Público inició una investigación preliminar (IP) para determinar si se cometieron delitos.
El requerimiento está dirigido a la Jefatura de Gabinete de la Gobernación, pero entre los denunciados aparecen el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Jorge González, y funcionarios nacionales como el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien viajó hoy a Formosa.
La oposición denunció en las últimas horas que el gobierno de Insfrán modificó las condiciones del centro de aislamiento ubicado en el Estadio Cincuentenario para la visita del funcionario nacional. “Ese lugar acaba de ser desmantelado. La gente ha sido trasladada al Hospital Evita, hoy dieron de alta a 140 personas y están colocando camas y colchones nuevos. Todo preparado para dar un ‘city tour’ acorde al que debe tener el secretario de Derechos Humanos”, denunció ayer la concejala Celeste Ruiz Díaz.
La denuncia de los diputados de la Coalición Cívica, entre los que figuran Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Mariana Zuvic, propone una serie de pruebas como una inspección y relevamiento fílmico, fotográfico y planimétrico de centros, y que se reciba declaración testimonial a las personas sometidas al confinamiento, detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad.
“Las conductas a investigar involucran así, además de las más altas autoridades de la Provincia de Formosa, a funcionarios públicos nacionales; y dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos e incluso, a desaparición forzada de persona; por lo que corresponde la intervención de la Justicia Federal, pese a la reticencia que habrían observado algunos magistrados competentes en el territorio de la referida provincia”, se afirma en la denuncia que relata una serie de hechos ocurridos en Formosa.
La presentación solicitaba expresamente que tome intervención la PROCUVIN, un organismo creado para dar impulso a las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilícitas perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de personas en estado de vulnerabilidad.
La PROCUVIN, temporalmente a cargo de Diego Iglesias, que reemplaza a Héctor Heim, quiere saber cómo es el protocolo frente a un caso sospechoso de covid- 19 y cómo son las condiciones en que están resguardados los aislados en los más de 100 centros que tiene la provincia de Formosa.
Cuando reciba la información, la PROCUVIN evaluará si decide avanzar con una presentación ante la Justicia federal.
Además, en la Justicia tramita un hábeas corpus presentado por el senador radical Luis Naidenoff. La Justicia federal de Formosa la envió a la Justicia provincial y esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Resistencia. Contra ese fallo, el senador radical presentó un recurso para que intervenga la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, que en las próximas horas decidirá dónde debe investigarse el caso.
En tanto, ayer los presidentes de los bloques de senadores y diputados de la UCR, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente, elevaron un pedido de intervención urgente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que constate si se vulneraron los derechos humanos de las personas en los centros de aislamiento de Formosa.
Ambos legisladores ya habían realizado la semana pasada un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de revertir la situación de las personas que permanecen aisladas en los centros dispuestos por el gobierno de Gildo Insfrán.
La nueva presentación consta de siete páginas en las que se hace un detallado informe de las denuncias de los atropellos que padecen los formoseños a manos del gobierno provincial.
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