La polémica por Victoria Donda desnuda la situación laboral del INADI

Tras la viralización de unas impresiones de pantalla en la que una ex empleada doméstica de Victoria Donda expuso cómo la ahora titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ofreció algunas prebendas, la funcionaria blanqueó una situación tradicional que ya no debería sorprender a nadie: en una entrevista televisiva confió como algo normal que una persona ingrese al Estado por conocer a alguien.

Si bien es una práctica más común de lo que se cree –y se cree que es muy común–, la gravedad pareciera estar en quién hace la propuesta. O sea: está mal el nepotismo en cualquier caso, pero acá se habla, además, del organismo que lucha contra la discriminación. Y en el INADI, si de algo saben los empleados, es de discriminación laboral.

Contexto

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo fue creado por la ley 24.515 en julio de 1995 en medio de un debate nacional que tenía como eje dos atentados internacionales contra la comunidad judía en la Argentina: la voladura de la Embajada de Israel en 1993 y la de la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. Sin embargo, no entró en funciones hasta 1997.

Bajo el amparo de la ley 23.592 de 1988, el INADI tuvo como primer presidente a Víctor Ramos, hijo del histórico dirigente de la Izquierda Nacional Julio Abelardo Ramos. La idea de la creación del Inadi fue contar con un organismo que elabore “políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin”.

En ese sentido, al Inadi le toca “el análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo” y “la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas”, así como “diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas”.

La parte más importante a nivel poderío institucional puede encontrarse en la facultad de “recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro de ellas”, algo que se ha realizado desde sus inicios, al igual que el asesoramiento legal integral y gratuito.

Un aspecto de la ley orgánica que muestra el contexto que se vivía al momento de la creación del INADI habla directamente de “constatar la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política”.

Ahora, el INADI no tiene poder de policía. Esto quiere decir que no actúa solo y no puede imponer siquiera multas. Tan solo puede emitir dictámenes en los que se exprese si se ha violado o no la ley antidiscrimación.

Intervención

Quizá uno de los puntos más cuestionados del INADI es su funcionamiento irregular desde sus inicios. El organismo debería contar con un presidente, un vicepresidente y un directorio de siete miembros. De estos siete, cuatro deben ser representantes del Poder Ejecutivo uno por cada uno de los siguientes ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Justicia; y Educación. Los tres directores restantes deben ser “representantes de Organizaciones no Gubernamentales que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la discriminación, la xenofobia y el racismo”.

¿Cuánto tiempo funcionó así el INADI desde su creación en julio de 1995? Casi nunca. Entró en funciones en 1997 con el propio Víctor Ramos como interventor hasta su normalización a fines de 1999. El 31 de marzo de 2000 Fernando De La Rúa firmó el decreto 296 de aquel año y nombró a Eugenio Zaffaroni como nuevo interventor, cargo que el abogado ejerció hasta enero de 2002 cuando fue reemplazado por otro interventor, Enrique Oteiza, el primer director que había tenido el Instituto Di Tella. Este último estuvo al frente hasta que, en septiembre de 2006, Néstor Kirchner nombra a María José Lubertino como presidenta formal del ente con acuerdo del Congreso.

Durante la gestión de Lubertino el INADI comenzó a avanzar sobre los vacíos existentes en materia de discriminación en la Argentina. Y ese vacío era amplio, sobre todo en el interior, y comenzaron las campañas de territorio, algo que había sido ajeno al instituto hasta entonces.

Cuando Lubertino asumió como legisladora porteña en diciembre de 2009, Cristina Fernández designó al actor y músico Claudio Morgado como titular del INADI. Un año después nombraba a María Rachid como vicepresidenta del organismo. En junio de 2011 Rachid acusó a Morgado de corrupción y se fueron los dos. Por este hecho la entonces Presidenta decidió intervenirlo por 180 días y designó a Pedro Mouratián, quien había oficiado de vicepresidente del organismo en la gestión de Lubertino. Los 180 días fueron prorrogados todas las veces necesarias hasta llegar al 10 de diciembre de 2015.

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia no hubo normalización institucional y se mantuvo la intervención, esta vez en manos del juez penal porteño Javier Buján. Tras una gestión que no fue del agrado siquiera de Macri ni de Marcos Peña, en marzo de 2017 le pidieron la renuncia a Buján y tampoco hubo normalización: se designó interventor al abogado Claudio Presman y, de ese modo, el radicalismo desembarcó en el INADI hasta la finalización del mandato de Macri.

Desde diciembre pasado la abogada Victoria Donda está al frente. Como interventora, obviamente.

Personal

En declaraciones recientes Donda afirmó que en el INADI se desempeñan unas 400 personas. El dato fue ratificado por fuentes del organismo, quienes también afirmaron que en diciembre de 2015 existían unas 500 personas de las cuales trabajaban 400. Los cien contratos restantes se desempeñaban en distintas ONGs y no fueron renovados lo cual generó reclamos que se sumaron a los efectuados por el retraso salarial.

Al chequear los boletines oficiales desde 2009 hasta la actualidad puede notarse prórrogas por 180 días en las designaciones de personal renovadas una y otra vez. O sea, en el INADI, la estabilidad laboral garantizada por el artículo 16 de la Constitución Nacional no corre, al igual que en buena parte del Estado tanto nacional, como a nivel provincial o municipal.

