Indultos y amnistías para acusados de corrupción: ¿quiénes podrían beneficiarse?

Si el indulto presidencial solo puede aplicarse a los condenados, el presidente Alberto Fernández podría llevar “ese perdón” al ex vicepresidente Amado Boudou, sentenciado por la causa Ciccone; el ex ministro de Planificación Julio De Vido; o los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime o Juan Pablo Schiavi. Para el resto de los políticos investigados, incluida la vicepresidenta Cristina Kirchner, solo podría caber una ley de amnistía general para los delitos de corrupción, ya que aún se encuentran procesados.

Así se desprenden de las declaraciones del propio presidente Alberto Fernández cuando hoy le preguntaron por el indulto. Fernández fue severamente crítico con la Corte Suprema de Justicia por cómo resolvió el caso de Amado Boudou. De hecho, cuestionó que la decisión se hubiera tomado rechazado las apelaciones de la defensa con un recurso 280 en vez de que los jueces hicieran un fallo analizando las pruebas cuestionadas. Y hasta llamó a “meter mano en la justicia”.

Pero fue una voz amiga del oficialismo, como el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el que pidió públicamente el indulto de Boudou. “Sin el indulto van a seguir los presos políticos”, aseguró.

Precisamente, la posibilidad del indulto fue una de las principales preocupaciones que se le planteaban a Alberto Fernández cuando se convirtió en candidato presidencial a pedido de Cristina Kirchner. Y allí Fernández descartaba una y otra vez que fuera a indultar a la entonces ex presidenta, al insistir en que a él no le gustaba esa figura porque era una “rémora de las monarquías”. Volvió a hacerlo en abril pasado y ahora, después de las declaraciones de Zaffaroni, insistió con rechazar el indulto, pero poniendo en juego el rol del Congreso para las amnistías.

“Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”, afirmó Fernández esta mañana, en una entrevista en Radio con Vos.

Es que el sistema constitucional argentino otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal (en el artículo 86 de la Constitución Nacional) pero deja establecido el carácter individual de tal acto de gracia, cuando establece la necesidad del “previo informe del tribunal correspondiente”. No habla de condenas firmes.

En cambio, el Congreso se reserva la facultad de “conceder amnistías generales”. No para una persona en particular. La amnistía es esencialmente general, abarca a todos los supuestos comprometidos en una clase de delitos, y es resorte del Poder Legislativo, único poder que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos, de crear sanciones y de borrar sus efectos, según la jurisprudencia.

En tren de esa hipótesis ¿habría que pensar, entonces, en una amnistía por hechos de corrupción? Y de ser así, ¿sería eso pasible teniendo en cuenta que el propio Néstor Kirchner firmó en 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción?

“Por imperio del art. 36 de la Constitución y de las Convenciones de la ONU y OEA contra la corrupción ratificadas por el Estado argentino, los delitos de corrupción no pueden ser indultados, conmutada la pena o amnistiados”, recordó hoy el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los juristas convocados por Alberto Fernández para pensar reformas en la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.

Lo mismo había dicho el experto en julio pasado, cuando Infobae lo consultó junto la abogada María Angélica Gelli, quien en cambio opinó que el indulto sí podía alcanzar a los casos de corrupción. Fue cuando este medio publicó el 18 de julio los detalles de los planteos judiciales de Cristina Kirchner en Olivos y la solución política que descartó Alberto Fernández.

En esa nota, Infobae contaba que la vicepresidenta considera que sus procesamientos responden a una venganza cometida por Mauricio Macri y exige una respuesta inmediata del Gobierno para terminar sus causas en Comodoro Py. El mismo día, Infobae también reveló la jugada del oficialismo en el Consejo de la Magistratura que puso en revisión una decena de traslados, incluidos los de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -que habían confirmado los procesamientos de CFK en la causa de los cuadernos-.

Pero si de ex funcionarios procesados que podrían pensar en una amnistía se trata, la nómina es grande teniendo en cuanta todas las investigaciones que se activaron durante el macrismo. La lista arranca por la propia Cristina Kirchner, que enfrenta acusaciones por ser jefa de una asociación ilícita y enfrenta procesamientos por las obras públicas entregadas a Lázaro Báez en el sur (está en juicio oral), por presunto lavado de dinero a través de empresas Hotesur y Los Sauces; por los cuadernos de las coimas y sus derivadas, y también por causas más políticas como dólar futuro o el Pacto con Irán.

Cristina Kirchner no tiene ninguna condena en su contra, pero aún si así se decidiera en un juicio oral la decisión, no estaría firme hasta que no termine su última apelación. Es el caso de otros ex funcionarios, como puede ser Julio De Vido en la causa de Once (recientemente confirmada en Casación), o incluso de su ex secretario de Obras Públicas José López, sentenciado por enriquecimiento ilícito después de los bolsos millonario que llevó a un convento.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sí tiene condena firme por dádivas que él mismo admitió haber cobrado, pero apeló la sentencia en su contra por la tragedia de Once y enfrenta un juicio oral por enriquecimiento ilícito y sospechas de irregularidades en las compras de trenes a España y Portugal.

A la espera de juicio oral, en tanto, la lista de ex funcionarios se hace aún más larga. Desde el gobernador Axel Kicillof por el caso de dólar futuro hasta Aníbal Fernández, hoy responsable de Yacimiento Río Turbio, procesado por el “Plan Qunita”. Además, otros funcionarios con problemas judiciales son el hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini o el senador Oscar Parrilli, precisamente en la causa Memorándum junto a otros dirigentes como Luis D’Elía o el ex referente de Quebracho Fernando Esteche.

En esa lista también se incluye a la dirigente Milagro Sala, condenada y con arresto domiciliario con otras causas en trámite. “El gobierno de Alberto y Cristina cumplió un año y nosotros, los presos políticos, seguimos”, dijo la dirigente jujeña días atrás. En una clara alusión al presidente, agregó: “Algunos por ahí en algún momento quisieron dar la discusión de que estábamos con detenciones arbitrarias. Que le pongan el título que quieran, pero al fin estamos presos” y “hasta el día de hoy no tenemos ninguna clase de solución”.

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