El conflicto en Formosa por las denuncias de abusos y violación de los derechos humanos en Formosa a raíz de las medidas sanitarias por el COVID-19 avanza hacia al ámbito internacional. Los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, Luis Naidenoff (Senado) y Mario Negri (Diputados) presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se frenen los “aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.
La solicitud de intervención de los dirigentes de Juntos por el Cambio al tribunal internacional se produjo luego de que se agravara la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en los centro de aislamiento de Formosa, entre ellos el estado Cincuentenario de la capital provincial.
En una presentación de carácter colectivo, legisladores del radicalismo plantearon que se revierta la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia de Formosa e indicaron que la población afectada por esas medidas sanitarias puedan realizar la cuarentena en sus domicilios personales.
Según describieron, en sintonía con los testimonios de abusos de formoseños afectados, los centros de aislamiento “no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”.
Además, los legisladores sostuvieron que con este tipo de dispositivos sanitarios se vulneran los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad personal, a la privacidad y los derechos del paciente, además de conculcarse la libertad de circulación y residencia.
Por lo tanto, la medida cautelar apunta no solo a que se frenen las decisiones del gobierno de Formosa que puedan resultar lesivas de los derechos humanos de y se corrijan las medidas sanitarias, sino que intervenga la CIDH en la provincia para constatar las denuncias de la población y los casos de violencia institucional registrados, entre otras acciones.
Un conflicto que se agrava
El gobierno de Gildo Insfrán es apuntado por múltiples denuncias por las medidas que llevó adelante en el marco de la pandemia de COVID-19. A lo largo del año pasado, miles de personas estuvieron varadas durante meses sin poder regresar a la provincia por decisión del gobernador. Este 2021, se agravó con nuevos dispositivos de aislamiento que impacta sobre el ejercicio de la libertad de circulación y de la salud, en relación a los casos sospechosos que comparten los centros de aislamiento con las personas confirmadas con hisopado positivo.
En ese contexto, Amnistía Internacional alertó por la violación de los derechos humanos en Formosa y reclamó la intervención del Gobierno nacional, tras la detención de las dos concejalas opositoras que fueron apresadas mientras se manifestaban pacíficamente en la puerta de la Escuela 18 de la capital provincial. Según el gobierno provincial, las dirigentes de la UCR y el peronismo disidente están acusadas de “instigación a cometer delitos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad e infracción al artículo 205 del Código Penal”.
Para el organismo, ese tipo de accionar “es inadmisible para una democracia”. En la misma línea se pronunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Formosa, que pidió al gobierno provincial a “preservar el estado de derecho, dado que, las medidas de seguridad sanitaria no deben entrar en contradicción con la dignidad de las personas”.
Sin embargo, el gobierno de Formosa ratificó en las últimas horas las medidas adoptadas y reiteró que la estrategia sanitaria de Gildo Insfrán es “exitosa”. “Tenemos el menor número de infectados del país y lo que es más importante la menor cifra de fallecidos por esta enfermedad”, señalaron los funcionarios ayer en una rueda de prensa.
Los planteos de la oposición ante la CIDH:
1 – El cese inmediato todo acto, hecho u omisión “reputados lesivos de derechos fundamentales”.
2 - Se ordene a la provincia de Formosa que se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas COVID-19 positivas o a sus contactos estrechos en los centros de aislamiento, y que se disponga del aislamiento de estas personas en sus domicilios.
3 - Se constate in situ las condiciones de aislamiento de las personas alojadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa, a fin de determinar la existencia de la vulneración de sus derechos humanos o de existencia de violencia institucional.
4 - Se proteja a las personas aisladas de manera tal que el ejercicio de sus derechos a través de esta presentación no les genere inconvenientes laborales, y que las autoridades provinciales se abstengan de realizar acciones estigmatizantes.
5 –Que el Estado argentino garantice el acceso a asesoramiento jurídico y la asistencia psico-social a víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
6 -Oportunamente, que se dispongan las medidas necesarias a fin de que se corrijan las condiciones en que se cumplen las medidas sanitarias de aislamiento sanitario en Formosa.
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