Durante la gestión de Presman se llamó a concurso para pasar a planta permanente a 115 personas y se exigía idoneidad y una antigüedad superior a los 4 años para poder concursar, por lo que la mayoría de los 115 concursos hoy frenados pertenecen a personal que ya se desempeñaba en el organismo.

En diálogo con Infobae, Victoria Donda afirmó que esas designaciones fueron frenadas antes de su arribo al organismo dado que fueron impugnadas. Asimismo, agregó que desde el inicio de la pandemia existe un decreto que impide nuevas contrataciones sin que existan renuncias previas.

Desde ATE informaron que el sindicato no puede impugnar ningún proceso, pero sí hicieron observaciones, como designaciones a migrantes que quedaron trabadas en Jefatura de Gabinete. En el sindicato argumentaron a Infobae que “eran observaciones propias de un proceso concursal y que debería retomarse, pero al menos en INADI no está pasando”. Respecto de los motivos, el gremio informó que “los procesos administrativos no permitieron que se completara antes del cambio de gobierno”.

ATE se encuentra en conflicto con la actual gestión del instituto desde mediados del año pasado en reclamo por aguinaldos adeudados y el pase a planta permanente trunco. Cabe detallar que el número de trabajadores pertenecientes a la planta permanente del INADI se reduce a cero personas, con lo cual todos se encuentran contratados como monotributistas bajo la modalidad locación de servicios. En búsqueda de igualdad de condiciones laborales con el resto del Estado, sus trabajadores habían conseguido el pago del equivalente a medio contrato extra en junio y a medio contrato en diciembre como contraprestación por capacitaciones efectuadas. Una suerte de aguinaldo. En virtud del cambio del sistema de contrataciones este método se vio afectado. Antiguamente se contrataba mediante convenios con universidades y, luego del decreto 1109/2017, pasó a ser de forma directa por períodos máximos de doce meses, lo que cual tuvo su gran contra al vencer el período coincidiendo con el cambio de gobierno.

“A principios de 2020 nos habían prometido el pago de aguinaldos en concepto de capacitaciones”, informaron desde ATE y agregaron que “se interrumpió en 2020 por una dificultad del cambio del sistema de contrataciones y desaparecieron los extras a los monotributistas”. Y así fue que comenzaron las medidas de fuerza en el INADI que, al menos por ahora, no han tenido respuesta por parte de las autoridades.

Barajar y dar de nuevo

“Debería volver a las fuentes y ser un organismo rector de políticas contra la discriminación”, asegura a este medio un hombre que conoció varias gestiones, quien prefiere que el instituto se centre en el diseño de políticas y deje la presencia territorial dado que allí se superpone con las funciones ministeriales “sin el presupuesto ni la capacidad de los ministerios”.

Varios de los teóricos de las institucionalidades como modelos para mejorar la calidad de los países –James Robinson y Daron Acemoglu a la cabeza– sostienen que no está mal tener organismos que compitan entre sí, sino que en países con baja calidad institucional, es hasta preferible para que nadie haga la plancha. Al igual que lo que ocurre con la Oficina Anticorrupción no son pocos los que se preguntan si tiene sentido o no que tener un INADI. “Sí, lo tiene, pero no este INADI”.

Desde la fundación Poder Ciudadano, el abogado Germán Emanuele –director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción– consideró que “vale la pena tenerlo mientras sirva para el entramado de políticas públicas dentro del Estado”. En ese sentido, Emanuele afirmó que “el INADI tiene un potencial enorme en materia de prevenir la discriminación y de promover políticas públicas en ese sentido”.

Poder Ciudadano se había manifestado públicamente en redes respecto de la situación de Donda y la Ley de Ética Pública. “Sostenemos lo mismo que con (el exministro de Trabajo de Macri) Jorge Triaca”, afirma Emanuele y manifiesta que “es una situación muy, muy, muy común en todos los gobiernos, lo ves con cada cambio de gobierno, que ingresa al Estado gente vinculada con el partido de gobierno y que no tiene que ver con idoneidad”.

El abogado recuerda que “la Argentina nos tiene acostumbrados a este tipo de situación, eso no implica que sea contrario a las normas, principalmente a la ley de ética pública”. En ese sentido, Emanuele ratifica que “es cierto que la ley no prevé situaciones de nepotismo, pero de la lectura de la ley, una funcionaria no debería contratar gente allegada” ya que “se exige que el funcionario o funcionaria se desempeñe con ciertos estándares que acá no se ven”.

Por último, Emanuele afirmó que “la Oficina Anticorrupción –otro organismo cuyo funcionamiento es cuestionado por la fundación desde hace años– debería iniciar una actuación de oficio para determinar si hubo una violación a la ley de Ética Pública”.

Por lo pronto, la situación destapó la realidad de trabajadores sin estabilidad laboral en un organismo que debe velar por el cumplimiento de la igualdad ante la ley. Ningún gobierno de ningún color partidario solucionó el problema y eso que la Constitución dice que todos somos “admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

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