Los papeles secretos del ARA San Juan: “Los acusados por el hundimiento”

El auditor militar comodoro abogado Daniel Méndez asegura que ocho oficiales de la Armada Argentina habrían tenido algún grado de participación en el naufragio del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2015. Siete habrían tenido algún tipo de responsabilidad directa, y uno está imputado porque fue procesado en la justicia civil. Sus argumentos son los suficientemente sólidos como para llevarlos ante el Consejo General de Guerra.

El tribunal comenzó a sesionar el 25 de noviembre pasado, tal lo dispuesto por el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas, general de brigada Juan Martín Paleo. Es la primera vez que el organismo se reúne desde que se abolió el código de Justicia Militar, el 26 de agosto de 200, por iniciativa de la entonces ministra de Defensa Nilda Garré.

En el dictamen “CONFIDENCIAL” de 240 fojas elaborado por Méndez, a la mayoría les endilga haber cometido una falta gravísima según lo dispone el artículo 13 incisos 16 y 23 al “militar que en tiempos de guerra o durante operaciones militares, perdiere la unidad militar a sus órdenes provocare daños a la tropa o al equipamiento (…).

Los veredictos del Consejo General de Guerra pueden pendular desde la “absolución” a la “destitución”. El último extremo conlleva la pérdida del estado militar y el retiro que le podría corresponder.

Ante esa posibilidad están expuestos los oficiales: Almirante (R) Marcelo Eduardo Hipólito Srur, Contraalmirante (R) Luis Enrique López Mazzeo, Capitán de Navío Claudio Javier Villamide, Contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi, Capitán de Navío (R) Carlos Ferraro, Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso, Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa y Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia, este último es el menos comprometido.

¿Cuál fue la supuesta responsabilidad que tuvo cada uno de ellos antes y durante la tragedia?

¿Dónde estaban en el momento que desde el submarino se emite el último mensaje enviado antes de la perdida de contacto?

Esas y otros interrogantes son respondidas por el comodoro Méndez al analizar la conducta de cada uno de los imputados. Infobae lo reproduce de manera textual y exclusiva.

Almirante (R) Marcelo Eduardo Hipólito Srur

Ejercía el cargo de jefe del Estado Mayor General de la Armada, siendo su máxima autoridad al momento de los hechos que dieran lugar a la pérdida de contacto y posterior naufragio del submarino ARA San Juan.

El comodoro Méndez aclara: “Según el Reglamento Orgánico de la Armada son tareas y funciones de este funcionario ‘ejercer el gobierno y administración de la Armada. Dirigir la preparación para la guerra de los elementos operacionales de la Armada y su apoyo logístico’”.

El propio Srur, se recuerda en el dictamen, “ha manifestado expresamente que habría tomado conocimiento de la pérdida de contacto del ARA San Juan y de su avería inicial, el día 16 de noviembre de 2017 a través del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA)-que estaba a cargo de Luis Enrique López Mazzeo- entre las 13:20 y 13:40 en ocasión de encontrarse en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en el marco de una comisión del servicio consistente en la entrega de una condecoración”.

Por esa razón, al momento del incidente, se encontraba a cargo del Estado Mayor General de la Armada el vicealmirante (R) Migue Ángel Máscolo “quien ante la novedad que le fuera transmitida el 16 de noviembre de 2017 habría manifestado un absoluto desconocimiento sobre el hecho”.

Es decir, un día después y cuando la nave ya estaba sobre el lecho marino a más de 900 metros de profundidad.

“De confirmarse lo expuesto -analiza el auditor-, habría existido una evidente demora en informar como hubiese correspondido a la máxima autoridad de la Fuerza de un hecho que al conocerse era de gran relevancia y que los acontecimientos posteriores han venido a confirmar que poseían una gravedad inusitada”.

