La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, resolvió declarar la competencia de la justicia federal para entender en el habeas corpus colectivo y correctivo iniciado por el senador Luis Naidenoff por las violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa.
La resolución, a la que accedió Infobae, lleva las firmas de los doctores Mariano Hernán Borinsky -Presidente-, Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone.
El legislador Naidenoff denunció que en los centros gubernamentales de aislamiento formoseños se están produciendo violaciones a derechos humanos de índole constitucional y convencional tales como el derecho a la vida, a un ambiente sano, a la salud física y mental, a la privacidad, intimidad, a la circulación y el derecho a recibir un trato digno -entre otros-.
En su decisión, Casación resolvió por mayoría que la investigación quede a cargo de la justicia federal, en contra de lo que opinó el fiscal Federal de Casación, Omar Pleé, quien consideró que el caso debía continuar en el poder judicial formoseño.
En sus fallos, los jueces que conformaron la mayoría, Borinsky y Gemignani, se apoyaron en las consideraciones que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en noviembre de 2020, y tras semanas de polémica por ciudadanos que no podían entrar al distrito, le ordenó a la provincia de Formosa que garantizara el ingreso de todos los ciudadanos que deseaban hacerlo.
Además, los jueces Borinsky y Gemignani destacaron que las medidas de aislamiento cuestionadas por el habeas corpus forman parte de una serie de decisiones tomadas a nivel nacional por la pandemia del coronavirus, por lo que en este caso, las provincias actúan como delegadas del gobierno federal y responden a disposiciones de orden nacional dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Con esta mayoría, Casación revocó la resolución de la Cámara Federal de Resistencia y la de la jueza federal de primera instancia a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, que habían decretado la incompetencia del fuero federal. Ahora, el expediente quedará a cargo de la jueza federal de Formosa, María Belén López Mace.
El juez Petrone, por su parte, se expresó en forma disidente y en consonancia con lo dictaminado por Pleé, cuyos fundamentos compartió.
La semana pasada, las concejalas formoseñas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, que habían denunciado las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento por Covid-19 de esa provincia, fueron detenidas mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital.
Las mujeres fueron apresadas por efectivos policiales mientras protestaban por la situación de 19 personas que, a pesar de haber dado negativo de coronavirus, fueron obligadas a realizar el confinamiento en la escuela donde estaban llevando a cabo la manifestación.
Tras permanecer detenidas una hora, ambas concejalas fueron liberadas. En los primeros días de enero, la ciudad de Formosa -junto a otras de la provincia- volvió a la fase 1 de la cuarentena, por lo cual las fuerzas de seguridad siguen un estricto protocolo que no permite ningún tipo de aglomeraciones en la vía pública.
En ese marco, oficiales de la Policía arrestaron a las concejalas, mientras eran grabados por los teléfonos celulares de los vecinos que también se encontraban en la puerta de la escuela.
Como consecuencia de esta polémica y de otros detalles del manejo de la pandemia de Formosa, este miércoles llegó a la provincia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, acompañado de una comitiva para supervisar los centros de aislamiento por coronavirus.
El funcionario llegó a la provincia del nordeste del país en medio de protestas de vecinos, organizaciones civiles y sectores de la oposición por las condiciones de hacinamiento en los centros de aislamiento.
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