Un mes después de que el fiscal Alberto Nisman fuera encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015 -el lunes se cumplirán seis años–, se conoció que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos, con 600 mil dólares. Su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, llevó la información a la justicia y se inició una causa por lavado de dinero. En ese expediente, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó a fines de noviembre una serie de medidas que hasta ahora no se conocían.
El magistrado dispuso investigar y peritar el patrimonio de Nisman, de su madre Sara Garfunkel, de su hermana Sandra Nisman y del perito Diego Lagomarsino, que está procesado como partícipe de un homicidio en la causa de la muerte del fiscal. Los cuatro tenían una cuenta en el Merrill Lynch Bank of America Corporation, con sede en Nueva York. Además, el juez dispuso “el embargo preventivo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles” de Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarisno y pidió analizar la causa por la sucesión de los bienes de Nisman, quien estaba a cargo de la Unidad Fiscal que investigaba el atentado a la AMIA. La misma medida alcanza al Claudio Picón.
De Giorgi explicó en su resolución, a la que accedió Infobae, que tomaba las medidas “ante la existencia de confusión económica y entrecruzamiento entre los imputados”.
A principios de marzo de 2015, Arroyo Salgado se presentó ante la fiscal Viviana Fein -la primera que tuvo la causa por la muerte- y reveló que Sandra Nisman la había llamando de urgencia para contarle sobre una cuenta que tenía con su hermano y su madre en un banco en Estados Unidos. Según Arroyo Salgado, Sandra le dijo que Nisman afirmaba que era una cuenta con plata para sus dos hijas y que para operarla necesitaba una clave que no tenía. Y Arroyo dijo que nunca supo de la existencia de esa cuenta.
La primera pregunta fue si, ante la revelación de esa cuenta, podía surgir una hipótesis económica sobre la muerte del fiscal. Pero solo quedó en hipótesis. Lo que sí surgió fue una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se investigue un posible lavado de dinero por parte de Nisman, usando de pantalla a su familia y a Lagomarsino.
El caso quedó a cargo del entonces juez Rodolfo Canicoba Corral (hoy jubilado) y del fiscal Juan Pedro Zoni. Allí se supo que se trataba de la cuenta número 5v3-50653 del banco Merrill Lynch y que fue abierta el 7 de marzo de 2002 por Sara Garfunkel y Sandra Nisman como titulares. El 16 de junio de 2014 se sumó Lagomarsino como titular y Nisman siempre figuró como apoderado. La cuenta tenía movimientos por 666.690 dólares entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014. La dirección asociada a la cuenta es un departamento de la calle Franklin Roosevelt al 2700, que es donde vive Sara Garfunkel. Ninguno de ellos la consignó en sus declaraciones juradas.
Lagomarisno declaró que Nisman le había pedido que fuera titular de la cuenta porque él como fiscal era una Persona Políticamente Expuesta y que así podía evitar pagar más impuestos. A su vez, el perito informático que trabajaba para Nisman contó que solo hizo una transferencia bancaria a Uruguay por 2.500 dólares. Lagomarsino fue quien le llevó al departamento de Puerto Madero el arma de la que salió el disparo que terminó con su vida. Está procesado como partícipe de un homicidio y sostiene que llevó el arma a pedido de Nisman y que no formó parte de ningún plan para matarlo.
En agosto de 2015, el juez Canicoba Corral citó a Lagomarsino, a Garfunkel, a Sandra Nisman y a Picón a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero. Pero no se concretó. El magistrado fue apartado de la causa por la Cámara Federal a pedido de Pablo Lanusse, abogado de Garfunkel y Nisman, por temor de parcialidad en base a declaraciones públicas que había hecho sobre la causa.
Picón es un empresario vinculado a Nisman y a sus movimientos de dinero. Su nombre apareció cuando se comenzó a investigar el lavado. Es el dueño de “Palermopack SA”, empresa propietaria de un auto Audi que manejaba Nisman. También está vinculado a la participación de Sara Garfunkel en el “Fideicomiso Dorrego 1771”, donde es propietaria de dos unidades y dos cocheras. Además, Picón hizo depósitos en la cuenta de Estados Unidos y en el departamento de Nisman se encontró un cheque suyo por 200 mil dólares. En ese departamento de Puerto Madero el fiscal fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. Según la causa judicial, se trató de un homicidio vinculado a una denuncia que había presentado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA con la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
Tras la salida de Canicoba Corral, la causa pasó al juez Claudio Bonadio. Las indagatorias no se concretaron y el expediente quedó en stand by por una serie de planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En febrero del año pasado, tras la muerte de Bonadio, quien tomó el expediente fue Martínez De Giorgi.