El comodoro Méndez no deja dudas sobre el conocimiento que el jefe de la Armada tenía sobre el estado del ARA San Juan. Lo fundamenta así: “El Almirante (R) Srur como máxima autoridad de la Armada tenía conocimiento del estado en que se encontraba el Submarino ARA San Juan por cuanto en el mes de enero de 2017 impartió instrucciones concretas acerca de la subsanación de las novedades existentes en cuanto al mantenimiento de la nave, concretamente hizo hincapié en la adquisición de elementos de pirotecnia”.

El auditor hace hincapié en que la jefatura de la Marina “tampoco transmitió la información en forma detallada y completa -sobre la perdida de contacto con el buque- a su superior el ministro de Defensa (Oscar Aguad)”.

Por estos elementos, el comodoro abogado afirma: “Resulta inaceptable la demora incurrida en transmitir una novedad de la mayor trascendencia sobre un buque de la Armada cuya tripulación se encontraba en precarias condiciones de vida. La falta de información relativa al hecho del almirante (R) Srur es demostrativa de una falta de ascendiente respecto de sus colaboradores más inmediatos, altos mandos de la Armada que no le proveyeron de la información necesaria en tiempo y forma en tiempo y forma”.

Es más, en el sumario que llevó a Srur ante el Consejo General de Guerra, se destaca que el jefe de la Armada, estando en Uruguay para ser condecorado, desconocía que el jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada “se encontraba fuera de su área de asiento de su comando para desarrollar una tarea no prioritaria frente a una situación de emergencia”, como “la campaña sanitaria en la provincia del Chaco”.

Para el auditor Méndez este hecho “aparece como altamente significativo y en todo caso revelador de un evidente desorden conductivo”.

El comodoro, a lo largo de su dictamen, refiere en varias oportunidades que dentro de la Fuerza comandada por Srur existía una “situación de grave desorden en los más altos mandos de la institución en esos momentos y en todo caso de esa falta de ascendiente respecto de sus subordinados”.

El 7 de diciembre de 2017, Srur, a través de una investigación interna ordenada y avalada por el ministro Aguad, y que demoró apenas días -después fue nulificada por graves irregularidades- se decidió las suspensiones de servicio del contraalmirante López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide, por “faltas gravísimas”.

Es decir que el jefe de la Armada hacía recaer prácticamente todas las responsabilidades por la pérdida del buque de guerra y sus 44 tripulantes a estos oficiales superiores que dependían directamente de él.

Como respuesta a esa presunta “arbitrariedad” del jefe de la Marina, y apuro por cerrar la tragedia del ARA San Juan lo antes posible, cuatro contraalmirantes declamaron su contrariedad por la medida.

La reacción del almirante fue disponer sus pases a retiro.

Al trascender el episodio en la prensa, se interpretó como una “interna” entre Srur y López Mazzeo, quien se creía sería su sucesor.

Para el auditor este hecho “constituye una situación anómala, y claramente descriptiva de una verdadera situación de desorden imperante en los altos mandos de la Armada que (Srur) no vacila en calificar como un intento de ‘Motín’”.

La insistencia de Srur por deslindar responsabilidades en sus subalternos “era más propia de un espectador, de quien se detiene a contemplar los sucesos que ocurren a su alrededor sin involucrarse en los mismos aduciendo que las responsabilidades son de otros, no de él mismo”.

Entre todos los cuestionamientos hacia la figura del ex jefe de la Armada, el auditor no duda en sostener, en base a la información recabada, que Srur “pretende colocarse en la posición de una suerte de observador de los sucesos acontecidos, informando al señor ministro de Defensa (por Aguad) tardíamente de hechos que desembocaron en una de las mayores tragedias sufridas por la Armada Argentina sin tomar parte activa en las tareas de búsqueda encaradas por entonces por la fuerza. Esta idea es reforzada por los propios dichos del almirante Srur, quien refiere que la información sobre el ingreso de agua de mar al balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3, estaba en poder de las autoridades del Ministerio de Defensa el día 17 de noviembre de 2017, “simultáneamente al momento en que se enteró el propio Srur”. O sea que el jefe del Estado Mayor General de la Armada -en Buenos Aires desde el 16 de noviembre de 2017- recién se enteró del origen de la avería inicial del submarino dos días después que la novedad fuese transmitida al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) e informada de inmediato al Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) en la madrugada del 15 de noviembre de 2017″.

