Amnistía Internacional alertó por la violación de los derechos humanos en Formosa y reclamó la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. Ayer dos concejales fueron detenidas luego de denunciar y manifestarse en contra del gobierno de Gildo Insfrán. “Es inadmisible en una democracia”, advirtió el organismo en un duro comunicado.
La gestión del mandatario provincial es foco de múltiples denuncias por su accionar para con los formoseños en el marco de la pandemia de COVID-19. A lo largo del año pasado miles de personas estuvieron varadas durante meses sin poder regresar a la provincia por decisión del gobernador. Este 2021 la situación tiende a empeorar con el avance del Poder Ejecutivo de Formosa sobre las libertades.
Las acusaciones de “condiciones inhumanas” y hacinamiento a la que son sometidas las personas que se encuentran en los centros de aislamiento provinciales provocó una serie de manifestaciones en contra de la decisión de obligar a formoseños a confinarse en una escuela a pesar de haber dado negativo de coronavirus. Dos concejalas opositoras a Insfrán que fueron parte de los reclamos terminaron detenidas.
Se trata de Celeste Ruíz Díaz, de la Unión Cívica Radical y Gabriela Neme, del peronismo disidente, quienes fueron apresadas mientras se manifestaban pacíficamente en la puerta de la Escuela 18 de la capital provincial.
“En Formosa venimos realizando denuncias por las medidas sanitarias arbitrarias que toma el gobierno de Insfrán, que son claras violaciones a los derechos humanos de los formoseños. A la tarde fuimos a la Escuela N° 18, que está funcionando como centro de aislamiento, y en donde hay unas 10 personas que tienen tres hisopados negativos y hace más de 20 días que no los largan. Se supone que con tres hisopados negativos y después de 14 días te tienen que largar, y no les daban ninguna explicación”, relató Ruíz Díaz en diálogo con Infobae.
Según su declaración, tanto ella como los manifestantes llevaban sus barbijos puestos y respetaban el distanciamiento social. Pero como la ciudad de Formosa -al igual que Florinda y dos departamentos de la provincia- se encuentran en Fase 1, se hicieron presentes oficiales de la Policía para pedirles que se retiraran del lugar.
Si bien no les informaron los motivos de la detención, las autoridades policiales manifestaron informalmente a sus familiares que habrían sido detenidas por resistencia a la autoridad y violación del art. 205 del Código Penal, al supuestamente haber violado medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de la pandemia.
Amnistía Internacional había exigido ayer la “inmediata liberación” de Neme y Ruíz Díaz, quienes finalmente recuperaron la libertad luego de una hora y media. No obstante, desde la organización enviaron una carta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidiendo “la intervención de las autoridades nacionales para garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos”.
La organización ya expresó su preocupación por las denuncias recibidas por la violación a los derechos humanos que tendría lugar en los Centros de Atención Santiaria (CAS), entre ellas que se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19, lo cual las expone al contagio. Además, la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días y no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus, entre otras graves denuncias.
“Estos hechos se suman a las múltiples denuncias de los últimos meses contra las autoridades de la provincia de Formosa por la implementación de medidas para evitar la propagación del COVID-19 que han vulnerado los derechos humanos”, advirtió en un duro comunicado. Durante el último tiempo Amnistía Internacional realizó diversas presentaciones para denunciar la situación de las más de 8.500 personas varadas sin poder regresar a la Provincia luego de más de 7 meses de declarada la emergencia sanitaria.
“Amnistía Internacional viene reclamando insistentemente a las autoridades provinciales y nacionales que las medidas que se adopten en el marco de la pandemia respeten los derechos humanos. Defender los derechos humanos nunca puede ser un delito. Exigimos que las autoridades respeten sus compromisos internacionales y garanticen el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos. La situación que tuvieron que pasar hoy las consejales es inadminisible en una democracia”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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