“Encerraban a mi hijo hasta que terminara”: los testimonios del horror que vivieron los trabajadores de un taller clandestino

Tres casas que funcionaban como talleres clandestinos en el Bajo Flores, serán subastados por el Estado para compensar económicamente a las víctimas de trata laboral y sexual. Se trata de talleres que funcionaban en la calle Cajaravilla 4675 y 4726, en donde se sometía a 34 hombres y mujeres de nacionalidad boliviana, con su hijos, todos menores de edad. Con jornadas de 17 horas de trabajo, las víctimas trabajaban y vivían en condiciones de hacinamiento. Un recorrida por esas casas permite reconstruir cómo residían.

Por esta causa están procesados con prisión preventiva un hombre y sus cuatro hijos. Según determinó la justicia, la organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo tenían como fin maximizar el beneficio económico obtenido de la producción y comercialización de indumentaria confeccionada por trabajadores bolivianos, a quienes sometían a condiciones de precariedad y privaban de su libertad. La producción de la indumentaria era luego comercializada en locales ubicados en el centro comercial de la avenida Avellaneda de esta Ciudad.

Pero mientras tanto, tras el aval judicial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que conduce Martín Cosentino, asumió la custodia de esos inmuebles para que sean rematados. Según informaron a Infobae los voceros del caso, el producto de lo recaudado sea entregado a las víctimas de trata laboral y sexual.

La causa

La denuncia fue impulsada en 2017 por el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y tramitada en el juzgado federal 2, a cargo de Sebastián Ramos.

A lo largo de la investigación se determinó existencia de una organización que esconde, bajo un complejo entramado de sociedades, el fin de maximizar el beneficio económico obtenido de la producción y comercialización de prendas de vestir confeccionadas por trabajadores bolivianos, sometidos a condiciones de hacinamiento, precariedad, privados de su libertad y reducidos a servidumbre.

El procesamiento, al que accedió Infobae, detallaba “la producción de la indumentaria era luego comercializada en locales ubicados en el centro comercial de la Avenida Avellaneda de esta Ciudad”. En los allanamientos se encontraron personas viviendo en situación de precariedad y se secuestraron “máquinas de costura, rollos de tela, guata, cierres metálicos, hilos y otros elementos de costura”, así como también “una gran cantidad de prendas – principalmente camperas-, documentación varia, cuadernos con anotaciones, pesos argentinos, dólares, yuanes, pesos bolivianos, alimentos y celulares”. Al menos tres de las personas que fueron halladas en el interior de las diversas residencias allanadas –las cuales eran en su totalidad de nacionalidad boliviana-, declararon haber sufrido explotación laboral.

El equipo de profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de Trata informó que los individuos entrevistados allí encontrados “se habrían hallado en condiciones de vulnerabilidad de forma previa a su arribo al taller/viviendas allanados; refiriendo haber migrado hacia la República Argentina en busca de empleos que les permitieran cubrir sus necesidades y la de sus familias.”

Las declaraciones. “No teníamos descanso, trabajábamos todos los días. Nos levantábamos a las 5 ó 6 de la mañana […] me hacían trabajar en la casa […] No me daban desayuno porque me decían que no había avanzado nada, entonces no desayunaba y a veces ni almorzaba, le daba de corrido. Muchas veces me quedé sin desayunar y sin almorzar. Recién comía a las 12 de la noche en la cena”, contó una de las víctimas en la causa judicial a la que accedió Infobae.

Otra de las víctimas aseguró: “Me encerraba en un cuarto que había muchas camperas con broches. Yo brocheaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. (…) A mí no me dejaban ninguna llave. Me venían a recoger a las 10 u 11 de la noche. Trabajaba de lunes a domingo.”

Una tercera víctima también aseguró: “Mi hijo estaba encerrado (…) todo el tiempo, jugando con unos juguetes, porque decía que no podíamos estar con los niños porque teníamos que trabajar […] A veces […] se lo llevaba [en referencia a M A K], al lavadero, a comprar [..], yo lo llevo, me decía, para que a mí no me molestara para que yo trabajara más. Capaz lo abusaba […] él no quería ir con él (…) tenía miedo”.

Hubo más testimonios: “Logré que E me dejara tener a mi hijo al lado mío mientras yo trabajaba al menos hasta que yo empezara a caminar. Cuando empezó a gatear me prohibió que el bebé se quedara en la pieza y mucho menos conmigo porque tenía que trabajar, entonces Elena le pasaba una cinta por la cintura y lo ataba a un fierro que había en el patio, entonces mi bebé se la pasaba atado a ese palo como un animalito.”

El caso

La operatoria de la organización consistía en explotar en talleres clandestinos a trabajadores de origen boliviano, para luego comercializar las prendas en locales de la calle bajo las marcas “Le­Ot”y “AlicarKidsFashion”. Los trabajadores eran encerrados en habitaciones por largas jornadas, recibiendo una sola comida diaria y amenazados por sus jefes para terminar con las producciones establecidas. Ambos domicilios contaban con rejas en todas las puertas y aberturas, asegurando de esta forma que los trabajadores no pudieran salir de ellos.

El trabajo en los talleres era trabajo esclavo: no se les permitía salir ni los domingos ni los sábados. No tenían descanso, trabajaban todos los días.

Según pudo reconstruir la Justicia, las familias eran traídas por el clan Aliaga desde Bolivia con la promesa de trabajar en un taller textil realizando tareas de costura por una remuneración mensual de U$S400. Si bien no se les informaba la carga horaria laboral, ni dónde se ubicaba el taller, se les prometía aprender un oficio distinto al de trabajar en la tierra, donde trabajarían cómodos y obtendrían una ganancia anual de U$S 10.000 para luego volver a su país de origen.

Una vez en Argentina nada coincidía con aquella promesa. Se los llevaba a los talleres de donde no se les permitía salir, excepto con acompañamiento de algún integrante de la familia Aliaga, quienes los llevaban a un locutorio y los hacían decirles a sus familias que se encontraban bien trabajando en Argentina.

El salario por otro lado tampoco era lo ofrecido en la primera oferta laboral, si no que una vez establecidos se les decía que les pagarían dándoles alimento y 300 pesos argentinos.

De acuerdo a testimonios recolectados en la investigación, las jornadas de trabajo empezaban a 5 ó 6 de la mañana encerrados en distintos cuartos. Muchas veces se quedaban sin desayunar y almorzar adelantando producción hasta las tres de la mañana, para luego dormir solo una hora porque enseguida les golpeaban la puerta para que sigan trabajando.

Una vez finalizada la producción en los talleres, la mercadería era trasladada al domicilio de Bacacay 3591, ubicado a pocas cuadras de la avenida avellaneda donde se encontraban los locales de venta al público. Este domicilio funcionaba como centro de distribución y stockeo de lo producido.

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