Es decir que, según ese relato, el jefe de la Armada se enteró por terceros.

“En suma -avanza en su interpretación el comodoro auditor- el almirante Srur no trepida en desplegar las aspas de su molino defensista en diversas direcciones, endilgando responsabilidades en sus propios subordinados (…) e inclusive ahora pretende instalar una eventual falta de decisión o desaciertos incurridos en la gestión del por entonces ministro de Defensa (Oscar aguad) y sus colaboradores erigiéndose en la cómoda posición de una suerte de testigo privilegiado de los hechos y en un mero transmisor de novedades, con la particularidad que lo hizo desde el atalaya del más alto cargo de la Armada Argentina”.

Por estos y otros cuestionamientos que exceden largamente una nota periodística, al ex jefe de la Armada se le imputa:

-”Ser negligente en su accionar al demostrar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al haber revelado una notoria falta de ascendiente sobre sus subordinados, con el consecuente menoscabo de la imagen institucional ante la opinión pública”.

-”No haber adoptado los recaudos necesarios para que sus mandos subordinados cumpliesen con sus obligaciones de transmitirle en tiempo y forma novedades de trascendental importancia vinculadas con la seguridad de los medios operativos de la Armada, como eran las relacionadas con la avería inicial informada por el submarino San Juan al Comando de la Fuerza de submarinos a las 23:42 del 14.11.17 y posterior pérdida de contacto de dicha nave”.

- “Haber incurrido en demoras y en haber transmitido al ministerio de Defensa una información tardía e incompleta respecto de los sucesos iniciales acontecidos respecto de esa nave”, entre otros cuestionamientos.

Finalmente el auditor militar entiende que “de acuerdo a las constancias del legajo disciplinario el almirante Srur tenía conocimiento del estado de mantenimiento del submarino ARA SAN JUAN, no tomó las medidas preventivas para solucionar el estado de precariedad en que se encontraba la nave luego de la avería inicial sufrida por el submarino” y una vez anoticiado no solicitar con debida antelación el auxilio requerido.

Por las faltas gravísimas que se adjudican a Srur, si es encontrado culpable, puede llegar a ser dado de baja, perder el grado y el retito que le podría corresponder.

Es la primera vez en democracia que un jefe de la Armada podría llegar a ser sancionado con la pena máxima, lo que sentaría un precedente institucional que deberá ser tenido en cuenta porque, hasta ahora, se tenía la sospecha de presunto encubrimiento entre pares.

El tribunal militar que esta juzgando a los nueve imputados está integrado por su presidente -en este caso un civil- el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; dos vocales, el general de brigada Juan Martín Paleo (jefe del Estado Mayor Conjunto) y el brigadier Pedro Girardi; un secretario, el comodoro Ángel Rojo y un auditor, el general de Justicia, Juan Stanchina.

Contraalmirante (R) Luis Enrique López Mazzeo

Estaba a cargo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) al momento en que tenía lugar la travesía final del submarino ARA San Juan. En función de ello, tenía bajo su dependencia el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), por entonces a cargo del capitán de navío Claudio Villamide.

Según el dictamen del auditor ante el Consejo General de Guerra “tuvo conocimiento de la avería inicial sufrida por el ARA San Juan en la misma madrugada del 15 de noviembre de 2017, aproximadamente a las 01:00 a través de una comunicación telefónica que le efectuara Villamide”.

Después de trascribir los argumentos defensivos del alto mando de la armada, el comodoro entendió que el responsable del área “ciertamente no le asignó a la avería inicial el carácter de gravedad potencial que efectivamente tenía”.

