El motivo central de este reclamo es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, para quien Zaffaroni pidió el indulto. “La Corte Interamericana es una corte que tiene jurisdicción en la Argentina y revisa excepcionalmente casos de acá. A esa Corte va a ir Boudou”, explicó uno de los firmantes del texto, el diputado Juan Manuel López, quien aseguró que Zaffaroni al pedir el indulto “está influyendo sobre sus compañeros de la Corte Interamericana”.
“Está haciendo política porque es evidente su afinidad, no la oculta y no es lo que un juez debe hacer”, agregó López en declaraciones a Radio Milenium.
Además de Elisa Carrió y de Juan Manuel López, el pedido está firmado por los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Laura Carolina Castets, Héctor Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Alicia Terada, todos ellos del bloque Coalición Cívica-ARI.
El escrito presentado incluye declaraciones públicas de Zaffaroni, una explicación del caso de Amado Boudou -en particular del fallo de la Corte Suprema de Justicia- y la solicitada titulada “Con Lawfare no hay democracia”, publicada tres días después criticando la decisión del tribunal por afectar “nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”, encuadrando la decisión de la Corte en la llamada lawfare, que definen como “un instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías” y calificando todo el proceso contra Boudou como una “persecución política”.
“Ahora bien -dicen Carrió y los demás diputados en el texto a la CIDH en el cual piden la apertura de un proceso disciplinario y la destitución del magistrado argentino- esta carta de apoyo al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou (...) llevaba la firma, en primer lugar, del integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni”.
En su fallo, la Corte Suprema ratificó la condena de 5 años y 8 meses de prisión contra Amado Boudou por “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.
En el reclamo, los diputados citan varias declaraciones recientes de Zaffaroni sobre el mismo tema, como las declaraciones radiales en las que dijo que “durante el Gobierno de Macri no hubo una sentencia de la Corte Suprema tan aberrante como la de Boudou” y pidiendo “el indulto”, sin el cual, “van a seguir los presos políticos”.
“Es decir, el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Argentina y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que usted preside -dice la nota dirigida a Elizabeth Odio Benito, titular del organismo-, no sólo volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a defender públicamente a un ex alto funcionario de gobierno condenado con condena firme por corrupción, sino que además expresó que se trataba de un preso político y solicitó al Presidente de la Nación que lo indulte.”
“El Dr. Zaffaroni se comportó de un modo que no se corresponde con su investidura y cargo”, sostienen los diputados firmantes y citan en apoyo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Reglamento. Además, citan la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que expresa que “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”, tales como socavar la democracia y el estado de derecho, dar pie “a violaciones de los derechos humanos”, socavar los mercados, menoscabar la calidad de vida y permitir “el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Por lo tanto, consideran que las expresiones de Zaffaroni, “respecto de una sentencia por corrupción contra un ex encumbrado funcionario político, revisada y firme, aparecen como violatorias de los deberes que tiene como juez, y en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Y aseguran que esto tiene más relevancia aún si se miran “las calidades personales y profesionales que el artículo 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece para los miembros de la Corte”, a saber, que deben ser “juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos” y el artículo 11 de su reglamento dispone que al asumir el cargo deben pronunciar el siguiente juramento: “...ejerceré mis funciones de juez con honradez, independencia e imparcialidad (y) guardaré secreto de todas las deliberaciones”.
El Artículo 71 de la Convención dice que “son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad”.
Al respecto, vale recordar que Zaffaroni, siendo ya juez de la CIDH, asesoró a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas. Por otra parte, en enero de 2020, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que Zaffaroni sería su abogado en eventuales causas judiciales que tuviera que enfrentar.
Además de incumplir con la normativa de la CIDH, dicen los diputados, al pedir el indulto para los ex funcionarios condenados por corrupción, Zaffaroni “desconoció de manera flagrante la normativa constitucional de su país y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la que fue integrante”.
Concluyen entonces que “resulta evidente” que Zaffaroni “obró de un modo en que las normas se lo impedían”, al impulsar “públicamente una decisión presidencial -indulto- que le está expresamente vedada – por tratarse de un caso de corrupción-, interfiriendo en el normal desenvolvimiento de la justicia – acusando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ser un eslabón del ‘lawfare’- y manifestándose abiertamente a favor de un gobierno”.
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