Y en noviembre tuvo una reactivación. Picón se presentó en la causa para pedir que se le permita disponer de una serie de vehículos sobre los que pesaban impedimentos. La Cámara Federal aceptó su planteo y le pidió al juez Martínez De Giorgi que “se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita”.
En consecuencia, el magistrado tomó una serie de medidas. “Dichas medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito”, explicó.
Una de esas medidas es la realización de un informe sobre la “evolución económica histórica de los ingresos y egresos de los encausados, Sras. Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, Sres. Diego Ángel Lagomarsino y Claudio Picón, como también el Sr. Alberto Natalio Nisman”. Se lo pidió al “Cuerpo de Peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración Pública” y le envió toda la documentación de la causa. Asimismo, solicitó que se analice información de las bases de ANSES, AFIP, BCRA, NOSIS, FIDELITAS, VERAZ y cualquier otra que pueda aportar datos.
“Por otra parte, deberá tenerse como parámetro directriz sus vínculos parentales, conyugales y societarios, herencias recibidas, lugares de trabajo, etc”, sostuvo el juez. La defensa de Lagomarsino pidió que esa medida alcance a Arroyo Salgado. Fuentes judiciales dijeron a Infobae que por el momento Martínez De Giorgi no tomó esa decisión.
El juez también le pidió a la Procuración General de la Nación el legajo laboral de Nisman para que los peritos tengan constancias de sus ingresos como fiscal. Sobre Alberto Nisman, el magistrado quiere conocer sus bienes. Por eso le solicitó al juzgado civil 99, donde se tramita la sucesión del fiscal, que le remita “el listado del acervo hereditario”.
Otra decisión del juez fue embargar las cuentas bancarias de Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino y Picón. Y lo mismo con sus bienes. “Por ello, y ante la existencia de confusión económica y entrecruzamiento entre los imputados y las sociedades mencionadas en autos, a fin de cumplir con los objetivos y fines señalados (cfr. art. 193 del CPPN) habrá de procederse de conformidad con lo previsto por los arts. 23 y 305 del Código Penal de la Nación, a ordenar el embargo preventivo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de las Sras. Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman, Diego Angel Lagomarsino y Claudio Picón, todos en el porcentaje de su titularidad y a exclusiva disposición de este Tribunal”, dispuso. Explicó que el objetivo de todas las causas por lavado de dinero es recuperar el dinero del delito y que una manera de asegurarlo es embargando bienes que luego se puedan rematar o que queden para el Estado.
El juez también busca conocer la relación entre los acusados de la causa. Para eso dispuso un entrecruzamiento de llamados de los teléfonos para saber si estuvieron comunicados. Puntualmente sobre Picón, el juez además ordenó el embargo preventivo de seis vehículos, la intervención de sus empresas “Palermopack S.A.” Starpack S.A.” y “Easy Pack” por 12 meses.
Por último, Martínez De Giorgi pidió información sobre Damián Stefanini. Se trata del empresario que desapareció en octubre de 2014 y registraba depósitos en la cuenta de Nisman en Estados Unidos. El juez requirió al Registro Nacional de Reincidencia si Stefanini tiene antecedentes y a la justicia federal de San Martín y de San Isidro, si existen causas en las que estuvo imputado.
La resolución del juez ya fue objetada. La defensa de la madre y la hermana de fiscal apelaron la decisión. El abogado Lanusse sostuvo que las mujeres ya tuvieron sus bienes embargados, que esa decisión está apelada en la Corte y que los plazos que fija la ley para inmovilizar bienes están vencidos. “Las Sras. Sara Garfunkel y Sandra Nisman, pese a haber caducado las medidas cautelares dispuestas, no alteraron su patrimonio”, sostuvo la defensa.
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