En el punto 4.71 del dictamen, Méndez asegura: “La importancia de la noticia está dada también porque el llamado de Villamide además de informar ‘el desperfecto del submarino San Juan’ tuvo como objeto el dar a conocer la incapacidad del submarino para dar cumplimiento a la tarea pendiente asignada, esto es, efectuar una patrulla de Control del Mar en el área ‘Juliana’, lo cual ponía de manifiesto la gravedad de la avería del submarino (...) por lo que habría correspondido seguir la evolución de los acontecimientos con mayor rigurosidad, especialmente porque el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada acumula la función de Coordinador Nacional de Búsqueda y Rescate Marítimo”.

Entre otros cuestionamientos el comodoro Méndez remarca que “como respuesta a la importante novedad que le fuera transmitida decidió no suspender una visita que tenía programada a la Provincia del Chaco que se encontraba vinculada con una campaña sanitaria. Asistió a tal evento y existen constancias que indican que partió hacia esa provincia luego de haber sido informado de la avería inicial del submarino San Juan”.

Dice el auditor: “Otro detalle que llama la atención es que el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada no haya puesto en conocimiento del hecho en forma inmediata al jefe del Estado Mayor de la Armada como hubiese correspondido. Ello recién tuvo lugar cuando se vio compelido a hacerlo —como consecuencia del desarrollo de los acontecimientos— próximo a iniciarse la operación SAR (búsqueda y rescate), con lo cual se incurrió en una demora inaceptable en relación a las características del siniestro”.

Por estas y otras serie de deficiencias, López Mazzeo es acusado por “negligencia en el servicio” prevista como falta gravísima, un cargo similar al del almirante Marcelo Srur.

Capitán de navío Claudio Villamide

Villamide era el jefe inmediato superior del comandante del submarino ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Fernández, al momento en que tuvo lugar el fatal siniestro sufrido por ese buque.

Durante el año 2017 se encontraba a cargo del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y en particular al momento en que se verificó el viaje final del ARA San Juan. Es decir, era la autoridad naval militar que tenía a su cargo la totalidad de los submarinos asignados a la Armada Argentina, entre ellos los 44 tripulantes fallecidos.

La cadena de presuntas irregularidades, de negligencias que se le endilgan a Villamide, son tan amplia como las de Srur o López Mazzeo. Pero una frase resalta entre las muchas escritas por el auditor: “Él debía conocer las condiciones de navegabilidad del navío, sus características como embarcación y las limitaciones operativas de las que adolecía (…) Tampoco debe soslayarse el hecho de que las funciones a cargo del COFS no se limitaban a disponer la partida de un submarino sino que debía entender en su seguimiento en toda la trayectoria verificada por el mismo hasta su arribo a la base de origen. Así, debía supervisar en todo momento las vicisitudes en materia de tiempo y forma de cómo se cumplía una orden del servicio que se le había impartido al ARA San Juan”.

El auditor, en el punto 4.156 aclara: “No obstante la superioridad jerárquica del capitán de navío respecto del comandante del submarino —tanto en función del cargo como del grado- Villamide priorizó en todo momento las facultades de mando que ostentaba el comandante del submarino y su potestad de tomar en todo momento las decisiones que fuesen necesarias para atender la situación de emergencia en la que se encontraba la nave, entendiendo que el conferirle la más amplia libertad constituía una fuente de ventajas para el comandante del ARA San Juan”.

De todos modos, como " las facultades decisorias del comandante del submarino se encontraban esmeriladas con motivo de la concurrencia de un cúmulo de acontecimientos tanto externos como internos de la operación del submarino a su mando, que imponían acudir a una ayuda exterior como mínimo para obtener una asistencia, un apoyo para quienes estaban viviendo una situación sumamente desventajosa (…) la asistencia, debían provenir en primer término de su inmediato superior jerárquico, el Comandante de la Fuerza de Submarinos, quien desde la sede de su Comando era la autoridad naval que se encontraba en mejores condiciones de evaluar la incidencia de los hechos denunciados a la luz de los factores externos imperantes en ese momento”..

