Las vacaciones de la CGT fueron muy cortas. Los integrantes de la mesa chica de la central obrera interrumpirán su descanso para hablar este lunes, a las 16, en la sede de UPCN, sobre un tema excluyente: la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo y de la que aún siguen sin tener detalles.
La inquietud crece porque la cúpula cegetista no tiene buena relación con Cristina Kirchner y teme que los cambios proyectados apunten a apropiarse de los fondos de las obras sociales para subordinarlos a un esquema centralizado. Por eso intercambiarán opiniones y prevén pedir una audiencia con las autoridades nacionales para pedirles precisiones sobre el supuesto plan que fue elaborado en el Instituto Patria.
Algunos de los presuntos contenidos de la reforma del sistema de salud que trascendieron en los medios coinciden con propuestas ya efectuadas por la central obrera al Gobierno para revertir el desfinanciamiento de las obras sociales, pero el gran problema de los dirigentes de la CGT es que desconfían de las intenciones de quienes impulsarían el proyecto dentro del oficialismo.
En el Instituto Patria, como anticipó Infobae, hay mucho hermetismo sobre el tema: uno de sus miembros se negó a dar detalles sobre el tema porque “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan (de reforma del sistema de salud) existe y se comenzó a escribir en septiembre”.
En otros sectores del Frente de Todos buscaron restarle dramatismo a los cambios que se analizan y aseguraron que se trata “sólo de la idea de un seguro único de salud y la integración vertical de las estructuras del sistema, que están duplicadas o triplicadas, y lo mismo sucede con el gasto”.
Es decir, nada de una estatización lisa y llana, como Alberto Fernández le garantizó esta semana a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y temen en las empresas de medicina privada, pero sí una mayor presencia del Estado en el sector sanitario porque, como dijo el Presidente, “el sistema de salud tiene un problema estructural que hay que revisar”. En la misma sintonía, Cristina Kirchner sostuvo que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos”.
Todos sospechan que detrás de la elaboración del proyecto está Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, y sus técnicos de la Fundación Soberanía Sanitaria, supervisados por Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y coordinador de la Comisión de Salud del Instituto Patria.
En un documento difundido en 2019, “Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024″, se propone la creación de un sistema único de salud del que dependerán las prepagas y las obras sociales y que incluso centralizará las distintas instancias de control estatal, con lo cual será más difícil que los dirigentes gremiales mantengan su capacidad de presión sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales. Unificar el control y la conducción del sistema, con una descentralización operativa, sería uno de los ejes de la propuesta que impulsaría el kirchnerismo.
La cúpula cegetista, a través de José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y uno de los mayores expertos en el sistema de salud, conversan con el Ministerio de Salud y la Superintendencia sobre algunos cambios para aliviar el déficit crónico de las obras sociales, luego de convencer al Presidente de buscar una solución a este tema, pero hay incertidumbre: nadie sabe si esas medidas sobrevivirán con la reforma K.
Funcionarios y sindicalistas estaban de acuerdo en limitar el traspaso de los afiliados de las obras sociales y en evitar la triangulación de aportes para que las prepagas se queden con los recursos de los trabajadores de mejores ingresos. Está decidido que aumentará la cápita que pagan los monotributistas para acceder a las prestaciones de las obras sociales y, además, buscan alternativas para que el Estado pague el 100% de algunos de los gastos por discapacidad que afronta el sistema sindical de salud. Tiene un destino más incierto la propuesta gremial de que el Estado se haga cargo de pagar los medicamentos más costosos.
La CGT había quedado en retomar en enero las conversaciones con el titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, que se infartó el mismo 31 de diciembre en que Alberto Fernández decidió y dejó sin efecto el aumento del 7% para las prepagas. Con su interlocutor convaleciente, los sindicalistas deberán recurrir al ministro de Salud, Ginés González García, con quien mantienen una relación zigzagueante y que tiene un inconveniente: está en un momento de fragilidad luego de los traspiés acumulados en la gestión. El último se produjo cuando fue filmado mientras les decía a médicos del Hospital Posadas que el Presidente “está nervioso porque no llegan los papeles” para que la vacuna rusa pueda aplicarse a los mayores de 60 años.
Los sindicalistas están desorientados, además, porque estaban avanzando con las autoridades en definir el aumento del aporte que pagan los monotributistas para atenderse en las obras sociales, pero hace pocos días la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció una actualización de las escalas y las cuotas del monotributo desde 2021 y allí estableció que aquella cápita aumentará un 35%, ya que de $1041,22 pasará a $1408,77. Para la dirigencia gremial, son valores menores a los conversados en las últimas semanas con el Gobierno y no son suficientes: por ese monto deben darle al monotributista las mismas prestaciones médicas mínimas que a un trabajador en relación de dependencia, que aporta más al sistema.
Mientras, las empresas de salud del sector privado acumulan preocupaciones similares a las que tienen los sindicalistas. Algunas en una peor situación, en realidad, luego de que Alberto Fernández asegurara que quiere “algún tipo de control del Estado (para las prepagas) porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos”. Apenas 24 horas antes, se había mostrado dispuesto ante Belocopitt en buscar compensaciones para aliviar a las prepagas ante la falta de incremento de las cuotas.
Entre las prepagas y las obras sociales, como el jamón del sándwich, están los prestadores de salud (desde clínicas, sanatorios y hospitales de comunidad hasta laboratorios, centros de diagnósticos y servicios de emergencia médica, pasando por institutos de salud mental y geriátricos), sector en crisis porque los aranceles prácticamente no suben desde hace un año. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), las empresas de la actividad también pudieron reunirse hace 48 horas con Alberto Fernández.
“Le dijimos que estamos en una situación insostenible, casi terminal. Hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea de las obras sociales, del PAMI o de las prepagas, o de la ayuda que pueda brindarnos el Estado mientras se recomponen los aranceles”, afirmó a Infobae el presidente de FAPS, José Sánchez.
Según el empresario, “el Presidente entendió con claridad la problemática del sector prestador y sostuvo que nosotros somos las víctimas del sistema y los que más habíamos puesto el hombro en la emergencia sanitaria”. Y por eso Fernández se comprometió a que iba a encontrar alguna solución para el lunes próximo.
¿Les habló sobre la reforma del sistema de salud que se proyecta? “No, aunque en algún momento esbozó que hay que buscar algún sistema donde la plata drene con mayor facilidad hacia los prestadores”, dijo Sánchez, partidario de que se acuerden “en una mesa de consenso” los cambios en el esquema sanitario.
Pasó una semana en la que los cambios en el sistema de salud estuvieron en un primer plano, aunque aún nadie sabe de qué se tratan y, por ende, nadie tampoco pudo opinar sobre sus misteriosos alcances.
Raro procedimiento por parte de quienes manejan los resortes del Estado y deciden sobre la salud de todos los argentinos en medio de una pandemia. Si desde el kirchnerismo se proyecta una reforma, se preguntan empresarios y sindicalistas, ¿no debería transparentarse su contenido de una vez por todas? En esto, el silencio no es salud.
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