Diputados definirán cuándo comenzarán las sesiones extraordinarias y planean dejar los debates más conflictivos para el final

Este miércoles debería comenzar la primera sesión de un largo verano, pero todavía no se resolvió el nuevo protocolo. Cómo están los votos por la reforma a la Justicia y a la Procuración

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Aún no se definió el sistema de sesión mixto, por lo que el reglamento vigente impone el presentismo
Aún no se definió el sistema de sesión mixto, por lo que el reglamento vigente impone el presentismo

Todo estaba cocinado para que este miércoles comenzarán las sesiones extraordinarias por primera vez en 2021. De hecho, se había establecido que el temario vaya de menor a mayor en cuanto a factibilidad de sanción de leyes a medida que avancen los días: las menos conflictivas primero, las más ásperas después. Sin embargo, mientas se cierra esta nota, aún no se definió el sistema de sesión mixto, por lo que el reglamento vigente impone el presentismo. Esto, en un país con la extensión de la Argentina, puede llegar a complicar las cosas para algunos diputados que se encuentran en sus respectivas provincias.

“Si no tienen los votos para el protocolo se deberá sesionar a partir del 27 de enero que, de hecho, es lo más probable”, sostiene una fuente legislativa que remarca que Labor Parlamentaria recién se reúne este lunes 18 y que quedan muy pocos días para que los legisladores puedan llegar si no se consigue la prórroga, porque “no es lo mismo viajar desde Córdoba o Santa Fe, que desde Jujuy”. En el Senado el panorama no es muy distinto: Cristina Kirchner, máxima autoridad de la Cámara, regresaría desde El Calafate el lunes próximo.

El largo listado de leyes a tratar fue presentado en la prórroga de sesiones ordinarias a través del Decreto 964/2020 e incluye veinticinco leyes entre las que se encuentran varias que fueron aprobadas –despenalización del aborto, ley de los mil días, movilidad jubilatoria, impuesto a las grandes fortunas, quita de coparticipación porteña–, y otras que cuentan con media sanción.

La intención del Ejecutivo apunta a que se comience a tratar proyectos que no generen demasiado roce con la oposición, para ganar tiempo de negociaciones en los temas que generarán controversias y que podrían frenarse, sobre todo en la Cámara de Diputados. Así es que el temario comienza con el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, algo que no tiene mayores contraindicaciones para la oposición.

Pero el plato fuerte estará servido cuando deban tratarse las dos leyes que reformarían el funcionamiento judicial nacional: Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El primero de estos proyectos era un interés personal de Alberto Fernández y se convirtió en un interés personal de Cristina, al punto de sufrir modificaciones en el Senado hasta el extremo de crearse 1.200 cargos sobre la marcha. El segundo era un interés personal de Cristina y se convirtió en un interés personal de Alberto con tal de que pueda nombrar al actual juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.

En cuanto a la necesidad de las leyes, las opiniones son contrapuestas, como corresponde a la relación entre el oficialismo y la oposición. “Se supone que el gobierno necesita leyes, pero esto parece que fue más un acting que otra cosa”, sostiene una fuente de la oposición parlamentaria y justifica que “no hay ninguna ley que no pueda esperar a marzo”. En ese sentido, también un asesor del radicalismo sostuvo que “si nosotros vamos a tratar el fondo hipotecario, es lo mismo hoy que el dos de marzo”, al tiempo que ironizó con el blanqueo de inversiones inmuebles: “Puede que no funcione, puede que sea controversial, pero no veo a la gente haciendo cola para blanquear”.

Cristina Kirchner, presidenta del Senado (REUTERS)
Cristina Kirchner, presidenta del Senado (REUTERS)

Voto a voto

En la Cámara de Diputados las cosas no se dan tan fluidas como en el Senado, donde el oficialismo tiene una mayoría prácticamente propia. En el recinto presidido por Sergio Massa, si bien el Frente de Todos cuenta con 119 diputados, esto no conforma la mitad más uno de los 257 escaños de la cámara. Descontado el voto en contra del bloque de Juntos por el Cambio, en la Rosada comenzaron a ajustar las negociaciones para que no se escapen los votos a favor.

En los últimos días se comenzó a especular con la posibilidad de que se pueda convencer a los tres diputados que responden a Roberto Lavagna, pero el propio ex ministro de Economía dijo estar en desacuerdo con las propuestas del Ejecutivo. Desde la Rosada contestaron con un movimiento de piezas que terminó con un alfil del ministro de Economía Martín Guzmán en el directorio del Banco Central. ¿Quién salió? Un lavagnista.