Estas son algunas de las razones por las cuales a Villamide, que a diferencia de Srur y López Mazzeo sigue en la fuerza, es decir que no pasó a retiro, “lo hacen pasible de la formulación de un reproche disciplinario por faltas gravísimas”.

Estos son los tres principales acusados por el naufragio del Ara San Juan.

Los otros seis son el contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi, quien al momento de producirse los hechos se desempeñaba como Jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. Se le endilga, entre otros cuestionamientos “haber incurrido en culpa o en forma deliberada en el incumplimiento de las tareas asignadas posibilitando con su accionar la pérdida de bienes del estado, al no disponer desde el momento de su asunción en el cargo en enero de 2017, la entrada a dique en tiempo oportuno del submarino ARA San Juan, pese a que el mismo contaba con dos novedades relevantes pendientes de subsanación: falta de carenado y prueba hidráulica sobre la tubería de ventilación, al momento de producirse su partida de la Base Naval Mar del Plata en el mes de octubre de 2017, programando la misma recién para la segunda quincena del mes de mayo de 2018”.

Por esta, entre otras razones, se lo acusa de “falta grave” en su función.

Capitán de navío (R) Carlos Ferraro: se desempeñaba como Jefe del Proyecto de Submarinos al momento de producirse la entrega del submarino ARA San Juan SUSJ al Comando de la Fuerza de Submarinos luego de su reparación de media vida en el año 2015.

A él se le cuestiona, por ejemplo, “no haber constatado la instalación de un nuevo sistema de detección de gases y monitoreo de atmósfera a bordo del submarino ARA San Juan que no contaba con la certificación oficial por el organismo técnico competente ni respondería a especificaciones técnicas requeridas para su empleo a bordo de submarinos, motivo por el cual su funcionamiento podría verse afectado y sus indicaciones (sobre la cantidad de hidrógeno dentro del buque) podrían haber resultar erróneas o engañosas ante incidentes como el sucedido a bordo del submarino el 14 de noviembre de 2017”.

Capitán de navío Héctor Aníbal Alonso: tenía a su cargo el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarino, siendo el segundo oficial en antigüedad y en funciones en dicho mando superior, ubicado inmediatamente luego del capitán de navío Villamide.

Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa: se encontraba destinado en el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS). Fue designado Jefe de Operaciones de ese Organismo.

A estos dos últimos se los hace responsables de haberle indicado al capitán del ARA San Juan navegar en una posición errónea que, de no haber sido advertida, el submarino habría ingresado en la zona de exclusión por el Reino unido después de la Guerra del Atlántico Sur. Esto es en la zona de las Islas Malvinas.

Correa fue quien cometió ese error, y su jefe, Alonso, no lo advirtió.

Al primero se le reprocha también que “luego de la comunicación con Villamide (informando sobre las dificultades que presentaba el submarino, principio de incendio e ingreso de agua) el capitán de fragata Correa permaneció en su domicilio y retomó su descanso hasta la mañana siguiente, ello no condice con el estado de cosas existentes esa noche, con una tripulación enfrentando una situación dificil y en un contexto francamente adverso”.

Alonso y Correas son acusados de “faltas graves”.

Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia. Prestaba servicios en el Comando de la Fuerza de Submarinos. Estaba a cargo de la Jefatura Logística de ese organismo. Si bien el instructor militar “no ha encontrado mérito para la formulación de reproche disciplinario alguno al referido oficial jefe”, se lo imputó porque fue procesado por la jueza federal Marta Yañez. Su procesamiento aún no está firme.

De los ocho imputados en el Consejo General de Guerra es muy posible que Sulia quede absuelto ya que el auditor entendió su “falta de participación personal y activa en los hechos desde la génesis misma del incidente que luego desembocara en la tragedia final del submarino”.

Es muy probable que durante el mes de febrero se conozca el fallo del tribunal militar contra los presuntos responsables por la perdida del ARA San Juan, y lo que es más valioso aún, la muerte de sus 44 tripulantes.

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