Lavagna tiene varios funcionarios todavía en el Gobierno, en un listado que finaliza con su propio hijo, Marco, al frente del Indec. Desde el Congreso sostienen que, ante la opinión pública, se pagaría más costo político al ceder a las pretensiones “de Cristina”. En un juego en el que tanto el oficialismo como la primera oposición ya tienen posiciones tomadas, es difícil la libertad de voto para los del medio y más en un año electoral en el que cada voto a favor de un proyecto del Gobierno será señalado por la oposición ante cada micrófono periodístico que se cruce.

En cuanto a quién debería encargarse de conseguir los votos, hay un viejo axioma parlamentario que establece que, cuando faltan pocos votos, los restantes los consigue el presidente de la Cámara. Sergio Massa debería juntar solo diez votos pero la tiene difícil en cuanto a la reforma judicial que tampoco cuenta con el visto bueno de la izquierda.

Quién pidió los temas

El temario es pedido por el Presidente y no se puede incorporar otro tema por fuera del listado, salvo que exista un nuevo decreto presidencial. Fernández había decretado a fines de noviembre la convocatoria a extraordinarias a partir de la primera semana de diciembre, pero luego se modificó el calendario: las sesiones ordinarias fueron prorrogadas hasta el 3 de enero y a partir del 4 del mismo mes comenzaron las reuniones de comisiones con el listado pedido por Casa Rosada.

Pero en un gobierno de coalición todo debe ser consensuado, así que el temario remitido por el Poder Ejecutivo fue pulido luego de conversaciones entre Alberto y Cristina Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner, presidente del bloque oficialista en Diputados. Y si algo esperaban los gobernadores peronistas del interior, no será de la partida: la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), no entró en consideración del Presidente.

Si hace unos meses se consultaba a las mismas fuentes respecto de la reforma judicial y la modificación al método de elección y remoción del jefe de los fiscales, las respuestas habrían sido totalmente distintas. El proyecto de unificación de fueros federales que salió del ministerio de Justicia dista años luz del que llega a Diputados con la media sanción del Senado. En cuanto a la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, el propio Daniel Rafecas le había pedido al Presidente que quería ser elegido con el sistema actual: dos tercios del Senado.

Hoy las cosas cambiaron y desde la Rosada afirman que, después de más de un año de mandato, “Alberto tiene que mostrar que algo hizo con la Justicia” y que ello llevó a que el Presidente ponga especial atención a que la reforma salga en cualquier estado. Las opciones son pocas: si no sale la reforma judicial se genera un alto costo al liderazgo del Presidente; y si sale se genera un alto costo político pero que confían en poder controlar a pesar de las modificaciones introducidas: “La última palabra está acá”, confía una fuente que transita a diario los despachos de Balcarce 50 y pone como ejemplo que “el impuesto a las grandes fortunas es ley y todavía está en veremos”.

Alberto Fernández
Alberto Fernández

Desde la oposición, en cambio, juegan con la ansiedad del Gobierno: “tienen solo cien días para que salga”, sostuvo un asesor parlamentario curtido en plazos electorales que asegura que “más cerca de las elecciones, más lejos de que se diluya un impacto negativo”. A su vez, la oposición tiene en claro que la cuestión judicial “por más que nos disguste, no es un vector que afecte profundamente al voto”, remarca uno de los hombres de mayor experiencia legislativa y asegura que “son muy pocos los que están plantados de un lado o del otro, pero al resto de la gente la cuestión judicial hoy la tiene en el último lugar”.

Sin embargo, a nivel marketing, si la reforma judicial no llegara a salir, tampoco podría ser capitalizada por la oposición desde el marco electoral de captación de votos ya definidos, pero sí en cuanto a los votantes que están disconformes: “No conecta con las angustias de las personas y me la dejás servida en bandeja para que todos los días y en todos los canales cante la canción de que solo te interesa la impunidad judicial”, sostienen desde las filas opositoras.

Mientras tanto, hay un tema que, aunque nadie haya notado, comienza a preocupar a la cúpula del Frente de Todos: ¿Cómo se llevará a cabo la tradicionalmente multitudinaria Asamblea Legislativa del 1 de marzo en medio de una pandemia?

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